Martha Leticia González Zamano

Expediente 1126/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1126/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Martha Leticia González Zamano

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se desprende que al rendir su informe justificado la autoridad responsable oficial mayor del Municipio de Celaya, Guanajuato, expuso que, dio respuesta a la solicitud ingresada el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, para lo cual emitió respectivamente los oficios números *** y ****, de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, que fueron notificados mediante instructivo en el misma fecha; al efecto, anexa las constancias relativas. En consecuencia, con tales manifestaciones y probanzas se advierte que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese tenor, el acto reclamado en esta instancia consiste precisamente en la omisión de emitir la respuesta a la solicitud que presentó la quejosa respecto a la petición de pensión por jubilación por años de servicio, por haberse desempeñado como asistente administrativa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la ciudad de Celaya desde el veinticuatro de febrero de dos mil tres, acto que reclama a la autoridad responsable, oficial Mayor del Municipio de Celaya, Guanajuato. Ahora, de las manifestaciones hechas valer por la autoridad responsable en su informe justificado, así como de las constancias que exhibió anexas a este, las cuales adquieren valor probatorio, con apoyo en los ordinales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó ante la responsable su solicitud de pensión por jubilación por años de servicio, por haberse desempeñado como asistente administrativa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la ciudad de Celaya desde el veinticuatro de febrero de dos mil tres. El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, el oficial Mayor de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, con sede en esta ciudad, emitió los oficios números ***, por los que dio respuesta a la solicitud. El diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, esos documentos fueron notificados y se dejaron fijados en la puerta, en el domicilio proporcionado por la parte interesada, en virtud de que nadie atendió el citatorio que se dejó un día anterior para tal efecto. Lo que pone de manifiesto que la responsable emitió su respuesta a la solicitud formulada por la quejosa y le fue notificado, con ello se restituyó su derecho de petición y cesaron los efectos de la omisión tildada de inconstitucional. En ese contexto, resulta oportuno puntualizar que el mencionado artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.--- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Dicho precepto constitucional, exige para la tutela debida del derecho de petición, tres requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: 1. Dictar el acuerdo correspondiente; 2. Que la autoridad provea respecto a todos los aspectos planteados en el escrito petitorio, es decir, que haya congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y 3. Que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Lo que patentiza que la responsable realizó los actos necesarios dentro de su competencia para resolver la solicitud presentada por la parte agraviada, colmándose con ello el requisito consistente en que la respuesta que recaiga a la petición del gobernado debe hacérsele de su conocimiento. En atención a lo expuesto con antelación y tomando en cuenta que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, se arriba a la conclusión de que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. Sobre el particular, resulta orientadora la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Así como, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA.- De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En el entendido de que en contra de la respuesta emitida por la autoridad responsable director de personal dependiente de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir optativamente, a través del recurso de inconformidad, o bien, el juicio de nulidad ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato, dado que por virtud de los mismos, el acto puede ser modificado, revocado o nulificado. Por lo expuesto y fundado, se sobresee fuera de audiencia en el juicio promovido por ***********. En razón de lo anterior, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de diciembre del año en curso. Háganse las anotaciones de rigor en el libro y sistema electrónico correspondientes.

  2. Principal

    Visto el informe justificado que rinde el oficial mayor del Municipio de Celaya, Guanajuato, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos con vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Se tiene por ofrecidas la documentales que allegó la autoridad oficiante, las que con fundamento en el artículo 119 se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza jurídica; lo que deberá relacionarse en la audiencia constitucional. Con dichas documentales se ordena dar vista de manera personal al quejoso por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Se tiene designando como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indican y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan. Para dar margen a que las partes se impongan del informe rendido por la citada responsable, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional programada para las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, fijándose como nuevo momento para su celebración las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de diciembre del año en curso. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis número 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98PL entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y a la anterior Primera Sala, ambas del más alto Tribunal del País, cuyo tenor literal es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN EN OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".Visto el informe justificado que rinde el oficial mayor del Municipio de Celaya, Guanajuato, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos con vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Se tiene por ofrecidas la documentales que allegó la autoridad oficiante, las que con fundamento en el artículo 119 se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza jurídica; lo que deberá relacionarse en la audiencia constitucional. Con dichas documentales se ordena dar vista de manera personal al quejoso por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Se tiene designando como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indican y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan. Para dar margen a que las partes se impongan del informe rendido por la citada responsable, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional programada para las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, fijándose como nuevo momento para su celebración las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de diciembre del año en curso. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis número 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98PL entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y a la anterior Primera Sala, ambas del más alto Tribunal del País, cuyo tenor literal es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN EN OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".

  3. Principal

    Recepción y admisión de la demanda. Vista la demanda de amparo signada por ***************** , en contra de actos del Oficial Mayor de la Presidencia Municipal de esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número ***. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda constitucional. Intervención de fiscal adscrito. Dese la intervención que corresponda al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe con justificación, con el que deberá remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomó en cuenta para emitir los actos que se le reclama, lo que deberá hacer dentro del término de quince días. Sin embargo, deberá tomar en consideración el artículo 17 constitucional, así como el diverso 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establecen: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.)" "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Causales de sobreseimiento. Asimismo, con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Pruebas. Con relación a las pruebas documentales que exhibe el promovente, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Incidente de suspensión. En el presente asunto no se tramitará el incidente de suspensión por no haber sido solicitado por la parte quejosa. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************** , toda vez que de la certificación que antecede se desprende que acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, al proporcionar los datos correspondientes que permiten verificar que cuenta con cédula profesional inscrita en el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con las facultades limitadas que establece dicho precepto a las diversas que menciona, toda vez que no se encuentran en ese supuesto. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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