Martha Leticia González Mora
Expediente 496/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/03/2023
Partes del expediente
- Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
- Martha Leticia González Mora
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
.... ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de establecer el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto DESTRUIBLE, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 14 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, último párrafo, del mencionado Acuerdo General; y de conformidad con la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que el expediente electrónico y físico coinciden íntegramente, para los efectos legales conducentes.
- Juicio de Amparo Directo
VISTA la Certificación y Cuenta que anteceden, de lo que se desprende que el miércoles cinco de enero de dos mil veintidós, encontrándose laborando el Secretario de Acuerdos en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, presentó accesos de tos, y al día siguiente, previo el análisis correspondiente, resultó positivo a COVID; y, con motivo de que el lugar en el que se desarrollan las actividades de la Secretaría de Acuerdos se encuentra en el centro del tribunal, encerrado, sin posibilidad alguna de ventilación ni de corrientes de aire, además de que es muy pequeño, de manera que las personas que laboran en ese lugar lo hacen juntos, estrechamente, tuvo por consecuencia que para el domingo nueve de enero siguiente ya se hubieran reportado con resultado POSITIVO tres oficiales judiciales C, que desempeñan sus labores en la propia Secretaría de Acuerdos, razón por la cual se les otorgaron licencias médicas por el lapso de quince días, autorizadas por la doctora Paulina Torres Arroyo, designada por el Consejo de la Judicatura Federal; que al oficial judicial A, encargado de las labores inherentes al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al Oficial encargado de la oficialía de partes, también les fue otorgada una licencia médica, con autorización de la misma doctora, por un período de siete días, a fin de tener certeza si adquirieron el referido virus, la cual puede ser ampliada por un período de quince días más, de resultar POSITIVOS en la prueba correspondiente; que diverso oficial C se encuentra enfermo, aunque no se tiene noticia que esté contagiado de COVID, lo que implica, hasta el momento, que el personal con el que se cuenta para realizar las labores de la Secretaría de acuerdos está totalmente mermado, pues, únicamente dos oficiales judiciales se encuentran en condiciones de seguir prestando sus servicios, lo que ha hecho imposible cumplir con las labores propias de la referida área, en los tiempos legales. Asimismo, que mediante oficio SECNO/STCCNO/30/2022, de trece de enero del año en curso, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que la Comisión Especial del propio Consejo determinó las medidas que deberán adoptarse con motivo de los contagios de la enfermedad Covid-19, en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a fin de salvaguardar la salud de los servidores públicos y evitar el surgimiento de una cadena de contagio mayor en el mencionado tribunal, las cuales serán por un periodo de diez días, esto es, del catorce al veintitrés de enero de dos mil veintidós. La Comisión mencionada determinó, entre otras cuestiones: - Durante el periodo señalado, no le será turnado ningún asunto nuevo ni comunicaciones oficiales al órgano jurisdiccional. - Para efectos de las promociones relativas a los asuntos en trámite, que se reciban en el periodo decretado, se aplicarán las disposiciones relativas a la reanudación de plazos y términos procesales previstas en el artículo 2, del Acuerdo General 21/2020, especialmente lo dispuesto en las fracciones III, IV, V, VI y VIII, que establecen la extensión de plazos para practicar notificaciones, efectuar emplazamientos de forma escalonada, elaboración de "engroses", integrar expedientes físicos y electrónicos, radicar expedientes y dictar ciertas resoluciones. - Asimismo, el órgano tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles para acordar las promociones que se reciban en el plazo señalado. En estas condiciones, notifíquese a las partes de lo anterior, a fin de que tengan conocimiento de la razón por la cual, hasta el día de hoy, se acuerda lo conducente en el presente asunto. Con base en la cuenta y certificación que anteceden, así como en lo que enseguida se funda y motiva, el Magistrado Presidente A C U E R D A: 1. Visto el oficio de cuenta del índice del Juzgado Noveno de Distrito, en Materias de Amparo y Juicios Federales, en el estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual se hace del conocimiento que el citado Juzgado asumió la competencia declinada por este Tribunal para conocer de la demanda de amparo promovida por Martha Leticia González Mora, en contra de la resolución administrativa emitida por el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del estado de México y Municipios. De lo que esta Presidencia toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. 2. Visto el escrito de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención ordenada el siete de enero de dos mil veintidós, por el juzgado aludido en el párrafo que antecede. 3. En consecuencia, previa copia certificada que se agregue al cuaderno de antecedentes en que se actúa, remítase el escrito de cuenta al Juzgado Noveno de Distrito, en Materias de Amparo y Juicios Federales, en el estado de México, con residencia en Toluca, para los efectos legales a que haya lugar.
- Juicio de Amparo Directo
A quince de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Daniel Méndez Palacios, secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, da cuenta a la magistrada presidenta el escrito signado por Martha Leticia González Mora, registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número de promoción 149621. Conste. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. Con base en la cuenta que antecede, así como en lo que enseguida se funda y motiva, la magistrada presidenta A C U E R D A: 1. Se tiene por recibido el escrito signado por Martha Leticia González Mora, por propio derecho, mediante el cual promueve demanda de amparo contra la resolución administrativa emitida por el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 2. Con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el diverso numeral 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y regístrese en el libro de gobierno como AMPARO DIRECTO 496/2021. Hágase del conocimiento de las partes que no se integrarán al expediente electrónico las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio tribunal que, evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados, que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano colegiado deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las que se conservarán en este tribunal sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte respectiva; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar; asimismo, con fundamento en el artículo 6º de los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, a prudente arbitrio de esta presidencia, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstas en el expediente impreso, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Se instruye a la y los actuarios adscritos a este órgano colegiado a dar fe de que las promociones, documentos, autos y resoluciones coincidan en su totalidad en el expediente impreso y en el electrónico, de conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo general 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 3. Este tribunal colegiado CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo, en atención a las siguientes consideraciones: Conforme a los criterios jurisprudenciales que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presupuestos procesales que deben verificarse al recibir la demanda de amparo directo son los siguientes: a) procedencia de la vía, b) competencia, en cuanto que son competentes para conocer los tribunales colegiados de circuito; y, c) procedencia, en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben hacerse valer los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J.6/2015 (10a), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo I, p. 95, cuyos rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Por su parte, el artículo 170, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". Por tanto, debe decirse que el juicio de amparo directo procede, de manera específica, en dos supuestos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y, b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Establecido lo anterior, conviene indicar que una sentencia definitiva es aquella que decide el juicio en lo principal, mientras que una resolución que pone fin al juicio es aquella que, sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido; en ambos supuestos, respecto de las cuales, las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; esto es, el juicio de amparo directo competencia de un tribunal colegiado de circuito, únicamente, procede contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, emitidas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Para mejor comprensión de lo que se afirma, es menester destacar que de la demanda de amparo recibida, se advierte que la parte quejosa, Martha Leticia González Mora, por propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la contra la resolución administrativa emitida por el DANIEL MÉNDEZ PALACIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.10.6b 24/08/23 13:06:37 Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Sin embargo, dicha resolución fue emitida en un procedimiento administrativo y no en un juicio seguido ante tribunales judiciales o administrativos, aunado a que fue pronunciada por una autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones. En este orden de ideas, si la determinación reclamada no es una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio, emitida por tribunales judiciales o administrativos, no procede la vía del juicio de amparo directo, sino, en su caso, el indirecto o biinstancial, pues, se insiste, se trata de una resolución dictada por una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; por consiguiente, es inconcuso que este tribunal colegiado carece de competencia legal para conocer del presente asunto, puesto que el acto reclamado no se ubica en las hipótesis a que refiere el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. 4. En esas condiciones, este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Martha Leticia González Mora, contra la resolución administrativa emitida por el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, dado que no satisface las características para que pueda ser cuestionada mediante juicio de amparo directo y, por ende, la competencia para su conocimiento corresponde a un juzgado de distrito en la vía indirecta. Apoya a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la tesis aislada, sustentada por este tribunal colegiado, visible en libro 11, octubre de 2014, tomo III, página 2865, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL LAUDO EMITIDO EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL INSTAURADO CON MOTIVO DE UN HECHO DE TRÁNSITO VEHICULAR, POR LO CUAL PUEDE ACUDIRSE DIRECTAMENTE AL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 94/2006). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 94/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2006, página 347, de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO RELATIVO CONTRA EL LAUDO DICTADO POR EL SÍNDICO MUNICIPAL EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL ESTABLECIDO EN LA LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DEL ESTADO DE MÉXICO.", concluyó que el juicio contencioso administrativo local es improcedente cuando se promueve contra un laudo arbitral, pues con independencia de que haya sido dictado por una autoridad administrativa y con base en una ley de esa misma naturaleza, es una resolución que tiene la calidad de cosa juzgada que no puede modificarse o revocarse ante la potestad ordinaria o común, como lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, por la vía del juicio contencioso administrativo, ya que no reviste los matices de una resolución administrativa, sino los de una sentencia de índole jurisdiccional, inmutable e irrevocable. Por tanto, si al laudo emitido en el procedimiento arbitral previsto en el artículo 150, fracción II, inciso h), de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que regula el procedimiento instaurado con motivo de un hecho de tránsito vehicular, también se le atribuye la calidad de cosa juzgada, pues no puede modificarse o revocarse ante la potestad ordinaria o común, porque se equipara a DANIEL MÉNDEZ PALACIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.10.6b 24/08/23 13:06:37 una sentencia de índole jurisdiccional, inmutable e irrevocable, y no es susceptible de controvertirse mediante el juicio contencioso administrativo o el recurso de inconformidad previsto en el Código de Procedimientos Administrativos de la entidad, en su contra puede acudirse al amparo indirecto pues, se reitera, es una resolución definitiva, emitida por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en un procedimiento seguido en forma de juicio". Lo anterior, por supuesto, en el entendido de que el titular o la titular del juzgado de distrito a quien corresponda conocer de la presente demanda de amparo conserva plenas facultades para pronunciarse respecto de su admisión, prevención o desechamiento, en términos de los artículos que regulan la procedencia del juicio de amparo indirecto. 5. En consecuencia, al no actualizarse la competencia de este tribunal colegiado y dada la naturaleza del acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, de la Ley de Amparo, remítanse las constancias que integran el presente asunto al titular o la titular del juzgado distrito en materias de amparo y de juicios federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común, en razón que la autoridad emisora del acto tiene su residencia en Toluca, Estado de México. Solicitando al juzgado que conozca del asunto, que a la brevedad envíe por interconexión el acuse respectivo. 6. Dése la intervención que corresponda a la fiscalía federal adscrita a este tribunal. 7. Tomando en consideración que la parte recurrente no señaló domicilio, para oír y recibir notificaciones en su escrito de agravios; en consecuencia, con fundamento en los artículos 305 y 306, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, realícense las notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista, hasta que señale domicilio dentro de la residencia de este órgano colegiado, esto es, en la cuidad de Naucalpan de Juárez, Estado de México. 8. Por sus autorizados, únicamente, para oír y recibir notificaciones, a las personas que menciona en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. 9. No ha lugar a tener el correo electrónico que proporciona la parte quejosa, como medio alternativo para recibir notificaciones, porque con fundamento en el artículo 67 del citado Acuerdo general 12/2020, en situaciones de urgencia o emergencia a juicio de las o los titulares, o decretadas por el Consejo de la Judicatura Federal, únicamente se permite el envío de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables o terceras interesadas que no estén interconectadas, mediante oficio digitalizado con FIREL, por lo que deberá estar a lo dispuesto en el mencionado acuerdo general. 10. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". 11. Con fundamento en lo dispuesto en artículo 22 del Acuerdo general 21/2020, se requiere a las partes para que proporcionen número telefónico y correo electrónico, para establecer contacto respectivo, en caso de que este tribunal estime necesario localizarlas por medio de algunos de los citados medios de comunicación. 12. ACUSES DE RECIBO. Se instruye a la secretaría de acuerdos para que, hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, las constancias de notificación y los acuses de recibo de autos, testimonios y demás anexos recibidos por los juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito, así como de autoridades responsables y terceras interesadas, se agreguen a los autos del expediente en que se actúa, para que obren como corresponda, sin dar cuenta a la suscrita magistrada presidenta para el dictado de una resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5° y 6°, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el uno de octubre de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, ya que no se consideran actuaciones indispensables, pues, la resolución que se llegue a dictar con motivo de los acuses recibidos, sólo tendrá como efecto ordenar su integración a los autos referencia, excepción hecha de los casos en los que se adjunte algún documento original o copia certificada respecto de los que se deba proveer, así como aquellas comunicaciones oficiales relacionadas con el cumplimiento a una ejecutoria de amparo, dictada en un juicio uniinstancial; sin embargo, los acuses recibidos se deberán registrar en el libro de registro de ingresos de oficios varios, a fin de que el número de promoción con los que se registre, sirva para su vinculación en el expediente electrónico. 13. Fórmese el cuadernillo relativo al expediente en que se actúa con las constancias originales generadas después del presente proveído, pues de conformidad al Acuerdo general conjunto 12/2020 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, es obligación de este órgano colegiado hacer que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, como se ordena en el presente proveído; en consecuencia, resulta innecesario contar con copia de los antecedentes del expediente en que se actúa, dado que se cuenta con la versión electrónica de éste, de lo que se sigue que si las partes desean consultar los autos originales del presente asunto deberán trasladarse al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, que por razón de turno conocerá del asunto; y, en caso, de optar por la consulta de la versión electrónica deberán realizarla cumpliendo con lo previsto en el acuerdo general citado, con lo cual se garantiza el derecho fundamental de acceso a la justicia. 14. Hágase saber a las partes el derecho que les asiste de oponerse a la publicación de sus datos personales. Notifíquese por lista electrónica, debiéndose transcribir íntegramente el presente proveído; y, por oficio a la por conducto de su oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en materias de amparo y de juicios federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. Cúmplase. Así lo proveyó y firma la magistrada Julia María del Carmen García González, presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante Daniel Méndez Palacios, secretario de acuerdos, que da fe.
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