Martha Leticia del Sagrado Corazon Mora Gutierrez

Expediente 4327/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
4327/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Martha Leticia del Sagrado Corazon Mora Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, siendo las once horas con siete minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se encuentra en audiencia pública Jorge Luis Barrera Martínez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, al tenor del oficio CCJ/ST/3960/2021, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, signado criptográficamente por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario Josué Rafael Espinosa Lee, Secretario que da fe, procede a celebrar la audiencia relativa al incidente de suspensión, emanado del juicio de amparo 357/2020, promovido por Elsa Lilia Lucia Tapia representante legal de Inteleservis del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Fundamento: Artículo 144 de la Ley de Amparo. Inicio de audiencia. El Secretario en funciones de Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes; asimismo, se hace constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el módulo "Agenda visita a OJ", "Reporte de Agenda" opción "Consulta General" no se desprende que alguna de las partes haya solicitado cita para comparecer a esta audiencia y, hecho lo anterior, el Secretario hace una relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: Copia del escrito de demanda y anexos. Copia autorizada del proveído dictado en el cuaderno principal por el que este juzgado se avocó al conocimiento del juicio de amparo del cual deriva el presente incidente. Proveído en el cual se decretó la suspensión provisional de los actos reclamados. Proveído en el cual este órgano jurisdiccional difirió y fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental. Constancias de notificación a las autoridades responsables del acuerdo mencionado en el párrafo que antecede. Informe previo rendido por la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Descarga de la dirección http://sise.cjf.gob//sise/ExpedienteElectronico/PanelCentral.aspx, relativa al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Certificaciones de cuenta. El Secretario hace constar que las anteriores actuaciones, representan la totalidad de las constancias que obran en este cuaderno incidental. Asimismo, el Secretario da cuenta al Secretario en funciones de Juez, con los oficios registrados con los números 5275229 y 5250952 con copia autorizada del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal, por medio de los cuales las autoridades responsables Presidente de la República y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, rinden su respectivo informe previo. El Secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos que en su integridad serán tomados en consideración al resolver sobre la suspensión solicitada. En este orden, ténganse por recibidos la copia autorizada del proveído de esta misma fecha, dictado en el cuaderno principal, así como, los oficios signados por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante los cuales rinden su informe previo, dese vista a las partes con estos. Relaciónense en la audiencia incidental. Ahora bien, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican y acreditados como delegados de su parte, a las personas que mencionan. Fundamento: Artículos 9 y 140 de la Ley de Amparo. De igual forma, por invocadas las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por dicha autoridad, las cuales serán objeto de pronunciamiento al emitirse la resolución correspondiente. Fundamento: Artículos 61, 64 y 124 de la ley de la materia. Sin que la anterior circunstancia conlleve a decretar el diferimiento de la presente audiencia incidental, en atención al principio de celeridad que lo rige. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en la página veintidós, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO." Abierto el periodo probatorio. El Secretario hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda, así como la Instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. Por otro lado certifica que las demás partes no ofrecieron prueba alguna en el presente incidente. El Secretario en funciones de Juez acuerda. Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de la quejosa y por precluído el derecho de las demás partes para ofrecerlas, con lo que se da por concluido el presente período. Fundamento: Artículos 143, segundo párrafo y 146, fracción II de la Ley de Amparo. Abierto el periodo de alegatos. El Secretario hace constar: que las partes no hicieron uso de ese derecho y que el Agente del Ministerio Público de la Federación, no formuló su intervención ministerial. El Secretario en funciones de Juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para hacerlo, con lo que se da por concluida esta etapa. Fundamento: Artículo 144 de la Ley de Amparo. Cierre de Audiencia. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta y se procede a dictar la resolución correspondiente; y. Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 357/2020 promovido por Elsa Lilia Lucia Tapia representante legal de Inteleservis del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. La parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se mencionan en la demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren. SEGUNDO. Este Juzgado tramitó por duplicado el incidente de suspensión, solicitó a las autoridades responsables su informe previo; negó la suspensión provisional de los actos reclamados y finalmente fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental la cual se difirió, señalándose nueva fecha y hora para su celebración, misma que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa solicitó la medida cautelar en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Lo anterior encuentra fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo; así como, el Acuerdo 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Acto reclamado y medida suspensional solicitada. Los actos reclamados por la parte quejosa son: "Los artículos 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 5 de la Ley de Seguridad Nacional; 167, 187, 192 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 11 Bis del Código Penal y 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, reformados en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de noviembre dos mil diecinueve." 2.1. Efectos: La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para los efectos siguientes: Para el efecto de que no se aplique a su representada la reforma Penal Fiscal 2020, hasta en tanto se resuelva en definitiva del juicio de amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión y Presidente de la República, ya que al rendir su informe previo, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyeron en el ámbito de sus atribuciones legislativas o reglamentarias, Máxime a ello, tales actos se acreditan con los propios ordenamientos normativos y con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, registro 191452, de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." CUARTO. Análisis de la solicitud de Suspensión. La quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado para los efectos antes descritos. 4.1. Negativa de la suspensión definitiva. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada a la parte quejosa respecto de los efectos para los cuales se solicita la medida, atento a las siguientes consideraciones: El citado artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." De la anterior trascripción se desprende que para conceder la suspensión a petición de parte, deben satisfacerse previamente ciertos requisitos como son: La solicitud formulada por el quejoso en ese sentido. Que los actos no contravengan disposiciones de orden público ni afecten el interés social. Así, se tiene que el primero de los requisitos se encuentra satisfecho, pues la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión del acto reclamado, destacándose que su interés suspensional para efectos de la medida cautelar que nos ocupa se acredita con la constancia de situación fiscal la cual anexó a su demanda de amparo. Por lo que hace a la existencia de la ejecución de los actos que reclama, se tiene por cierta para efectos de la suspensión definitiva con base en lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la promovente. Ahora, respecto a la no contravención a disposiciones de orden púbico e interés social, debe de tenerse en cuenta que del contenido de las disposiciones legales reclamadas se advierte que establecen en términos generales los supuestos de actualización del delito de defraudación fiscal por equiparación y las consecuencias procesales derivadas de éste (órgano encargado de querellarse, hipótesis de procedencia, casos en los que procede la prisión oficiosa y aquellos en los que serán aplicables los criterios de oportunidad y los acuerdos reparatorios). Por tanto, si la quejosa solicita que no se les aplique la Reforma Penal Fiscal dos mil veinte, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia; tomando en consideración su naturaleza preventiva, no es dable otorgar la medida suspensional, toda vez que de concederse la misma, se permitiría la consumación de delitos y sus efectos, lo que, irrefutablemente, traería consigo un perjuicio al interés social, y se contravendrían disposiciones de orden público. Ello es así, dado que el artículo 128 fracción II en relación con el 129, fracción III de la Ley de Amparo, de manera conjunta señalan que se considerará, entre otros casos, que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En ese sentido, al ser las disposiciones reclamadas un medio para dotar de un mayor control en el ejercicio de la potestad revisora de la autoridad hacendaria, para que puedan actuar oportunamente ante la comisión de posibles prácticas delictivas, a lo que se suma que parte de las normas en litigio establecen la configuración de un delito, es inconcuso que de concederse la medida cautelar solicitada contra su aplicación, se permitiría la consumación de éstos y limitaría la facultad fiscalizadora de la autoridad exactora de querellarse ante la eventual actualización del ilícito, y, de la Fiscalía y los juzgadores de determinar su procedencia y actualización; por lo que se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados. No es óbice que el artículo 148 de la Ley de Amparo establezca que cuando se reclama una norma general autoaplicativa sin señalar un acto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Sin embargo, ello no significa que reclamada la norma indefectiblemente proceda la suspensión, sino que el examen de esa norma debe realizarse de manera sistemática del resto de normas que regulan la suspensión y en ese sentido, en el caso, de conceder la medida además de que se analizarían cuestiones de fondo, pues someramente no es posible determinar su inconstitucionalidad, sino que el examen sugerido comprende aspectos de fondo, se afectaría el orden público y el interés social. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Séptima Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394478, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Máxime que, de concederse la medida cautelar solicitada en contra de la aplicación de las normas cuya constitucionalidad se controvierte, se permitiría la consumación de un ilícito. Resulta aplicable por su contenido jurídico la jurisprudencia con número de tesis VIII.1o. J/21, visible en la página 1967, tomo XX, septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con número de registro 180449, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES IMPROCEDENTE CUANDO DE CONCEDERSE SE CONSUME EL DELITO PREVISTO EN LA NORMA RECLAMADA (ARTÍCULO 115-BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 115-Bis del Código Fiscal de la Federación, adicionado por decreto de 28 de diciembre de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 5 de enero de 2004, establece, entre otros supuestos, que se impondrá sanción de seis a diez años de prisión, al comercializador o transportista de gasolina o diesel que tengan en su poder dichos combustibles cuando éstos no contengan los trazadores o las demás especificaciones que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios utilicen para la identificación de los productos mencionados. Por su parte, el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo señala que se considerará, entre otros casos, que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; luego, al adminicular dicha premisa con el imperativo consignado en el artículo 115-Bis reclamado, permite arribar a la conclusión de que si la norma cuestionada establece la configuración de un delito, es inconcuso que de concederse la medida suspensional solicitada contra su aplicación, se permitiría la consumación de un ilícito, pues bajo los efectos de esa medida cautelar la quejosa se abstendría de utilizar los trazadores o de observar las demás especificaciones que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios utilizan para la identificación del combustible gasolina o diesel; aunado a que esa omisión es sancionada penalmente al ser estimada como una conducta delictiva y, por ende, se contravendrían disposiciones de orden público, por ello resulta improcedente conceder la suspensión definitiva." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 84/2019 (10a.), con número de registro 2021264, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL FISCAL SE ABSTENGA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE CELEBRE LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la posibilidad de que se conceda la suspensión del acto reclamado para mantener viva la materia del amparo, evitando al quejoso los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle durante la sustanciación del juicio. En ese sentido, el artículo 150 de la Ley de Amparo establece que la suspensión deberá concederse de tal forma que no impida la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado hasta dictarse resolución firme en él; sin embargo, como excepción a dicha regla, para determinar si la suspensión puede tener como efecto paralizar el procedimiento, debe analizarse si el daño que pueda causar la violación al quejoso es irreparable. Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos u omisiones del fiscal en la investigación inicial que atenten contra el derecho de defensa del investigado y éste solicite la suspensión provisional, no procede conceder dicha medida cautelar, toda vez que su concesión obstaculizaría la continuación del proceso penal sin estar justificado el daño irreparable al quejoso, aunado a que no se ocasiona un perjuicio irreparable a sus derechos fundamentales, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 218 y 219 garantiza el derecho de defensa, pues permite varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación, particularmente cuando, convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la debida oportunidad para preparar su defensa. Máxime que, en la etapa de investigación inicial del proceso penal, en la que se desarrollan tales actos, el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que, con la judicialización de la carpeta, transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez sea quien tutele, entre otros, el referido derecho fundamental. Además, una eventual paralización del inicio del proceso penal puede incidir negativamente en el derecho de reparación de las víctimas de delito, debido a que esa medida evita que continúe el proceso y retarda la posibilidad de que les sea reparado el daño ocasionado y que conozcan la verdad de lo sucedido desde la perspectiva de una "reparación integral". Así como la jurisprudencia PC.I.P. J/51 P (10a.), con número de registro 2019329, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO JUDICIALICE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. De la interpretación sistemática de los artículos 20, apartado B, fracciones III y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracción VIII, 216, 218, párrafos primero y tercero, 219, 307, primer párrafo, 310, 311, 314, 315, 333 y 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que en el sistema procesal penal acusatorio, el imputado puede tener acceso a los registros de la carpeta de investigación y ejercer sus derechos constitucionales ante el Ministerio Público o ante el Juez de Control, en los momentos siguientes: 1) cuando se encuentre detenido; 2) cuando se reciba su declaración o sea sujeto de un acto de molestia y se solicite su entrevista; y 3) antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En ese contexto, es improcedente conceder la suspensión para el efecto de que el Ministerio Público no judicialice la carpeta de investigación, pues de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público, ya que ello implicaría paralizar el nuevo procedimiento penal acusatorio en su primera etapa, evitando transitar de la investigación inicial a la complementaria; también se afectaría el interés social, toda vez que la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar los delitos no puede paralizarse, y que la sociedad está interesada en que dicha facultad se ejerza plenamente y sin demoras; y, se perturbarían eventualmente los derechos fundamentales de las víctimas, en tanto no podrían obtener la reparación del daño causado por el delito, impidiéndoles acceder a una justicia pronta; además, la continuación del procedimiento no ocasiona perjuicios irreparables al derecho de defensa del imputado, en virtud de que puede ejercer plenamente su derecho ante el Juez de Control, propiamente en la investigación complementaria." No pasa inadvertido, que si bien es cierto que la suspensión definitiva de los actos reclamados, participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la aludida apariencia del buen derecho y el peligro de la demora, también lo es que el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 128, análisis que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Sin embargo, en la especie, más que un asomo a la posible inconstitucionalidad del acto reclamado se realizaría una labor interpretativa y de estudio profundo de los actos reclamados, lo cual, implicaría no sólo un asomo a la inconstitucionalidad planteada, sino un verdadero análisis al fondo de la cuestión debatida. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/347, con número de registro 209401, de dice: "SUSPENSIÓN, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO. Al resolver sobre ella no pueden estudiarse cuestiones que se refieran al fondo del amparo." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Único. Se niega a Inteleservis del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, la suspensión definitiva, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. Notifíquese.

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