Martha Leticia Bautista Pulido

Expediente 227/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
227/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
30/05/2018

Partes del expediente

  • Martha Leticia Bautista Pulido

Actuaciones

  1. Principal

    La suscrita Nubia Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, CERTIFICA: que el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de quince de mayo de dos mil dieciocho (fojas 10 a 14), en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del veintitrés al veintinueve de mayo del año en curso, pues el mismo se le notificó el pasado veintiuno de mayo (fojas 15 a 17), descontando los días inhábiles, sin que lo haya hecho. Asimismo, se hace constar que el presente expediente: Se encuentra debidamente foliado, sellado y rubricado. No obran documentos originales pendientes por devolver. Tampoco existe recurso de queja interpuesto por la parte quejosa pendiente de resolver. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Uruapan, Michoacán, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Juez con el estado de autos y la certificación que antecede, dentro del juicio de amparo 227/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de quince de mayo de dos mil dieciocho (fojas 10 a 14), en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del veintitrés al veintinueve de mayo del año en curso, pues el mismo se le notificó el pasado veintiuno de mayo (fojas 15 a 17), descontando los días inhábiles, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo segundo, fracción XVI, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no existen documentos originales exhibidos y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de destrucción, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    ... En la misma fecha, la secretaria da cuenta al secretario encargado del despacho, con un escrito registrado bajo el número 9212. Conste.Uruapan, Michoacán, quince de mayo de dos mil dieciocho. Visto la demanda promovida por MARTHA LETICIA BAUTISTA PULIDO, regístrese bajo el número 227/2018. IMPROCEDENCIA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, la parte quejosa reclama la notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil 595/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán. Supuesto en el que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que, previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar el acto reclamado mediante el incidente de nulidad de notificaciones. En ese orden de ideas, conviene destacar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causa de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta, en la especie, alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto, como son: Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Que el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en un proceso penal, o, Que sea persona extraña al procedimiento. Y que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente, porque de lo contrario el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo... En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación de los peticionarios de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Al respecto, resulta pertinente mencionar lo que establecen los artículos 94, 96 y 98 del Código de Procedimientos Civiles del Estado: "Artículo 94. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en el juicio sabedora de la providencia, por haber hecho alguna promoción o recibido alguna notificación posterior, la notificación indebida surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha, sin que por eso quede relevado el que la hizo, de la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior. Artículo 96. La nulidad de una actuación debe reclamarse dentro del término comprendido entre la fecha de la actuación misma y los tres días siguientes a aquel en que sea notificada legalmente la resolución subsecuente; pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 98. La nulidad de actuaciones y notificaciones se substanciará en la forma y términos que determine este Código para los incidentes". De los normativos citados se advierte que las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en el capítulo relativo a las notificaciones, serán nulas; además, que tal nulidad debe reclamarse dentro del término comprendido entre la fecha de la actuación misma, y los tres días siguientes a aquel en que sea notificada legalmente la resolución subsecuente, pues de lo contrario queda revalidada; asimismo, que la nulidad debe substanciarse en la forma y términos señalados para los incidentes. En consecuencia, contra la actuación combatida en esta instancia, la parte quejosa debió promover en términos de los preceptos citados, el incidente de nulidad de notificaciones, a efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán, determine si la notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 595/2017, se realizó conforme a los requisitos de ley o no. Lo anterior, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario... En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XVIII y XXIII, este último en relación con el numeral 107 fracción IV (aplicado en sentido contrario) de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda y por autorizada con la facultad amplia que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Liliana Hernández Escalera, virtud a que de la certificación que antecede se advierte que tiene registrada cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con el artículo 1 en relación con el diverso 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor el diez de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del Poder Judicial, a que se refiere la citada ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Ahora bien, como el artículo 113 fracción I, de la referida ley, clasifica como confidencial toda aquella información que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, en esas condiciones, dicha información no podrá ser pública. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente incidente de suspensión, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal a la Secretaria adscrita a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y solo por conducto de las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo provee y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia de carácter académica concedida al Titular, por la Comisión de Carrera Judicial, notificada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017 suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; con la Secretaria, Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    R. En la misma fecha, la secretaria da cuenta al secretario encargado del despacho, con un escrito registrado bajo el número 9212. Conste.Uruapan, Michoacán, quince de mayo de dos mil dieciocho. Visto la demanda promovida por MARTHA LETICIA BAUTISTA PULIDO, regístrese bajo el número 227/2018. IMPROCEDENCIA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, la parte quejosa reclama la notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil 595/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán. Supuesto en el que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que, previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar el acto reclamado mediante el incidente de nulidad de notificaciones. En ese orden de ideas, conviene destacar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causa de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta, en la especie, alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto, como son: Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Que el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en un proceso penal, o, Que sea persona extraña al procedimiento. Y que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente, porque de lo contrario el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo... En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación de los peticionarios de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Al respecto, resulta pertinente mencionar lo que establecen los artículos 94, 96 y 98 del Código de Procedimientos Civiles del Estado: "Artículo 94. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en el juicio sabedora de la providencia, por haber hecho alguna promoción o recibido alguna notificación posterior, la notificación indebida surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha, sin que por eso quede relevado el que la hizo, de la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior. Artículo 96. La nulidad de una actuación debe reclamarse dentro del término comprendido entre la fecha de la actuación misma y los tres días siguientes a aquel en que sea notificada legalmente la resolución subsecuente; pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 98. La nulidad de actuaciones y notificaciones se substanciará en la forma y términos que determine este Código para los incidentes". De los normativos citados se advierte que las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en el capítulo relativo a las notificaciones, serán nulas; además, que tal nulidad debe reclamarse dentro del término comprendido entre la fecha de la actuación misma, y los tres días siguientes a aquel en que sea notificada legalmente la resolución subsecuente, pues de lo contrario queda revalidada; asimismo, que la nulidad debe substanciarse en la forma y términos señalados para los incidentes. En consecuencia, contra la actuación combatida en esta instancia, la parte quejosa debió promover en términos de los preceptos citados, el incidente de nulidad de notificaciones, a efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán, determine si la notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 595/2017, se realizó conforme a los requisitos de ley o no. Lo anterior, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario... En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XVIII y XXIII, este último en relación con el numeral 107 fracción IV (aplicado en sentido contrario) de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda y por autorizada con la facultad amplia que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Liliana Hernández Escalera, virtud a que de la certificación que antecede se advierte que tiene registrada cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con el artículo 1 en relación con el diverso 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor el diez de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del Poder Judicial, a que se refiere la citada ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Ahora bien, como el artículo 113 fracción I, de la referida ley, clasifica como confidencial toda aquella información que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, en esas condiciones, dicha información no podrá ser pública. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente incidente de suspensión, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal a la Secretaria adscrita a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y solo por conducto de las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

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