Martha León Nava

Expediente 854/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
854/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • Martha León Nava
  • Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Central del Distrito Judicial de los Bravo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 188-191), mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, ha causado estado. Por ello, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Visto el oficio y anexo de cuenta, téngase al Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Sector Central, del Distrito Judicial de los Bravo, Adscrito a la Unidad de Investigación Número Uno, dependiente de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, desahogando el requerimiento de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 53), y al efecto remite las constancias relativas a la carpeta de investigación 12020090100668041016 que le fueron solicitadas, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de las que se advierte que respecto del acto reclamado en esta vía constitucional, se actualiza el principio de definitividad, por lo que, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, el que esto resuelve procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde. Sobre el tema, los artículos 107, fracción IV de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". Dichos artículos prevén el principio de definitividad, conforme al cual, el juicio de amparo es improcedente, cuando la ley ordinaria conceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ahora bien, el artículo 20 Constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado "C" se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, como se advierte de las fracciones II y VII, que a la letra dicen: "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento del a acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.". Por su parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De igual forma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)". De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrá impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige en el Estado de Guerrero, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo. En el caso, la quejosa Martha León Nava reclama la omisión de dar contestación al escrito que le presentó a la autoridad responsable el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho en autos de la carpeta de investigación 12020090100668041016. Entonces, de las disposiciones contenidas en el artículo 20 Constitucional, apartado "C", fracción VII, y los diversos 109 fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se observa que el acto combatido por esta vía, debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que existe un medio ordinario ante el Juez de Control para impugnar las omisiones durante la investigación que realice el Ministerio Público; lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar la omisión que aduce el quejoso, por lo que, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo. Si bien las omisiones y dilaciones que alega, constituyen una afectación al artículo 17 Constitucional, éstas no pueden ser analizadas desde luego a través del juicio de amparo, pues, como ya se dijo, la propia Constitución en su artículo 20, apartado C, fracción VII, establece el medio de impugnación idóneo para reparar tal omisión que deberá de ser analizado por un Juez de Control de acuerdo a lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Además, debe destacarse que de no considerarlo así, se impondría a la víctima u ofendido un mayor gravamen y dilación; porque en la forma propuesta, luego de una audiencia, el juez de control resolvería lo conducente atendiendo a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial que por su naturaleza no puede cumplir con los principios establecidos, ya que no se prevé una audiencia en la que se encuentren presentes todas las partes y se emitan de manera oral los conceptos de violación, lo que sí podría efectuarse ante el Juez de Control. Al respecto, resulta aplicable la tesis XVIII.1o.P.A.2 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito que dice: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." Asimismo, se considera que no se está en el supuesto de una violación directa a la Constitución, que pudiera actualizar una excepción al principio de definitividad, en virtud que el quejoso reclamó de manera genérica la omisión de dar seguimiento a la carpeta de investigación, no alega una falta de fundamentación en el caso concreto y existe un recurso o medio de defensa en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde sí reglamentó lo relativo a la impugnación de las omisiones en que incurra el agente en la fase de investigación, mismas que son atribuibles a una autoridad administrativa. Por ello, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del quince de octubre de dos mil dieciocho (foja 24). Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Ignacio Eduardo Paredes Zárate, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa el auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho que a su letra dice. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Visto el oficio y anexo de cuenta, téngase al Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Sector Central, del Distrito Judicial de los Bravo, Adscrito a la Unidad de Investigación Número Uno, dependiente de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, desahogando el requerimiento de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 53), y al efecto remite las constancias relativas a la carpeta de investigación 12020090100668041016 que le fueron solicitadas, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de las que se advierte que respecto del acto reclamado en esta vía constitucional, se actualiza el principio de definitividad, por lo que, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, el que esto resuelve procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde. Sobre el tema, los artículos 107, fracción IV de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". Dichos artículos prevén el principio de definitividad, conforme al cual, el juicio de amparo es improcedente, cuando la ley ordinaria conceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ahora bien, el artículo 20 Constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado "C" se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, como se advierte de las fracciones II y VII, que a la letra dicen: "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento del a acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.". Por su parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De igual forma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)". De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrá impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige en el Estado de Guerrero, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo. En el caso, la quejosa Martha León Nava reclama la omisión de dar contestación al escrito que le presentó a la autoridad responsable el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho en autos de la carpeta de investigación 12020090100668041016. Entonces, de las disposiciones contenidas en el artículo 20 Constitucional, apartado "C", fracción VII, y los diversos 109 fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se observa que el acto combatido por esta vía, debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que existe un medio ordinario ante el Juez de Control para impugnar las omisiones durante la investigación que realice el Ministerio Público; lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar la omisión que aduce el quejoso, por lo que, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo. Si bien las omisiones y dilaciones que alega, constituyen una afectación al artículo 17 Constitucional, éstas no pueden ser analizadas desde luego a través del juicio de amparo, pues, como ya se dijo, la propia Constitución en su artículo 20, apartado C, fracción VII, establece el medio de impugnación idóneo para reparar tal omisión que deberá de ser analizado por un Juez de Control de acuerdo a lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Además, debe destacarse que de no considerarlo así, se impondría a la víctima u ofendido un mayor gravamen y dilación; porque en la forma propuesta, luego de una audiencia, el juez de control resolvería lo conducente atendiendo a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial que por su naturaleza no puede cumplir con los principios establecidos, ya que no se prevé una audiencia en la que se encuentren presentes todas las partes y se emitan de manera oral los conceptos de violación, lo que sí podría efectuarse ante el Juez de Control. Al respecto, resulta aplicable la tesis XVIII.1o.P.A.2 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito que dice: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." Asimismo, se considera que no se está en el supuesto de una violación directa a la Constitución, que pudiera actualizar una excepción al principio de definitividad, en virtud que el quejoso reclamó de manera genérica la omisión de dar seguimiento a la carpeta de investigación, no alega una falta de fundamentación en el caso concreto y existe un recurso o medio de defensa en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde sí reglamentó lo relativo a la impugnación de las omisiones en que incurra el agente en la fase de investigación, mismas que son atribuibles a una autoridad administrativa. Por ello, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del quince de octubre de dos mil dieciocho (foja 24). Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, firmado por Noé Jiménez Reyes, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista dada mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (foja 39), con el informe justificado rendido por el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común, Sector Central, del Distrito Judicial de los Bravo y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación número Uno, con sede en esta ciudad; con fundamento en el precepto legal 124 de la Ley de la Materia, téngase por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de ser relacionadas en la etapa procesal oportuna y ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. En esa tesitura, y atendiendo a lo que solicita el promovente de cuenta, en el sentido de requerir a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación número Uno, con sede en esta ciudad, diversas constancias de la carpeta de investigación 12020090100668041016, con fundamento en el arábigo 75, párrafo tercero, de la Ley de la materia, REQUIÉRASE a dicha potestad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita de forma completa, ordenada y cronológica la totalidad de constancias que integran la carpeta de investigación 12020090100668041016, con la precisión que en caso de considerarlo oportuno puede remitir los autos originales, a fin de evitar mayores dilaciones. Apercíbase a Fidel Martínez Cervantes, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación número Uno,, residente en esta ciudad, que en caso de no hacerlo así en lapo indicado, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), con apoyo en lo que disponen los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe. Doy fe.

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