Martha Laura Torres Ávila

Expediente 131/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
131/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
29/06/2016

Partes del expediente

  • Martha Laura Torres Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. En el presente asunto no hay documentos que devolver. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de junio de dos mil dieciséis. Se agrega a los autos para los efectos legales procedentes, la constancia signada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, en la que informa que no fue posible notificar el proveído de trece de junio del año en curso, al quejoso, por las razones que ahí menciona. Ahora bien, la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, establece que cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones o el señalado resulte inexacto, las notificaciones del quejoso se harán por lista; en consecuencia, de una interpretación de la disposición legal asentada, se está ante una imposibilidad de carácter permanente para hacer la notificación personal; por tanto, lo que procede es efectuar la notificación por lista en los estrados de este juzgado; del proveído de referencia y las subsecuentes aun de carácter urgente. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por xxx, por su propio derecho, contra actos del: 1. Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. 2. Actuario Ejecutor Adscrito al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. 3. Coordinador de la Central de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 131/2016-III-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular se considera que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado, consistente en: El proveído dictado el siete de junio de dos mil dieciséis, por el Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, en los autos del juicio ordinario mercantil 1043/2013, promovido por xxx, mediante el cual se ordena la remoción de la quejosa como depositaria de los bienes embargados a la parte demandada y la ejecución del mismo. Lo anterior, por considerar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en relación con el numeral 5, fracción I, del ordenamiento citado, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; . Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; . La causa de improcedencia en estudio, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, lo cual establece, en lo que interesa, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el presente asunto, el acto reclamado descrito por la quejosa básicamente consiste en el proveído dictado el siete de junio de dos mil dieciséis, por el Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, en los autos del juicio ordinario mercantil 1043/2013, mediante el cual se ordena su remoción como depositaria de los bienes embargados a la parte demandada y la ejecución del mismo. Entonces, atendiendo a las características del acto reclamado se puede llegar a la convicción que éste no afecta el interés jurídico de la quejosa; por tanto, es inviable la promoción del juicio de amparo, lo anterior es así tomando en consideración que un depositario judicial dentro de un procedimiento jurisdiccional se constituye como un auxiliar de la administración de la justicia que mediante el auto de la diligencia de embargo, en la cual se le discernió en forma su cargo, adquiere la posesión de los bienes muebles que se le dieron en deposito con motivo del embargo trabado al demandado; no obstante, tal encargo no provoca la adquisición de derechos adjetivos que se encuentren jurídicamente tutelados que sean susceptibles de repararse en vía de amparo cuando se emitan actos de autoridad de naturaleza procesal en el juicio de origen; sino por el contrario, tal encargo le confiere únicamente obligaciones, tales como conservar y preservar las cosas dadas bajo su custodia temporal, hasta en tanto la autoridad jurisdiccional defina la situación en que han de quedar los bienes. Bajo esta premisa, no puede decirse que la remoción del encargo conferido a la quejosa, así como el requerimiento por la entrega de los bienes embargados decretados por la autoridad responsable, produce en la esfera jurídica de la solicitante del amparo una lesión o perjuicio que la legitime para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal. Por tanto se actualiza la causa de improcedencia descrita en este apartado. Proporciona sustento a lo anterior la jurisprudencia V. 2º. J/24, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, página 414 de rubro y texto siguientes. DEPOSITARIO JUDICIAL, LA REMOCION DEL CARGO Y EL REQUERIMIENTO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS, NO AFECTA LA ESFERA JURIDICA DEL (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA). El cargo de depositario judicial, no provoca, al menos en la codificación adjetiva local, la adquisición de derechos jurídicamente tutelados que, lacerados por un acto de autoridad, faculten a su titular, a incoar una acción de amparo, pues de la lectura de los artículos 435 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para Sonora, se advierte que su función se reduce a la de un mero auxiliar de la administración de justicia y que, salvo la de percibir el pago de un arancel, la normatividad vigente, no le confiere atribución alguna sino obligaciones. Bajo esas premisas, no puede decirse, que la remoción del encargo y el requerimiento por la entrega de los bienes embargados, decretados por la responsable, en el acto reclamado, produjera en la esfera jurídica del aquí recurrente y quejoso, una lesión o perjuicio y que por tanto, estuviese legitimado para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, la falta de ese interés jurídico, que se genera al ser afectado por un acto de autoridad, hace improcedente, al tenor de la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, al juicio de amparo promovido por el quejoso. Por otro lado, no pasa desapercibido para este Juzgador que la quejosa, también controvierte el hecho que dentro de los bienes motivo del embargo trabado al demandado en la diligencia llevada acabo el diecisiete de marzo del dos mil dieciséis, los cuales fueron puestos bajo su resguardo como depositaria, se encuentran algunos que son de su propiedad; por tanto, indica que la autoridad responsable de manera indebida los sujetó al embargo sin que ella los hubiera señalado como garantía de una deuda que no reconoce, por lo que al ordenar el cambio de depositario y ejecución de lo embargado se afecta su derecho de audiencia contenido en la constitución. Respecto de este tópico, es evidente que la quejosa trata de controvertir el embargo en bienes que señala son de su propiedad; sin embargo, sin bien es cierto este tipo de actos sí son susceptible de control constitucional, en el caso es notorio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el 17 ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el juicio constitucional resulta notoriamente extemporáneo al no haberse promovido dentro del plazo de quince días que marca la Ley, tomando en consideración que la quejosa tuvo conocimiento del embargo desde el diecisiete de marzo del dos mil dieciséis, fecha en la que bajo protesta de decir verdad, señaló que fue nombrada depositaria de los bienes sujetos de la diligencia; por tanto, es indubitable que ya trascurrió en exceso el término para la interposición de la demanda de amparo. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo promovida por xxx DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a las quejosas señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en xxx, ; y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que indican en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado, pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por xxx, por su propio derecho, contra actos del: 1. Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. 2. Actuario Ejecutor Adscrito al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. 3. Coordinador de la Central de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 131/2016-III-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular se considera que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado, consistente en: El proveído dictado el siete de junio de dos mil dieciséis, por el Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, en los autos del juicio ordinario mercantil 1043/2013, promovido por xxx, mediante el cual se ordena la remoción de la quejosa como depositaria de los bienes embargados a la parte demandada y la ejecución del mismo. Lo anterior, por considerar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en relación con el numeral 5, fracción I, del ordenamiento citado, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; . Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; . La causa de improcedencia en estudio, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, lo cual establece, en lo que interesa, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el presente asunto, el acto reclamado descrito por la quejosa básicamente consiste en el proveído dictado el siete de junio de dos mil dieciséis, por el Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, en los autos del juicio ordinario mercantil 1043/2013, mediante el cual se ordena su remoción como depositaria de los bienes embargados a la parte demandada y la ejecución del mismo. Entonces, atendiendo a las características del acto reclamado se puede llegar a la convicción que éste no afecta el interés jurídico de la quejosa; por tanto, es inviable la promoción del juicio de amparo, lo anterior es así tomando en consideración que un depositario judicial dentro de un procedimiento jurisdiccional se constituye como un auxiliar de la administración de la justicia que mediante el auto de la diligencia de embargo, en la cual se le discernió en forma su cargo, adquiere la posesión de los bienes muebles que se le dieron en deposito con motivo del embargo trabado al demandado; no obstante, tal encargo no provoca la adquisición de derechos adjetivos que se encuentren jurídicamente tutelados que sean susceptibles de repararse en vía de amparo cuando se emitan actos de autoridad de naturaleza procesal en el juicio de origen; sino por el contrario, tal encargo le confiere únicamente obligaciones, tales como conservar y preservar las cosas dadas bajo su custodia temporal, hasta en tanto la autoridad jurisdiccional defina la situación en que han de quedar los bienes. Bajo esta premisa, no puede decirse que la remoción del encargo conferido a la quejosa, así como el requerimiento por la entrega de los bienes embargados decretados por la autoridad responsable, produce en la esfera jurídica de la solicitante del amparo una lesión o perjuicio que la legitime para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal. Por tanto se actualiza la causa de improcedencia descrita en este apartado. Proporciona sustento a lo anterior la jurisprudencia V. 2º. J/24, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, página 414 de rubro y texto siguientes. DEPOSITARIO JUDICIAL, LA REMOCION DEL CARGO Y EL REQUERIMIENTO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS, NO AFECTA LA ESFERA JURIDICA DEL (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA). El cargo de depositario judicial, no provoca, al menos en la codificación adjetiva local, la adquisición de derechos jurídicamente tutelados que, lacerados por un acto de autoridad, faculten a su titular, a incoar una acción de amparo, pues de la lectura de los artículos 435 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para Sonora, se advierte que su función se reduce a la de un mero auxiliar de la administración de justicia y que, salvo la de percibir el pago de un arancel, la normatividad vigente, no le confiere atribución alguna sino obligaciones. Bajo esas premisas, no puede decirse, que la remoción del encargo y el requerimiento por la entrega de los bienes embargados, decretados por la responsable, en el acto reclamado, produjera en la esfera jurídica del aquí recurrente y quejoso, una lesión o perjuicio y que por tanto, estuviese legitimado para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, la falta de ese interés jurídico, que se genera al ser afectado por un acto de autoridad, hace improcedente, al tenor de la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, al juicio de amparo promovido por el quejoso. Por otro lado, no pasa desapercibido para este Juzgador que la quejosa, también controvierte el hecho que dentro de los bienes motivo del embargo trabado al demandado en la diligencia llevada acabo el diecisiete de marzo del dos mil dieciséis, los cuales fueron puestos bajo su resguardo como depositaria, se encuentran algunos que son de su propiedad; por tanto, indica que la autoridad responsable de manera indebida los sujetó al embargo sin que ella los hubiera señalado como garantía de una deuda que no reconoce, por lo que al ordenar el cambio de depositario y ejecución de lo embargado se afecta su derecho de audiencia contenido en la constitución. Respecto de este tópico, es evidente que la quejosa trata de controvertir el embargo en bienes que señala son de su propiedad; sin embargo, sin bien es cierto este tipo de actos sí son susceptible de control constitucional, en el caso es notorio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el 17 ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el juicio constitucional resulta notoriamente extemporáneo al no haberse promovido dentro del plazo de quince días que marca la Ley, tomando en consideración que la quejosa tuvo conocimiento del embargo desde el diecisiete de marzo del dos mil dieciséis, fecha en la que bajo protesta de decir verdad, señaló que fue nombrada depositaria de los bienes sujetos de la diligencia; por tanto, es indubitable que ya trascurrió en exceso el término para la interposición de la demanda de amparo. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo promovida por xxx DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a las quejosas señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en xxx, ; y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que indican en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado, pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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