Martha Laura Iniesta Reyes

Expediente 31/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
31/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
01/03/2018

Partes del expediente

  • Martha Laura Iniesta Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto dictado el uno de febrero de dos mil dieciocho, dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 81, fracción I inciso d) de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el acuerdo por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de garantías en que se actúa; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFIQUESE POR LISTA AL QUEJOSO EL PROVEIDO DE 1 DE FEBRERO DEL AÑO ENCURSO YA QUE NO COMPARECIO A ESTE TRIBUNAL A NOTIFICARSRE "Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien y todo vez que del informe justificado y anexo que remite la responsable se evidencia claramente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; al efecto dicho precepto legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De acuerdo con el texto transcrito, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo. Para que se actualicen los presupuestos de esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Ahora, el acto reclamado por el quejoso Martha Laura Iniesta Reyes, se hizo consistir en la omisión de la autoridad responsable de rendir al Tribunal Colegiado de Circuito el informe con justificación dentro del expediente laboral 1496/2015. Ahora, mediante informe justificado recepcionado en esta fecha el Presidente de la Junta señalada como responsable, informó la cesación de efectos del acto reclamado por la quejosa, tal y como se desprende de las copias del expediente laboral 1496/2015 de su índice, en donde se advierte que mediante oficio 49/AMP/2018, de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, se remitió el original y copia de la demanda de amparo, emplazamiento al tercero interesado, expediente 1496/2015 y se rindió informe con justificación respecto del acto reclamado a la responsable, mismo que fuera recepcionado en esa misma fecha en la oficina de correspondencia común a los Tribunales Colegiados de Circuito del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad Capital, tal y como se desprende de las constancias que al efecto anexa. Constancias que con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, tienen el carácter de prueba plena. Lo cual permite concluir que a la data han cesado los efectos del acto reclamado que la parte quejosa atribuyó a la autoridad responsable, puesto que quedó acreditado que con fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, la autoridad responsable rindió informe con justificación respecto del acto reclamado y remitió el original y copia de la demanda de amparo, emplazamiento al tercero interesado, así como el expediente 1496/2015. Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia que se invoca puesto que a la fecha se ha constituido una situación jurídica que definitivamente destruye aquella que dio origen al presente juicio de amparo, pues la finalidad para la cual interpuso su demanda de derechos contra el acto reclamado que era la omisión de la responsable a rendir su informe con justificación ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito; en consecuencia se advierte que el acto reclamado dejó de surtir sus efectos, actualizándose de esa manera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y por ende el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, ello con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de la Materia. Es aplicable en la especie la tesis invocada en el contenido de la jurisprudencia número 20/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, con fecha diez de octubre del año en curso, (página 70), cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS.- Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". (Quinta Época Tomo XCIX, página 2443). Se invoca por su aplicabilidad la tesis jurisprudencial sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, publicada en la página 549, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO, PROCEDENCIA DEL, RESPECTO DE ACTOS DE EJECUCION. Si en el juicio de garantías surge alguna causal del improcedencia que motive el sobreseimiento del juicio, igual declaración debe hacerse respecto de los actos que resulten ser consecuencia del que fue materia del sobreseimiento, así como de los actos de ejecución si éstos no se reclaman por vicios propios." En ese orden de ideas, es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, por desistimiento expreso de la parte quejosa, por lo que se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticinco minutos del quince de febrero de dos mil dieciocho; hágase del conocimiento de lo anterior, a las autoridades responsables. Notifíquese personalmente"

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien y todo vez que del informe justificado y anexo que remite la responsable se evidencia claramente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; al efecto dicho precepto legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De acuerdo con el texto transcrito, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo. Para que se actualicen los presupuestos de esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Ahora, el acto reclamado por el quejoso Martha Laura Iniesta Reyes, se hizo consistir en la omisión de la autoridad responsable de rendir al Tribunal Colegiado de Circuito el informe con justificación dentro del expediente laboral 1496/2015. Ahora, mediante informe justificado recepcionado en esta fecha el Presidente de la Junta señalada como responsable, informó la cesación de efectos del acto reclamado por la quejosa, tal y como se desprende de las copias del expediente laboral 1496/2015 de su índice, en donde se advierte que mediante oficio 49/AMP/2018, de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, se remitió el original y copia de la demanda de amparo, emplazamiento al tercero interesado, expediente 1496/2015 y se rindió informe con justificación respecto del acto reclamado a la responsable, mismo que fuera recepcionado en esa misma fecha en la oficina de correspondencia común a los Tribunales Colegiados de Circuito del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad Capital, tal y como se desprende de las constancias que al efecto anexa. Constancias que con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, tienen el carácter de prueba plena. Lo cual permite concluir que a la data han cesado los efectos del acto reclamado que la parte quejosa atribuyó a la autoridad responsable, puesto que quedó acreditado que con fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, la autoridad responsable rindió informe con justificación respecto del acto reclamado y remitió el original y copia de la demanda de amparo, emplazamiento al tercero interesado, así como el expediente 1496/2015. Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia que se invoca puesto que a la fecha se ha constituido una situación jurídica que definitivamente destruye aquella que dio origen al presente juicio de amparo, pues la finalidad para la cual interpuso su demanda de derechos contra el acto reclamado que era la omisión de la responsable a rendir su informe con justificación ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito; en consecuencia se advierte que el acto reclamado dejó de surtir sus efectos, actualizándose de esa manera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y por ende el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, ello con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de la Materia. Es aplicable en la especie la tesis invocada en el contenido de la jurisprudencia número 20/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, con fecha diez de octubre del año en curso, (página 70), cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS.- Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". (Quinta Época Tomo XCIX, página 2443). Se invoca por su aplicabilidad la tesis jurisprudencial sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, publicada en la página 549, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO, PROCEDENCIA DEL, RESPECTO DE ACTOS DE EJECUCION. Si en el juicio de garantías surge alguna causal del improcedencia que motive el sobreseimiento del juicio, igual declaración debe hacerse respecto de los actos que resulten ser consecuencia del que fue materia del sobreseimiento, así como de los actos de ejecución si éstos no se reclaman por vicios propios." En ese orden de ideas, es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, por desistimiento expreso de la parte quejosa, por lo que se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticinco minutos del quince de febrero de dos mil dieciocho; hágase del conocimiento de lo anterior, a las autoridades responsables. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por MARTHA LAURA INIESTA REYES por derecho propio; en su atención, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 31/2018-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, III y X Constitucionales, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA Se admite la presente demanda, atendiendo a que de su análisis integral se desprende que la quejosa reclama como actos destacados la omisión de la responsable a rendir informe justificado en relación a la demanda de amparo directa hecha valer en el expediente laboral 1496/2015, lo que hasta este momento podría actualizar la hipótesis de procedencia prevista en la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que al momento de resolver el presente asunto sean precisados, en términos del artículo 74, fracción I, del ordenamiento legal invocado en último término. PETICIÓN DE INFORMES JUSTIFICADOS Y APERCIBIMIENTOS Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a lo dispuesto en los artículos 26, fracción II, inciso a) y 117, ambos de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A su vez, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su respectivo informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa consistente en cien días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta, en la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, (entendiéndose por día al valor de la unidad de medida y actualización, que será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para toda la República Mexicana) . De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que al rendir informe justificado expresando un hecho falso o negando la verdad de los hechos, el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, sanciona con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. En otro sentido, se le hace saber que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México , conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. NOTIFICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en la fracción IV del artículo 5o. y 124 de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la participación que por ley le corresponde, poniendo a su disposición copia de la demanda de amparo y del presente auto. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. EMPLAZAMIENTO AL TERCERO INTERESADO Se reserva el emplazamiento del tercero interesado señalado por la parte quejosa, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. FECHA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 y 251 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado federal y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidos que en caso de ser omisos, se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en la ciudad de México . DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso, para oír y recibir notificaciones el ubicado en Hacienda Santa María Tecajete, edificio F6, interior 3, Fraccionamiento Pachoacan, Juan C. Doria, en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo; y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Israel Moroni Reséndiz Cerón, al haberse encontrado registro de su cédula profesional en el módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente para oír y recibir notificaciones, valores, documentos e imponerse de autos a los demás profesionistas que cita. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.

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