Martha Janeth López Álvarez y Otros.
Expediente 890/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 890/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 27/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Martha Janeth López Álvarez y Otros.
- Elizabeth Sigala Méndez y Otros.
- Martha Janeth López Álvarez
- Elizabeth Sigala Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Estado procesal de autos Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto a la vista que se le otorgó en proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para los efectos del artículo 201, fracciones I y II de la Ley de Amparo. Se declara consentida la determinación del fallo. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa por conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables. Se ordena archivo material. Como fue ordenado en auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, y con apoyo en el artículo 214 de la citada Ley, interpretado a contrario sensu, una vez que se encuentre debidamente integrado, se ordena remitir físicamente el presente juicio de amparo, al archivo definitivo de este Juzgado, para su debido resguardo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, a veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, para conocimiento de los quejosos MARTHA JANETH LÓPEZ ALVAREZ Y ELIZABETH SIGALA MENDEZ; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. I. Relación del estado procesal de autos y efectivo apercibimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a las partes en proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho , para que desahogaran la vista sobre el cumplimiento que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente sumario y las manifestaciones respectivas. II. Efectos del fallo protector. En sentencia que se terminó de engrosar el diez de abril de dos mil dieciocho , este Juzgado de Distrito, concedió la protección constitucional a la parte quejosa. Inconforme con dicha resolución, las quejosas Martha Janeth López Álvarez y Elizabeth Sigala Méndez, interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad. Así, en resolución de seis de septiembre de dos mil dieciocho , dictada en el toca de revisión 23/2018, determinó confirmar la sentencia de referencia, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: 1. Deje insubsistente la resolución de veinte de octubre de dos mil dieisiete, dictado en el juicio laboral OPDL-JE4-09-323/2016. 2. En su lugar dicte otra en la que, atienda lo considerado en el presente fallo, esto es, atienda la totalidad de los argumentos expuestos en el incidente de competencia planteado, con plenitud de jurisdicción y conforme a sus atribuciones. III. Actos realizados por la autoridad responsable tendente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2º, se advierte que dicha autoridad realizó lo siguiente: Los integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, anexaron copia certificada de la resolución de dos de octubre del presente año, en la que dejó insubsistente la resolución de veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio laboral OPDL-JE4-09-323/2016; asimismo, atendió lo considerado en la sentencia, es decir, tomó en cuenta los argumentos vertidos respecto al incidente de competencia, a saber: 1. La parte actora y codemandada física laboran para la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, que es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, con personalidad jurídica y patrimonio propios sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y Cultura en términos del artículo 1°, del decreto 800, que contiene la Ley Orgánica de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 2. Los artículos 1° y 113, de la precitada ley, establecen la obligatoriedad para los organismos que forman parte de la administración pública paraestatal, actuando en su modalidad de patrones, de conocer y resolver los conflictos suscitados entre las entidades públicas y sus trabajadores o solo entre estos derivados de las relaciones de trabajos o de hechos íntimamente vinculados con ellas, para lo que se creó el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 3. La actora pretende fincar alguna obligación de naturaleza laboral con cargo al descentralizado demandado y las codemandadas físicas, ésta no puede derivar de la Ley Federal del Trabajo, sino de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, ya que este ordenamiento legal rige las relaciones jurídicas entre las entidades públicas a que se refiere su artículo 1°, entre estas los organismos de la administración pública paraestatal, como la demandada Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Por tanto, la autoridad responsable sostuvo que la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, asume que la ley aplicable lo es la Ley Federal del Trabajo donde se deduce que el vínculo laboral que lo une tanto con la parte actora, como con las incidentistas, en su parte sustantiva de la relación laboral les rige la Ley Federal del Trabajo, así, la jurisprudencia 2ª./J.130/2016, permite en todo caso que a pesar de que la universidad demandada sea un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, sus relaciones laborales con sus trabajadores pueden regirse tanto por los apartados A o B, del artículo 123 Constitucional, incluso de manera mixta sin la obligación de sujetarse a alguno de ellos, de ahí que si esa autoridad laboral fue la que previno, admitió la demanda y le dio curso legal, emerge su competencia para resolver ese conflicto laboral. De igual manera, refirió que los artículos 1° y 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, no son aplicables al caso a pesar de lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley Orgánica de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, considerando que con ello se estaría aplicando retroactivamente la jurisprudencia 2ª./J.130/2016, lo que se encuentra vedado por el primer párrafo del artículo 14 Constitucional. Del mismo modo, la autoridad laboral responsable expuso que en materia de trabajo, en general, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, con lo cual concluyó que el artículo 116 Constitucional establece que las relaciones laborales de carácter local con sus trabajadores escapan a las facultades reglamentarias de la legislaturas locales; por tanto, que las relaciones de los organismos descentralizados de carácter local se supeditan y se rigen por el apartado A del artículo 123 Constitucional, que es la que se debe aplicar en el caso concreto, agregó que diversa tesis aislada sustentada por la Segunda Sala del máximo tribunal del país, refiere especialmente que los artículos 1, 2 y 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, declara la inconstitucionalidad de los mismos, y establecen la competencia del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje para el conocimiento y resolución de los conflicto que se susciten entre tales organismos y sus trabajadores o entre éstos, son inconstitucionales, en virtud de que las legislaturas locales sólo están facultadas para expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores conforme lo dispone el artículo 116, fracción VI de la carta magna, por lo que se rigen por el artículo 123, apartado A, Constitucional, así como su ley reglamentaria (Ley Federal del Trabajo), a la que se debe atender para determinar la autoridad competente para dirimir las controversias surgidas por la relación laboral. IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De la anterior relación, se aprecia que la autoridad responsable, atendió a los efectos de la sentencia de amparo al dar respuesta a las posturas de la incidentista; de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. V. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. VI. Orden de depuración o destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. VII. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VIII. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. IX. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. X. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Lic. Sergio López Valdez Actuaria Judicial
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, ocho de octubre de dos mil dieciocho. I. Informa cumplimiento. Se tiene por recibido el oficio 1369/2018, signado por los Integrantes de la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad; mediante el cual, remite copia certificada de diversas constancias con las que acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. II. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, córrase traslado a la parte quejosa con copia del oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Órgano Jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base a los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Se recibe resolución. Visto el oficio 2431-A, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa los autos del juicio de amparo 890/2017 y testimonio de la resolución pronunciada en la revisión 23/2018, en la que se resolvió: PRIMERO. Se confirma la resolución dictada por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, en funciones de juez, el diez de abril de dos mil dieciocho en el juicio de amparo 890/2017. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martha Janeth López Álvarez y Elizabeth Sigala Méndez, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad de Mazatlán, consistente en la resolución incidental de veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente laboral OPDL-JE4-09-323/2016. Acúsese recibo y anotaciones. Acúsese el recibo de estilo respectivo, glósese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Efectos. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar el acto siguiente: Deje insubsistente la resolución de veinte de octubre de dos mil dieisiete, dictado en el juicio laboral OPDL-JE4-09-323/2016. En su lugar dicte otra en la que, atienda lo considerado en el presente fallo, esto es, atienda la totalidad de los argumentos expuestos en el incidente de competencia planteado, con plenitud de jurisdicción y conforme a sus atribuciones. Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el término de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. Requerimiento a las autoridades responsables. Por tanto, con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, vigente, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realice lo mencionado e informe a este juzgado su cumplimiento y, remita copia certificada que lo acredite. Apercibimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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