Martha Janeth López Álvarez
Expediente 891/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 891/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Martha Janeth López Álvarez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que concluyó el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo propuesta, sin que haya interpuesto recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
En virtud de no haberse presentado la promovente a notificarse personalmente del auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso c), y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados del Juzgado, el acuerdo de referencia, mismo que se publica en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo signada por *****, a través de la cual se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente 891/2023-III-A, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, anótese su ingreso en los libros electrónicos de registro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Expuesto lo anterior, cabe señalar que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por lo que puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, este órgano de control constitucional estima aplicable en el caso, en la idea conducente, los lineamientos expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia P./J.37/2014. Ello, pues en la especie, del contenido de la demanda de amparo y de las documentales anexas a la misma, se advierte que la parte promovente reclama: - La omisión de acordar el escrito de demanda presentado ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido ambos de la Ley de la Materia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del citado acto reclamado, atento su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación, ya que no se ha configurado la referida dilación excesiva en cuanto a dicho acto. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado calle ********************, y como sus autorizados en términos amplios de artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, por tratarse de un asunto en materia laboral y ser la parte trabajadora quien acude al amparo. Asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico y el número telefónico que indica en el escrito que se provee, ello a efecto de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde.
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