Martha Ixtlapale Hernández

Expediente 315/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 40 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
315/2022
Año
2022
Actuaciones
40
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Martha Ixtlapale Hernández
  • Juez Segundo Especializado En Materia Civil, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], archívese el presente asunto como concluido; por tanto, realícese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con un auto en el que se decretó el sobreseimiento dentro del presente asunto; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal [debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes]. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Por otro lado, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Finalmente, en virtud de que se formó el Anexo I, con motivo de las constancias enviadas por el juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla; por tanto, devuélvase a su lugar de origen.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo dentro del cuaderno original del juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión, por tanto, se acuerda: En otro tenor, se hace la indicación que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, con apoyo en el la fracción I, inciso c, del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones en el libro de control así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE].

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte que no fue posible notificar personalmente a la tercera interesada ****, el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, por los motivos que de la misma se desprenden; en consecuencia, se ordena realizar la notificación de que se habla, así como las subsecuentes, por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. "San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesa que guardan los presentes autos, es posible advertir que el quejoso *****, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar del juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y diligenciario non de su adscripción el acto que a continuación se indica: Acto reclamado: La omisión de emplazar a la parte quejosa al juicio reivindicatorio **** del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, y todo lo actuado con posterioridad, entre ellos, la sentencia y su ejecución. En relación a lo anterior, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional y, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó". Bajo esa premisa, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, se advierte que, ha transcurrido el término de veinte días previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo para que el quejoso recogiera y acreditara haber entregado para su publicación los edictos ordenados en proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós [fojas 225 a 228], sin que lo hubiera hecho; lo que se decretó de esa forma como resultado de las infructuosas investigaciones que se realizaron a fin de obtener el domicilio de la tercera interesada ****. Proveído que fue notificado a la parte quejosa se le notificó a la parte quejosa por lista el uno de diciembre de dos mil veintidós, la cual surtió efectos el dos siguiente; por lo que el aludido plazo de veinte días transcurrió del cinco de diciembre de dos mil veintidós al dos de enero de dos mil veintitrés, previo descuento de los días inhábiles que mediaron entre esas fechas; por ende, a la fecha, ha transcurrido en exceso el término otorgado, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós. Además, tal como se dejó asentado, en el caso concreto opera la causal de sobreseimiento dispuesta en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, al haberse actualizado la hipótesis en cita con motivo de la falta de cumplimiento de la parte quejosa a dicho requerimiento. En efecto, en la especie se actualiza la causal de sobreseimiento que se invoca, pues al no comparecer a recoger los edictos ordenados para su publicación, la parte quejosa demuestra su falta de interés en la debida tramitación del juicio, lo que trae como consecuencia que el procedimiento de amparo se paralice a su arbitrio, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, como establece el citado criterio de jurisprudencia. Por tanto, este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo de la cuestión constitucional planteada. Por último, cabe destacar que la parte quejosa fue omisa en manifestar y probar su posibilidad o imposibilidad para cubrir el gasto que genera el emplazamiento por edictos del citado tercero interesado. En las relatadas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia constitucional. En esa tesitura, siendo las nueve horas con quince minutos de este día, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y seis minutos de la propia fecha, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al impetrante, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Sin que sea obstáculo a lo anterior que mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, la tercera interesada María Eugenia Enríquez Reyes formuló objeción de falsedad de firmas, ya que se considera innecesario el estudio del mencionado incidente de objeción. Lo anterior es así, puesto que la suscrita juzgadora advierte la actualización de un motivo de improcedencia del juicio y, por tanto, es evidente que por cuestión de técnica jurídica y de orden público se debe sobreseer en el presente juicio, sin realizar pronunciamiento sobre la autenticidad del documento controvertido, así como de las pruebas relacionadas con tal incidencia."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesa que guardan los presentes autos, es posible advertir que el quejoso *****, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar del juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y diligenciario non de su adscripción el acto que a continuación se indica: Acto reclamado: La omisión de emplazar a la parte quejosa al juicio reivindicatorio **** del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, y todo lo actuado con posterioridad, entre ellos, la sentencia y su ejecución. En relación a lo anterior, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional y, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó". Bajo esa premisa, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, se advierte que, ha transcurrido el término de veinte días previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo para que el quejoso recogiera y acreditara haber entregado para su publicación los edictos ordenados en proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós [fojas 225 a 228], sin que lo hubiera hecho; lo que se decretó de esa forma como resultado de las infructuosas investigaciones que se realizaron a fin de obtener el domicilio de la tercera interesada ****. Proveído que fue notificado a la parte quejosa se le notificó a la parte quejosa por lista el uno de diciembre de dos mil veintidós, la cual surtió efectos el dos siguiente; por lo que el aludido plazo de veinte días transcurrió del cinco de diciembre de dos mil veintidós al dos de enero de dos mil veintitrés, previo descuento de los días inhábiles que mediaron entre esas fechas; por ende, a la fecha, ha transcurrido en exceso el término otorgado, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós. Además, tal como se dejó asentado, en el caso concreto opera la causal de sobreseimiento dispuesta en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, al haberse actualizado la hipótesis en cita con motivo de la falta de cumplimiento de la parte quejosa a dicho requerimiento. En efecto, en la especie se actualiza la causal de sobreseimiento que se invoca, pues al no comparecer a recoger los edictos ordenados para su publicación, la parte quejosa demuestra su falta de interés en la debida tramitación del juicio, lo que trae como consecuencia que el procedimiento de amparo se paralice a su arbitrio, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, como establece el citado criterio de jurisprudencia. Por tanto, este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo de la cuestión constitucional planteada. Por último, cabe destacar que la parte quejosa fue omisa en manifestar y probar su posibilidad o imposibilidad para cubrir el gasto que genera el emplazamiento por edictos del citado tercero interesado. En las relatadas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia constitucional. En esa tesitura, siendo las nueve horas con quince minutos de este día, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y seis minutos de la propia fecha, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al impetrante, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Sin que sea obstáculo a lo anterior que mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, la tercera interesada María Eugenia Enríquez Reyes formuló objeción de falsedad de firmas, ya que se considera innecesario el estudio del mencionado incidente de objeción. Lo anterior es así, puesto que la suscrita juzgadora advierte la actualización de un motivo de improcedencia del juicio y, por tanto, es evidente que por cuestión de técnica jurídica y de orden público se debe sobreseer en el presente juicio, sin realizar pronunciamiento sobre la autenticidad del documento controvertido, así como de las pruebas relacionadas con tal incidencia.

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