Martha Ivon Mendoza Luna
Expediente 1904/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1904/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/01/2019
Partes del expediente
- Martha Ivon Mendoza Luna
- Agente el Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Toluca, México
Actuaciones
- Principal
Se declara que el proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, ha causado estado. Haganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, POR MEDIO DE LISTA EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Primera de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Toluca, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número ********************. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por concurrir el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que señala el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El dispositivo antes mencionado, impone la obligación a la suscrita de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, sobre la base de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS: Ahora, la parte quejosa aduce que se duele del siguiente acto: la determinación de abstención de investigar de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho en la carpeta de investigación 191750370010916. Atento a lo anterior, debe decirse que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la ley de la materia, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a esta vía constitucional, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Federal. En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política establece lo siguiente: C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte, los artículos 135 y 240, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, vigente al momento de la presentación de la denuncia, estatuyen: El juez podrá dejar sin efecto la decisión del ministerio público y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que el código establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior". De la interpretación realizada a los citados preceptos legales se advierte: Es obligación del Ministerio Público, la práctica y dirección de todos los actos de investigación necesarios para determinar la existencia del hecho delictivo motivo de la denuncia o querella. La formas de terminar la investigación por parte del representante social, son determinando el archivo temporal, abstenerse de investigar, suspensión de la investigación y no ejercicio de la acción penal Las formas de terminación de la investigación decretadas por el Ministerio Público, son susceptibles de ser impugnadas ante el juez de control; para tal efecto, dichas determinaciones deben notificarse a la víctima u ofendido, quienes las podrán impugnar ante el Juez de control (legitimación), dentro de los tres días posteriores a que los interesados sean notificados de dicha resolución (oportunidad). El juez de control convocará a una audiencia, para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado así como a su defensor; audiencia en la cual se podrá dejar sin efectos la decisión del ministerio público, así como ordenarle reabrir la investigación y continuar con la persecución penal. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia, a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación (sustanciación). En ese tenor, la posibilidad de impugnar, prevista en el artículo 240 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, constituye un instrumento de control jurisdiccional, a través del cual, la víctima u ofendido, en el caso, la quejosa, puede combatir las distintas determinaciones en la investigación dictadas por el Ministerio Público, dado que a través del medio de defensa innominado contenido en el referido precepto legal se puede modificar, anular o revocar el acto reclamado. Asimismo, debe decirse que el legislador, al referirse a las determinaciones que pueden ser impugnadas ante el juez de control, no se limitó taxativamente a las previstas en el artículo 240 Código en comento, sino en general a todas las omisiones del ministerio público que tengan por efecto paralizar una investigación derivado de su facultad investigadora. En ese sentido, debe estimarse que las determinaciones del ministerio público en la etapa de investigación encuadran en el supuesto de impugnabilidad, prevista en el numeral señalado en el párrafo que antecede, pues en el caso, lo que se combate es la determinación de abstención de investigar la carpeta de investigación y, por consiguiente, se trata de una cuestión de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Además, de que el referido medio de defensa tiene por finalidad que el juez de control, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a la partes, establezca de manera ágil y eficaz si la determinación fue legal o no, y en su caso, conminarlo a que lleve la investigación, y practicando todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado (determinación de abstención de investigar) debe ser reclamada en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establecen el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, y el diverso 240, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, existe un medio ordinario para impugnar las resoluciones u omisiones del ministerio público en la investigación; lo cual lleva implícita la posibilidad de controlar jurisdiccionalmente el acto que aduce la quejosa por lo que, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 240 del Código en cita, constituye un instrumento, a través del cual la víctima u ofendido puede combatir en sede jurisdiccional, las determinaciones u omisiones del Ministerio Público. Partiendo de lo anterior, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia que se examina, toda vez que en contra del acto reclamado procede el medio de defensa previsto en el artículo 240, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, de modo que, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previamente a la promoción del amparo que se solicita, la parte quejosa debió haber agotado dicho medio de impugnación, que le concede la ley, mediante el cual, se puede modificar la resolución de la representación social. Lo anterior, tiene apoyo en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis 233/2017 en sesión plenaria de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en la que se generó la tesis T.J. 27/2018 (10ª.), de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así como la tesis jurisprudencial 28/2018 (10a.) de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Por consiguiente, si la agraviada tuvo a su disposición un medio de defensa existente, adecuado, eficaz, expedito, oportuno y obligatorio, para ser oído y, eventualmente protegida por el órgano jurisdiccional ordinario, entonces debió agotarlo antes de promover el presente juicio de amparo, con la finalidad de agotar los medios legales previstos para tal efecto, pues como ya se destacó, la instancia constitucional es un mecanismo de defensa extraordinario que procede exclusivamente contra actos definitivos. Aunado al hecho, de que el pasado diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las tesis 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), ya referidas, en las cuales, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fijó como criterio obligatorio, que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido, debe agotar el medio de defensa estatuido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. En consecuencia, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; en relación con los artículos 16, párrafo décimo cuarto, y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Importa destacar, que aun cuando las resoluciones u omisiones impugnadas pudieran afectar sus derechos fundamentales, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le reconoce como víctima de un hecho delictuoso, la irreparabilidad del acto reclamado, propiamente dicha, no constituye una excepción al principio de definitividad, al tratarse de presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues este principio se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. En consecuencia, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley federal invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Primera de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Toluca, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por notoriamente improcedente.
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