Martha Isabel Galindo Quezada

Expediente 912/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
912/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México
  • Martha Isabel Galindo Quezada
  • Martha Isabel Galindo Quezada y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Ahora bien, no es óbice para lo anterior, que en autos no obren las piezas postales que amparan los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, por medio del cual se les remitió copia autorizada del fallo que resolvió el presente asunto, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo de la Ley de Amparo, el sentido del fallo no afecta directamente el acto que de ellas se reclama. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, de los mismos se desprende que mediante oficio J.E.55-DARE-577-2022, la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, informó a este órgano jurisdiccional, que siendo las diez horas del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se verifico la audiencia de prueba y alegatos relativa al incidente de liquidación promovido por la parte actora, en el juicio laboral 1234-2008. Lo que acredita con las copias certificadas de la audiencia de mérito, documento público que hace prueba plena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, En virtud de lo expuesto por la junta responsable, se estima innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. En términos de dicho precepto legal, se desprende la posibilidad de que si durante el juicio sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, puede decretarse el sobreseimiento sin necesidad de esperar a que llegue la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior, porque en la especie respecto al acto reclamado por la quejosa Martha Isabel Galindo Quezada, consistente en la omisión de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, actuar en apego a lo dispuesto por el artículo 883 al 890 de la Ley Federal del Trabajo dentro del expediente laboral 1234-2008, pues hasta el tres de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable había sido omisa en administrarle justicia conforme a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, se acredita la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente De la disposición legal transcrita se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncia una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamaron en el amparo. c. No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio biinstancial, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede sustituir a aquélla, con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la causa de improcedencia transcrita, ha establecido el criterio contemplado en la tesis 2a. CXI-96, visible en la página 219 del Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del Lo anterior, en virtud de que en el juicio laboral 1234-2008, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se verificó la audiencia de pruebas y alegatos, relativa al incidente de liquidación de laudo formulado por la parte actora, acreditándose con ello que ha operado un cambio de situación jurídica que produce que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas, al no poder decidirse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la omisiones reclamadas a la autoridad responsable, sin afectar la nueva situación jurídica de la parte quejosa. De lo anterior, se concluye que a la fecha ha operado un cambio de situación jurídica que produce que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas, al no poder decidirse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la omisión reclamada por la parte quejosa, sin afectar la nueva situación jurídica de la quejosa, pues el análisis de dichas omisiones debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a.-J. 44-2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." Por ende, al actualizarse la causal de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, en los términos precisados en líneas precedentes, el suscrito estima pertinente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Además, cabe precisar que las causales de improcedencia por la que se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que, como ya se dijo, dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Por lo tanto, se deja sin efectos el día y hora señalado en autos para la audiencia constitucional, esto es, a las once horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de abril de dos mil veintidós; hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y notifíquese el presente proveído a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene a la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la localidad, dando cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, mediante proveído de catorce de marzo del presente año. Asimismo, téngasele remitiendo copia certificada del auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 1234/2008. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

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