Martha Isabel Acosta Hernandez

Expediente 1002/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1002/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
10/01/2022

Partes del expediente

  • Martha Isabel Acosta Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, diez de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional, sin haberlo hecho, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Se comunica lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los términos siguientes:

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia, que la demanda de amparo fue promovida por x, quien se ostenta apoderado legal de x, en contra del acto y la autoridad que a continuación se especifican: x. En consecuencia, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, esta juzgadora estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Establecida la premisa y sus alcances, precisa destacar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias remitidas por la responsable como justificación de su actuar, cuyo valor legal ha quedado establecido en el considerando anterior, así como de las exhibidas por la parte agraviada en su escrito inicial. Así tenemos que: x. Las documentales en comento, remitidas por la Junta responsable, se tuvieron por recibidas en acuerdo de nueve de septiembre del año en curso, dándose vista a la parte quejosa. Conforme a lo reseñado se advierte que en el presente caso sí se cumplen con los mencionados lineamientos para la configuración de la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, porque: a) El acto reclamado ha quedado insubsistente. Es de esa forma pues se ha demostrado que la Presidente de la Junta Local Conciliación y Arbitraje del Estado, dejó el estado inactivo en el que se encontraba y con posterioridad a la presentación de la solicitud de protección constitucional por parte de la actora en el juicio natural y aquí quejosa, a partir del acuerdo de nueve de septiembre del año curso, en el que se dio vista con el contenido del informe justificado rendido por la Junta responsable, tuvo conocimiento del proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el que acordó la petición de la parte actora en el juicio laboral x, en el que señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; condiciones que produjeron de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de la omisión reclamada. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Lo anterior es así, tomando en cuenta que con posterioridad al veintitrés de julio de dos mil veintiuno (fecha de presentación de la demanda de garantías), la parte quejosa tuvo conocimiento de las determinaciones emitidas por la Junta responsable respecto a la petición de pronunciarse respecto del escrito del escrito de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, donde se tuvo nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, por lo que se suprimieron del mundo fáctico los efectos de la omisión reclamada de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque al tener conocimiento la parte aquí quejosa del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dictado en autos del juicio laboral x, en la que se pronunció respecto del escrito de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, hasta el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, durante el procedimiento de este juicio de amparo; trae como consecuencia que se le reponga en el goce de la garantía individual que consideró vulnerada con la dilación reclamada, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte agraviada; por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si la omisión de que se trata no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, y si lo hizo no dejó consecuencia alguna. De ahí que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, pues se antepone la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una demora, que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno a las diez horas con cuarenta minutos. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. De conformidad con el Acuerdo General 29/20073 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos las constancias que integran el exhorto x, remitido por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, del cual se aprecia que devuelve debidamente diligenciado el exhorto x, origen x, de nuestro índice, del que se advierte que notificaron por medio de oficio a las autoridades responsables Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos; Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos; y Secretaría de Salud, en representación de los Estados Unidos Mexicanos; todos con sede en la Ciudad de México, la sentencia de trece de octubre de dos mil veinte, emitida en el presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Sin que sea necesario acusar recibo del exhorto de mérito, toda vez que la genera el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, dese de baja la comunicación oficial en comento y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene por recibido y agrega a los autos el oficio remitido por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el original del expediente 870/2019-II-B, del índice de este Juzgado y testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión 4/2021, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en la que revocó la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en estos autos, y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa "xxxxx", Sociedad Anónima de Capital Variable. Por tanto, acúsese recibo; comuníquese esta determinación a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales correspondientes; glósense las constancias relevantes del cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 párrafo cuarto, 194 y 195 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, para que dentro del término de diez días, contados desde el siguiente al en que reciba el oficio respectivo dé cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Superioridad y remita las constancias fehacientes que así lo acrediten. Se apercibe a dicha autoridad responsable que de no dar cumplimiento dentro del término concedido, sin causa justificada se le impondrá una multa, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, cuyo resultado eventualmente sería la separación de las responsables en el encargo de sus funciones y su consignación directa ante el Juez de Distrito por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento a las ejecutorias de amparo, previsto en la nueva legislación de la materia, siempre y cuando este juzgado califique que las autoridades actuaron injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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