Martha Irina Machaen Magdaleno

Expediente 1022/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1022/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Martha Irina Machaen Magdaleno

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y toda vez que ha trascurrido el plazo otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogará la vista formulada en auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, en el sentido de que manifestará lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; sin que desahogara la vista concedida. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia emitida por este Juzgado Federal, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; para los efectos siguientes: "La Subdirectora Ejecutiva de Licencias Sanitarias de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, deberá realizar lo siguiente: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa el artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, para que se le permita la comercialización, venta, distribución, exhibición, promoción, producción, o cualquier otra actividad comercial de productos que no sean derivados del tabaco, pero que contenga elementos alusivos a el, bajo las mismas condiciones que aquellos productos derivados del tabaco. De tal manera, la autoridad debe sujetarse en lo que corresponda a la reglas y limitantes aplicables a los productos del tabaco, tales como las relacionadas con el empaquetado y etiquetado, publicidad y patrocinio y que estén contenidas en la Ley, su reglamento y demás normatividad aplicable. Cabe señalar que las restricciones antes mencionadas pueden encontrarse previstas, de forma enunciativa mas no limitativa en los artículos 14 y 15 (relacionados con la exigencia de contar con licencia sanitaria para la venta de productos de tabaco; la prohibición de suministro de esos productos a menores; la exhibición de material con fines de advertencia autorizados por la Secretaría de Salud, entre otras); 18 a 22 (etiquetado externo de los productos con fines de advertencia sobre los efectos nocivos del tabaco; información sobre el contenido del producto; no inclusión de información falsa engañosa en el empaquetado; texto en idioma español, etcétera); y 23 a 25 (prohibición de hacer propaganda a menores de edad y de uso de incentivos que fomenten la compra de tabaco), todos de la Ley General para el control del tabaco. 2. En la vía de consecuencia, considerar que el oficio 193300ES580132, de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve ha quedado sin efectos con motivo de esta sentencia." Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en resolución de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión R.A. 4/2021, de su índice, confirmó la citada sentencia. En auto de trece de julio de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los autos y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento al fallo protector, mediante oficio registrado con el folio 13017, la autoridad responsable Subdirectora Ejecutiva de Licencias Sanitarias de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, remitió copia certificada del oficio notificado CAS/11749/2021, de veinte de julio de dos mil veintiuno, en el que hizo del conocimiento al quejoso que dejó sin efectos el oficio 193300ES580132, de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve y quedó desincorporada de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco. En consecuencia, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida dicha ejecutoria; es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, y personalmente la parte quejosa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite el testimonio de la resolución dictada el catorce de julio de dos mil veintiuno, en el incidente De inejecución de sentencia 3/2021, de su índice. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Se deja insubsistente el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Se ordena devolver los autos al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para los efectos indicados en el último considerando de esta ejecutoria." Acúsese recibo de estilo al tribunal oficiante; realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese contexto se destaca que la superioridad en la parte que interesa señaló: "Así las cosas, si bien al haber sido dado de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con motivo de la solicitud a título personal que efectuó el quejoso, las autoridades responsables se encuentran imposibilitadas material y jurídicamente, para dictar un nuevo acto que imponga eventualmente un nuevo correctivo disciplinario en contra del peticionario de amparo, en tanto que éste ha dejado de estar sometido bajo su potestad, lo objetivamente cierto es que las enjuiciadas sí están en aptitud de restituir al quejoso en el goce del derecho que transgredido, mediante una nueva resolución en la que se exprese categóricamente, que la orden de arresto reclamada queda insubsistente con motivo de la protección constitucional otorgada en el juicio de amparo 77/2020, y en su caso, que existe imposibilidad para dictar un nuevo acuerdo, con motivo de la baja del elemento (quejoso). Ello, porque el hecho de que el justiciable hubiera dejado de pertenecer a la institución castrense, no significa que las autoridades responsables estén imposibilitadas material ni jurídicamente para reparar una actuación, respecto de la cual se demostró, en sede jurisdiccional, que contravino el derecho de legalidad, en su vertiente de fundamentación y motivación, previsto en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal. Considerar lo contrario, conllevaría a dejar subsistente un acto de autoridad que fue declarado inconstitucional dentro del expediente profesional del quejoso, por el mero hecho de que operó una modificación en su situación laboral al haber solicitado su baja dentro de la corporación militar, lo que evidentemente representaría restar eficacia al juicio de amparo promovido por el justiciable, en transgresión de una debida impartición de justicia tutelada en el ordinal 17 constitucional. Sin que pase inadvertido para este tribunal colegiado, el hecho de que la orden de arresto no fue emitida dentro de un procedimiento administrativo disciplinario propiamente dicho, sino que se trató de una medida disciplinaria expedida de manera autónoma; empero, esa circunstancia no impide en modo alguno, que en los mismos términos, las autoridades responsables estén en aptitud de atender al efecto ordenado en la sentencia de amparo, consistente en dictar una nueva determinación en la que se haga constar que la orden de arresto de ocho de septiembre de dos mil diecinueve, queda insubsistente con motivo de la protección constitucional que fue otorgada al justiciable, en el juicio de amparo 77/2020, y en su caso, como ya se dijo, que se encuentran impedidas para dictar un nuevo acuerdo con motivo de la baja del quejoso. En mérito de lo anterior, se concluye que en la especie no existe impedimento para lograr el cumplimiento de la sentencia protectora, por lo que debe dejarse insubsistente el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, y ordenarse la reposición del procedimiento de ejecución para tal efecto, devolverse los autos al juez de Distrito para que continúe con el procedimiento establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo, y proceda a requerir a las responsables en los términos indicados." En consecuencia con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo requiérase al Comandante de la Compañía de la Policía Militar de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaria de la Defensa Nacional y al Director General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaria de la Defensa Nacional, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento al fallo protector es decir realicen lo siguiente: 1. Consideren que por virtud de esta sentencia ha quedado insubsistente la orden de arresto de ocho de enero de dos mil veinte, decretada en contra del ahora quejoso. 2. Emitan otra resolución, en la que de manera fundada y motivada, con libertad de decisión, resuelvan lo que en derecho corresponda respecto de la conducta que se atribuyó al quejoso. Es importante destacar que al ser autoridades obligadas al cumplimiento, deberán agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir el cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual está vinculada en todas las etapas correspondientes por haber sido la autoridad responsable en el presente juicio. Asimismo, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo requiérase al Secretario de la Defensa Nacional, para que en su calidad de superior jerárquico obligue a las citadas autoridades a efecto de que dén cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad omisa, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192 párrafo tercero, y 194 párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades que, de no acatar lo ordenado: Se les impondrá de manera respectiva una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Notifíquese.

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