Martha Irene Palacios Blas

Expediente 1561/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1561/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Martha Irene Palacios Blas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto; I. El oficio de cuenta signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria relativa al recurso de queja ********************, interpuesto por la quejosa ********************, anexando el original del juicio de amparo ********************. Ahora bien, de los puntos resolutivos de la ejecutoria en mención, se desprende lo siguiente: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto ********************, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, que desechó la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclamó el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, emitida en el expediente ********************". II. El estado de autos, en donde se advierte que la tramitación del presente juicio, aun no se encuentra regulado conforme lo dispuesto en los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: En atención al punto I, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó, agréguese a los autos únicamente los originales que obran en el mismo; y respecto de las restantes, se ordena su destrucción. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto la superioridad declaró infundado el recurso de quejosa interpuesto en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; este órgano considera innecesario que la comunicación se haga de manera personal, en la medida en que la firmeza adquirida por dicha resolución y el sentido del proveído, no afecta a la seguridad procesal de las partes ni los deja en estado de indefensión, aunado a que el presente proveído no se ubica dentro de los supuestos de notificación personal que indica el dispositivo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, porque no se trata del desechamiento primigenio de la demanda, sino de la confirmación de esa decisión, por lo anterior, se ordena a los actuarios adscritos que la notificación de este proveído se haga por lista. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónico de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. - REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. D. - DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. Por lo que hace al punto II: Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DE EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye al secretario de Jugado adscrito, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, primero de diciembre de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del juicio de amparo del que deriva el presente cuadernillo, además informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto, recayéndole el número 423/2022. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos y téngase a la superioridad acusando recibo del recurso referido en el párrafo que antecede. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice la captura correspondiente del recurso citado supralíneas. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Vistos: I. El oficio SEADS/692/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la adscripción de la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, como titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. II. La comunicación signada por la secretaria de acuerdos de juzgado en funciones de Jueza Primera Especializada en Materia Burocrática, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, que transcribe el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral ********************, origen del acto reclamado, mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia y solicita se vincule al mismo a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas y a la Tesorería General del Estado. Al efecto se acuerda: En atención a lo indicado en el punto I, se hace saber a las partes la adscripción de la titular de este Juzgado. Lo anterior, de conformidad en la jurisprudencia 104/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Atinente al apartado II, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Ahora bien, en atención a lo anterior, téngase por hechas las manifestaciones en el sentido en que las hace, por lo que se le tiene en vías de cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio, quedando en espera del cumplimiento total de la misma. En relación al impedimento manifestado para dar cumplimiento; como lo solicita, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193, párrafo cuarto, y 197, de la Ley de Amparo, en relación con el 17, Constitucional, se vincula con el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en virtud de ser parte demandada en el juicio ********************, de origen, no así a la diversa Tesorería General del Estado, pues no es parte dentro del referido juicio natural. Por lo anterior, se le requiere en su carácter de autoridad vinculada para que dentro del término no mayor de diez días contado a partir de que sea notificada del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia constitucional de veintidós de julio de dos mil veintiuno, para lo cual se le remite copia certificada de la misma. Asimismo, hágase saber a la autoridad Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, que lo ordenado en este proveído es para dar cumplimiento al fallo protector dictado en este juicio de amparo, por lo que al ser autoridad vinculada, está obligada a realizar dentro del ámbito de su competencia los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, quedando sujeta a las mismas responsabilidades que alude el capítulo I, del título tercero, de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento y ejecución de sentencias de amparo. Se apercibe a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, en su carácter de autoridad vinculada, que de no cumplir con lo aquí ordenado o de no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, con fundamento en el artículo 193, de la Ley de Amparo, en relación con el 258, de la ley de la materia; se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se dará vista a su superior jerárquico que en el caso lo es, el Gobernador del Estado de Chiapas, quien en términos del artículo 194, de la legislación en comento, incurrirá en responsabilidad por falta de cumplimiento de la sentencia aquí dictada, si la autoridad responsable y aquélla vinculada no cumplen con el fallo protector. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra los actos del Juzgado Tercero del Ramo Civil de este Distrito Judicial, residente en esta ciudad. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1561/2022-I y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al tenor literal establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Común, página: 509, de texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, al respecto cabe advertir que la quejosa hizo valer como acto reclamado en su escrito de demanda lo siguiente: La sentencia interlocutoria dictada el catorce de octubre de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de diecinueve de agosto de este mismo año, en el que se declaró firme el auto que aprobó el remate dentro del juicio ejecutivo mercantil 899/2012. Expuesto lo anterior, este juzgador estima que el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo. Los anteriores preceptos legales, revelan que el juicio de amparo que se tramita ante el Juez de Distrito, sólo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y que en el supuesto que se trate de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, contra la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución, la cual determine como cumplida o no la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen del procedimiento citado; así mismo, que tratándose de procedimientos de remate se entenderá como última resolución aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria y la entrega de los bienes rematados. Con base en lo anterior, se afirma que el acto reclamado no es de los previstos por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues dicho numeral acota la procedencia el juicio constitucional contra actos emitidos en los procedimientos de remate cuando se haya emitido la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación de forma voluntaria y la entrega de los bienes rematados. Supuesto normativo que no se actualiza en relación con el acto reclamado en el presente juicio, pues si bien es una resolución dictada en la etapa de remate dentro de un juicio ejecutivo mercantil, no se trata de aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria ni la entrega del bien rematado. Así las cosas, si el acto reclamado fue emitido dentro del procedimiento de remate, es de concluir que no se ubican dentro de los supuestos de procedencia del juicio de amparo a que hace referencia la multicitada norma legal. En ese tenor, se reitera que en la especie se surte plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, ya que respecto al acto reclamado, el juicio de garantías es notoriamente improcedente, toda vez que aún no se ha dictado la última resolución en el procedimiento de remate de que se trata; en consecuencia, la parte quejosa se encuentra en aptitud de impugnar todas las determinaciones que a su estimación se tilden como violaciones de derechos humanos en su perjuicio, en el momento en que se dicte ésta. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Así como la diversa 1a./J. 57/2019 (10a.), sustenta por la misma Sala, que dice: ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. DESECHAMIENTO. Por lo anteriormente considerado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto que reclama del Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda, en esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado a las personas que señala, en términos amplios que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, en virtud de tener registradas sus cédulas profesionales en el Registro de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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