Martha Ines Rodriguez Leal

Expediente 1869/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1869/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Martha Ines Rodriguez Leal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a siete de abril de dos mil veintidós. VISTA la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada dentro del presente juicio de amparo dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Por otro lado, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1869/2021, promovido por Martha Inés Rodríguez Leal, por conducto de su representante legal Joel Vicente Flores Sarno; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, ante la plataforma electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), recibido en este juzgado el mismo día, compareció Martha Inés Rodríguez Leal, por conducto de su representante legal Joel Vicente Flores Sarno, a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia esta ciudad, por considerarlas violatorias del derecho fundamental consagrado en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO.- El dejar de dictar las medidas necesarias a fin de que se certifique que no existen pruebas por diligenciar, el dejar de declarar cerrada la instrucción, y el dejar de dictar laudo o en su caso certificar cuales se encuentra pendiente de diligenciar, lo anterior dentro del expediente 52/E08/2017.". Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 1869/2021; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento de los terceros interesados, y se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el juicio laboral 52/E08/2017, y considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de certificar la inexistencia de pruebas pendientes de diligenciar. El dejar de declarar cerrada la instrucción procesal y dictar laudo. Lo anterior, dentro del expediente laboral 52/E08/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto que se le atribuye, sin embargo, en el mismo informe realiza manifestaciones de las que se advierte su certeza, pues refiere que el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno emitió la certificación de inexistencia de pruebas pendientes por diligenciar. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como plenamente probado el acto reclamado a la responsable. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, del texto y rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Asimismo, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto, dicha causal encuadra a través de la emisión de la certificación de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. En dicha determinación (dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno) se certificó la inexistencia de pruebas pendientes por desahogar, por lo que, se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran su conformidad con la misma o no, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacer manifestación alguna, y hubieren pruebas pendientes por desahogar, se les tendría por desistiéndose de las mismas; además, ordenó que en el momento procesal oportuno, se turnara el sumario al Auxiliar adscrito a fin de que dentro del término legal, emita el proyecto de resolución en forma de laudo. Por lo anterior, deviene inconcuso que cesó el efecto de la omisión reclamada a la autoridad responsable, puesto que con la emisión del auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se destruyeron sus implicaciones en forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación como si se hubiera otorgado el amparo; pues la pretensión de la parte quejosa era constreñir a la responsable a fin de que emitiera la certificación de inexistencia de pruebas pendientes por diligenciar dentro del sumario de origen, lo que en la especie aconteció. Por lo anterior, deviene inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de disenso formulados por la parte quejosa, son los que se contienen en la demanda, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación externados por la parte quejosa resultan infundados, respecto a la omisión de declarar cerrada la instrucción procesal y dictar laudo dentro del expediente laboral número 52/E08/2017. En ese sentido, es conveniente precisar que el impetrante aduce que se violentan en su perjuicio las garantías contenidas en el artículo 17 Constitucional, al aplicar inexactamente la autoridad responsable el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, precepto que se trae a la vista para una mejor comprensión: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." Visto lo anterior, es importante precisar que el numeral transcrito establece que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos por las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar, y concluida la vista dada a las partes, el auxiliar de oficio declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes deberá formular por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. Luego, en el presente asunto se reclama la omisión de declarar cerrada la instrucción procesal y dictar laudo dentro del sumario natural, y, de las documentales aportadas por la autoridad responsable, a través de su informe justificado, se llega a determinar que el estado de los autos del expediente laboral 52/E08/2017, al momento de presentar la demanda, no permitía declarar el cierre de instrucción procesal, mucho menos de dictar el laudo correspondiente, ello toda vez que no fue sino hasta el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno cuando se emitió auto en el que se certificó la inexistencia de pruebas pendientes por diligenciar, otorgándose término de tres días a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Y, como se destacó, previo al cierre de instrucción procesal y del dictado del laudo que se reclama, una vez emitida la certificación de inexistencia de pruebas pendientes por diligenciar, y transcurrido el término de tres días concedido a las partes para que manifestaran su conformidad o no con dicha certificación, el auxiliar declarará el cierre de instrucción dentro del sumario de origen, y dentro de los diez días siguientes, emitirá el proyecto de resolución en forma de laudo, empero, la emisión de la aludida certificación aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es decir, hasta el dieciséis de noviembre del año que transcurre. Con lo anterior, se pone de manifiesto que la estadía procesal del sumario de origen, no permite el cierre de instrucción ni el dictado del proyecto de resolución en forma de laudo. Puesto que no se han agotado las fases procesales establecidas en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo; y toda vez que el sumario laboral no se encuentra en el momento procesal oportuno, la responsable se encuentra impedida para dictar la resolución reclamada. Ello a razón de que a la presente fecha no existe constancia dentro del sumario en el que se actúa, que ponga de manifiesto que la secuela procesal contemplada en el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo ha culminado, es decir, que se haya notificado a las partes la certificación de inexistencia de pruebas pendientes por diligenciar, por lo que no ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifiesten su conformidad con la misma, y en consecuencia, dentro del sumario de origen no es posible dictar el cierre de instrucción, ni ha transcurrido el término para que el auxiliar emita el proyecto de laudo. De todo lo anterior, se concluye que el acto reclamado debe existir al presentar la demanda y no posterior a ello. En apoyo a lo anterior se cita el criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 273, del Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." Por ello, resulta infundada la manifestación que realiza la parte quejosa en contra de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y como consecuencia de lo anterior, se debe negar el amparo en el presente juicio. Sin perjuicio de que, si subsiste la omisión reclamada precisada en el presente considerando, esta puede ser subsanada por esta vía, a través de la interposición de un nuevo juicio de amparo. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se

  3. Principal

    ...agréguese el oficio de Teléfonos de México, mediante el cual informa que no encontró registro a nombre del citado tercero interesado en su base de datos; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de los informes que obran en autos, específicamente del rendido por el Jefe del Departamento de la Unidad Modelo de Investigación Policial, se desprende domicilio en el que pueden ser localizados los terceros interesados N.T.G. y A.B.M., el cual se indica en sobre cerrado. En tal virtud, con fundamento en los numerales 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la Zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda emplace a juicio a los terceros interesados de iniciales N.T.G. y A.B.M., en los domicilios que se le enviaran para el efecto en sobre cerrado y les notifique el presente auto, así como el acuerdo de radicación y corra traslado con copia de la demanda de amparo. Asimismo, les requiera para que dentro del término de tres días legalmente computados señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos de que, de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se practicarán por lista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 fracción II, de la ley de la materia Notifíquese; por exhorto al tercero interesado.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable al rendir el informe de cuenta, no hizo manifestación alguna sobre el carácter que ostenta Joel Vicente Flores Sarno, dentro del expediente laboral número 52/E08/2017, respecto de la aquí directamente quejosa Martha Inés Rodríguez Leal. En tal virtud, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere al Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS legalmente computados, informe a este órgano jurisdiccional el carácter que ostenta el licenciado Joel Vicente Flores Sarno dentro del expediente laboral número 52/E08/2017; y en su caso, remita copia certificada del documento con el cual compruebe su dicho. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de no cumplir dentro del término concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, página 309, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Finalmente, tomando en cuenta que en esta propia fecha se le da vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, y sus anexos, con fundamento en el artículo 117 párrafo segundo de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia por Contradicción de Tesis número 54/2000, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XI, Novena Época, de Abril del 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que al rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 17,203 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano