Martha Inés Celia Huerta Franco
Expediente 163/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Martha Inés Celia Huerta Franco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el cual remite el expediente original del juicio de amparo 163/2021-III, del índice de este Juzgado, y copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de inconformidad 17/2022, de la que se advierte se resolvió declarar infundado dicho medio de impugnación. ....... comuníquese lo anterior a las partes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, toda vez que mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós se ordenó el archivo judicial del presente asunto, devuélvase el expediente al mismo.... Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el original del juicio de amparo 163/2022 y el original y copia del escrito de agravios; asimismo, hace del conocimiento de este juzgado, que el nueve de noviembre pasado, admitió el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el que se declaró que la sentencia amparadora ha sido cumplida, dando origen al recurso de inconformidad número 17/2022; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto, comuníquese a la Superioridad que quedan disponibles los autos del expediente para su consulta. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, de los que se advierte que las partes han sido notificadas del recurso de inconformidad interpuesto en autos por la parte quejosa, en contra del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el que se declaró que la sentencia amparadora ha sido cumplida. Por tanto, remítase el original del presente juicio de amparo y original del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, con sede en Apizaco, para que proceda conforme a sus atribuciones. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintidós, este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Martha Inés Celia Huerta Franco. El ocho de agosto del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de mérito, razón por la cual se requirió a la autoridad responsable, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, diera cumplimiento a la sentencia de mérito la cual había sido concedida para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la Martha Inés Celia Huerta Franco, para el efecto de que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente laboral 152/2007-B. 2. Con plenitud de jurisdicción, proceda acordar el escrito presentado por Martha Inés Celia Huerta Franco, el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, y prescinda de las consideraciones en el sentido de que la quejosa debe de promover diverso procedimiento para que se le otorgue la pensión por vejez. 3. Requiera a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, el cumplimiento del laudo de diecinueve de mayo de dos mil catorce y resolución aclaratoria de laudo de veintiuno de agosto del mismo año, en los que le fue reconocida entre otras prestaciones la pensión por vejez." En proveído de veintinueve de agosto de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio número 1667/2022 (folio 17146) signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante el cual remitió copia certificada del proveído de veinticuatro de agosto de dos mli veintidós, dictado en el expediente 152/2007-B, de su índice; por lo que en dicho auto se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, realizando las mismas únicamente la parte quejosa mediante escrito presentado el dos de septiembre pasado (folio 17666). En virtud de lo anterior, se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta esta Juzgadora Federal de las constancias que remitió la autoridad responsable, en efecto, mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 152/2007-B, de su índice, se dejó insubsistente el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el referido expediente laboral y se dictó el ya mencionado de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Asimismo, acordó el escrito de veintiséis de abril de dos mil veintiuno presentado por la parte quejosa, en el que, en lo que aquí interesa, hizo del conocimiento que, en el laudo de diecinueve de mayo de dos mil catorce, como de su aclaración de veintiuno de agosto del mismo año, se determinó que todos los servidores públicos que contribuyen al fondo de Pensiones Civiles por al menos quince días quince años, tiene derecho a reclamar la pensión por vejez ante Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala y, toda vez que la parte actora -aquí quejosa-, laboró por un periodo de veinticinco años ininterrumpidos, era dable condenar a tal institución al otorgamiento de la pensión por vejez. Asimismo, la autoridad responsable precisó que no se pronunció respecto a los términos de concesión de la pensión correspondiente, como lo es el monto, periodicidad o temporalidad, toda vez que ello debe ser resuelto por la entidad pensionadora, en virtud de ello, ordenó dar vista a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado a efecto de que procediera a cuantificar el 9% que le correspondía a patronal y, el 6% que le correspondía al trabajador, más la sanción e intereses moratorios que se hubieren generado por todo el tiempo que duró la relación laboral hasta que se dé el cumplimiento del laudo, en términos de lo establecido en los artículos 17 y 23 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, la cual debe formar parte del procedimiento de ejecución. Por último, la responsable requirió a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, para que en el plazo de cinco días hábiles de cumplimiento al laudo de diecinueve de mayo de dos mil catorce y resolución aclaratoria de laudo de veintiuno de agosto de dos mil catorce, en los que le fue reconocida entre otras prestaciones la pensión por vejez, apercibiendo a la citada entidad pensionadora que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa en términos de lo establecido en la Ley laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios. De lo anterior es que se considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa; por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, ya que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. No pasan desapercibidas las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito presentado el dos de septiembre pasado (folio17666), en el sentido de que no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que considera que la autoridad responsable desatiende lo establecido en ella, esto es, que el otorgamiento de la pensión quede al arbitrio de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, dado que dicha facultad es exclusiva del Presidente Ejecutor; asimismo, manifiesta que la autoridad responsable dice que la pensión que le corresponde es la estipulada en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala vigente publicada el veinticinco de octubre de dos mil trece, omitiendo valorar que la relación laboral de la quejosa concluyó el quince de junio de dos mil siete. En atención a ello, dígasele que como quedo precisado en párrafos que anteceden, la autoridad responsable requirió a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala el cumplimiento del laudo de diecinueve de mayo de dos mil catorce y resolución aclaratoria de laudo de veintiuno de agosto de dos mil catorce, en los que le fue reconocida entre otras prestaciones la pensión por vejez. Asimismo, dicha autoridad precisó que no se pronunció respecto a los términos de concesión de la pensión correspondiente, como lo es el monto, periodicidad o temporalidad, toda vez que ello debe ser resuelto por la entidad pensionadora. Finalmente, en relación a que la autoridad responsable dice que la pensión que le corresponde es la estipulada en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala vigente publicada el veinticinco de octubre de dos mil trece, omitiendo valorar que la relación laboral de la quejosa concluyó el quince de junio de dos mil siete, dígasele que dicha situación no formó parte de la concesión de amparo, por lo que ante ello, puede hacer valer sus derechos en la vía correspondiente. Por tanto, toda vez que en el presente proveído la sentencia de amparo se declara cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, este expediente es susceptible de depuración, por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorgó la autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado lo anterior, y toda vez que obran documentos catalogados como originales presentados por la parte quejosa, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo de noventa días, se destruirá junto con el expediente, de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo General antes mencionado. Finalmente, en el presente asunto obra copia certificada del expediente laboral número 152/2007-B, remitido por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, identificado como tomo I; en consecuencia, se ordena devolver el mismo a la autoridad responsable, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, en razón de que en su momento correrá agregada la constancia de notificación que se recabe para tal efecto. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público adscrito y por oficio a las autoridades responsable y terceras interesadas.
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