Martha Idalia González Uribe
Expediente 2997/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2997/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ciudad Victoria
- Martha Idalia González Uribe
Actuaciones
- Principal
Se declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas en turno, con sede en Ciudad Victoria, y se ordena remitir las constancias correspondientes. Esto, para que conforme a sus atribuciones y dentro del término señalado en el artículo 48 de la ley de la materia, determine si acepta o no la competencia que se plantea. Notifíquese.
- Principal
Vista la cuenta; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 1755/2023 de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a través del cual comunica que por auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por Martha idalia González Uribe. En consecuencia, al no existir actuación procesal pendiente de realizar, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Martha Idalia González Uribe; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 2997/2022-1, que por razón de turno le corresponde. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama el auto dictado el cinco de septiembre de dos mil veintidós, por la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el juicio de origen 1426/2022-18-01-03, mediante el cual aceptó la competencia del incidente resuelto por la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y desechó la demanda promovida por la aquí quejosa. Pues bien, dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el juicio de amparo indirecto por el numeral 37 de la Ley de Amparo, lo correcto es, en primer lugar, establecer si este órgano de control constitucional tiene competencia para conocer de este asunto. Sentado lo mencionado, es conveniente precisar que los preceptos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Entonces, de conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, será Juez competente para conocer del juicio de amparo, aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se advierte, específicamente en el apartado cuarto, punto XIX (Décimo Noveno) del aludido acuerdo, relativo a la jurisdicción territorial de los juzgados de distrito, en lo que interesa, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ejercen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de Abasolo, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, El Mante, Gómez Farías, Güemez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl. En consecuencia, si el juicio de origen se encuentra en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y si para fincar la competencia del órgano de control constitucional que debe conocer del amparo indirecto en estudio, ha de estarse a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, y en lo establecido por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, entonces, quien resulta ser competente para resolver el presente asunto es el Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en turno, porque es quien ejerce jurisdicción sobre la autoridad que aceptó la competencia declinada. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia PC.X. J/6 L (11ª.) del Pleno del Décimo Circuito, visible en la página 3039, Libro 15, Julio de 2022, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (registro 2024986), que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO QUE ADMITE LA COMPETENCIA QUE UNA AUTORIDAD LABORAL JURISDICCIONAL DECLINA EN FAVOR DE OTRA SIMILAR, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD LABORAL QUE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, AL CONSTITUIR UN ACTO QUE TIENE EJECUCIÓN MATERIAL (INTERPRETACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO).- Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si el acto reclamado consistente en el acuerdo que declina la competencia y el diverso que la admite, tiene o no ejecución material, lo anterior para efectos de fijar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del amparo en la vía indirecta. Criterio jurídico: El Pleno del Décimo Circuito determina que el acuerdo por el que una autoridad laboral jurisdiccional declina la competencia, atendiendo a la naturaleza de los actos, es de los considerados actos negativos, por lo que no tiene ejecución material, en tanto que el acuerdo por el que una autoridad laboral jurisdiccional acepta la competencia declinada, tiene naturaleza positiva y, por lo tanto, tiene ejecución material; por ello, es esta última determinación la que fija la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en términos de la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 343/2019, estableció que los actos se dividen de manera genérica de acuerdo con su naturaleza y consecuencias. Al respecto, importa destacar los positivos y los negativos; los primeros son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que la persona estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traduce en un hacer o en un no hacer que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de la persona. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. En tal contexto, el proveído mediante el cual una autoridad declina su competencia en favor de otra, es de los considerados negativos simples, en razón de que mediante esta resolución la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de la persona, esto es, a admitir la competencia por considerar que a otra autoridad le corresponde la misma; esta actuación no produce ningún efecto positivo dado que hasta ese momento no se impone alguna carga u obligación a la persona; en tanto que el acto de autoridad consistente en el auto que acepta la competencia declinada se constituye como un acto positivo, dado que tiene efectos materiales, al incidir en la esfera jurídica de la persona, porque la somete bajo su jurisdicción y la obliga a litigar el asunto ante ella, actualizando de tal forma la posibilidad que el procedimiento o juicio se tramite por una autoridad legalmente incompetente; por ende, para definir la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra tales actos resulta aplicable la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto es el que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubique la autoridad laboral jurisdiccional que acepta dicha competencia." En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y apartado cuarto, punto XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta, por ende, se ordena remitir la demanda original y copias correspondientes, al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en turno (por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria), por considerar que es quien debe conocer del asunto. Esto, para que conforme a sus atribuciones y dentro del término señalado en el artículo 48 de la ley de la materia, determine si acepta o no la competencia que se plantea. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de cuenta; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los citados en la demanda de amparo, asimismo, para esos efectos el correo electrónico: arnoldofloresharo@gmail.com. Además, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se otorga a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico solicitado, para los efectos que indica, con el nombre de usuario ArnoldoFlores y el correo electrónico antes señalado, por lo que se comisiona a la Oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico SISE), para que realice las gestiones administrativas tendientes a dar cumplimiento a esta determinación. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previo pago a costa del solicitante, identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva.Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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