Martha Hortal Chongo
Expediente 468/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Martha Hortal Chongo
Actuaciones
- Principal
MESA 5-A. SE AGREGA OFICIO. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios signados por la Jueza Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, mediante la cual, con el primero de ellos, acusa recibo del despacho 80/2022, orden 184/2022, de este índice estadístico, que se remitió para efectos de notificar la determinación de veinte de abril de este año, a la parte quejosa XXXX. Por otra parte, con el segundo de los comunicados de cuenta, devuelve diligenciado el despacho mencionado en el párrafo que antecede, del índice de este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo. Dese de baja la citada comunicación, hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA ESTADO DEDECHAMIENTO. Ahora, visto el estado procesal que actualmente guardan los presentes autos, las constancias que anexa la autoridad oficiante, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, contra el proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los ordinales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto. SE ORDENA ARCHIVO. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del precepto 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. NOTIFICACIÓN POR LISTA. Finalmente, vista la certificación que antecede, las constancias que anexa la autoridad oficiante y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de veinte de abril de este año, para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que realizara manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento a que le conminó en el mencionado proveído, por lo que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de amparo.
- Principal
MESA 5-A. Se tiene por recibido el oficio de la Secretaria Auxiliar de Acuerdos adscrita a la Subsecretaría General de Acuerdos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento al proveído de quince de marzo del año en curso, remite copia digitalizada del escrito de demanda de amparo promovida por XXXX, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al haberse declarado legalmente incompetente, para conocer del mismo, por las razones que manifiesta y toda vez que dichos documentos cuentan con la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), se declara que tiene pleno valor probatorio. Ahora bien, por cuanto que la Secretaria Auxiliar de Acuerdos adscrita a la Subsecretaría General de Acuerdos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver del juicio de amparo de referencia, con fundamento en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional ACEPTA LA LEGAL COMPETENCIA PLANTEADA Y SE ABOCA AL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. Acúsese el recibo de estilo correspondiente por la misma vía. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 468/2022 mesa 5-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, pues, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II y 108, fracción III de la Ley de Amparo, por los siguientes razonamientos de índole jurídico.. Así, en relación con los actos que se reclaman a la autoridad responsable, consistente en la orden de suspensión o corte de luz o suministro de energía eléctrica en media tensión, este juzgador aprecia que no pueden considerarse propiamente actos de autoridad. En efecto, atento a las notas distintivas que estableció el Máximo Tribunal de la Federación, en el caso que nos ocupa no se configura una actuación susceptible de someterse al análisis constitucional, en tanto que los actos reclamados carecen de los requisitos señalados en los incisos a) y c) de la jurisprudencia antes citada, virtud a que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial, por lo que está ausente la vinculación de subordinación característica del acto de autoridad, como a continuación se verá. Expuesto lo anterior, conviene precisar que el acto reclamado en esta instancia deriva de controversias suscitadas entre usuarios del servicios de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad, teniendo, es decir, la litis planteada versa sobre consumo, cambio de medidores para medir éste, cobros y corte de servicios de suministro de energía eléctrica, por ello, teniendo que dicha dependencia no puede considerarse autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que el origen de su actuación es un acuerdo de voluntades entre el prestador del servicio - Comisión Federal de Electricidad- y el usuario, los que adquieren derechos y obligaciones recíprocas, esto es, la relación jurídica entre ellos no corresponde a la de autoridad y gobernado, porque el cobro de suministro de energía eléctrica no genera que la relación de coordinación se transforme de supra a subordinación, sino únicamente implica, en su caso, que la parte afectada deje de prestar el servicio contratado, sin que conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos; por tanto, el cobro del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad. Efectivamente, a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, se creó una nueva figura jurídica, la de empresa productiva del Estado, de carácter empresarial y con un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales. Asimismo, dicha reforma redefinió lo que debe entenderse por servicio público de energía eléctrica, conservando sólo las actividades de transmisión y distribución de energía como actividades estratégicas de Estado.. Por tanto, las diferencias que surjan entre éstos están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales de la Federación, acorde al contenido del artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se tratan de actos que se generaron por la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, dentro del procedimiento de comercialización de la energía eléctrica, la cual dejó de ser una actividad exclusiva del Estado, por disposición constitucional, de ahí que el quejoso esté en aptitud de hacer valer sus derechos ante la autoridad correspondiente.. En ese tenor, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II; por lo que con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por XXX, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.
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