Martha Herlinda Ruiz Giles
Expediente 918/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Martha Herlinda Ruiz Giles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
El dieciocho de octubre de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintidós de septiembre al cinco de octubre de dos mil veintidós; sin que hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintidós. Sí se tramitó incidente de suspensión, en el cual se concedió la suspensión definitiva. No existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada, el veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo solicitado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el Artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase el presente asunto en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Cindy En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe. 19794 y 19795 17187 24582, 24583 y 24584 30770
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 918/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, Martha Herlinda Ruiz Giles, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. La parte quejosa señaló vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 4, 16, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, la cual se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente 918/2021; se admitió a trámite mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación; y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. Mediante auto de tres de marzo de dos mil veintidós, se admitió la ampliación de demanda promovida por la quejosa. CUARTO. Audiencia constitucional. El veintiuno de junio del presente año se celebró la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en el acta respectiva y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado emana de una autoridad cuyo domicilio se encuentra en el territorio en el que se ejercen funciones de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto del escrito que constituye la demanda de amparo, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso, los actos reclamados en el presente juicio de amparo y las autoridades responsables, son los siguientes: De las autoridades responsables: Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Subdelegado de Pensiones de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Jefe del Departamento de pensiones y Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Se reclama: La suspensión de los pagos que corresponden a la pensión por jubilación con número 1102821 que se concedió a la quejosa Martha Herlinda Ruiz Giles. Los descuentos futuros e inminentes que se hagan a la pensión por jubilación con número 1102821 concedido a la quejosa. La emisión del oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./C.S./183/2022, de tres de febrero de dos mil veintidós. De las diversas responsables señaladas en la ampliación de demanda, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y Senadores; Secretario de Gobernación; Secretario de Hacienda y Crédito Público; y, encargado de Diario Oficial de la Federación; se reclama lo siguiente: a) La aprobación, expedición, sanción, promulgación, refrendo, firma, y publicación del artículo 12, fracción II, inciso A), del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los Trabajadores Sujetos al régimen al Artículo Décimo Transitorio por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. TERCERO. Inexistencia del acto. Ahora, en el presente asunto, no quedó demostrada la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables Delegado en Zacatecas y Subdelegado de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistentes en: La suspensión de los pagos que corresponden a la pensión por jubilación con número 1102821 concedido a la quejosa Martha Herlinda Ruiz Giles; los descuentos futuros e inminentes que se hagan a la citada pensión por jubilación; y la emisión del oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./C.S./183/2022, de tres de febrero de dos mil veintidós, pues fueron diversas autoridades las que participaron en la emisión de los actos reclamados. De igual forma, tampoco quedaron acreditados los actos atribuidos a las autoridades Cámara de Diputados; Cámara de Senadores; y, Secretario de Gobernación, consistente en la aprobación, expedición, sanción, promulgación, refrendo, firma, y publicación del artículo 12, fracción II, inciso A), del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los Trabajadores Sujetos al régimen al Artículo Décimo Transitorio por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior, toda vez que el Presidente de la República fue quien expidió el citado reglamento en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sin que la parte quejosa haya ofrecido pruebas para desvirtuar esas negativas. En consecuencia, se impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados y autoridades antes precisadas. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Jefe del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal Zacatecas; Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Zacatecas; ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; del Presidente de la República (a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, remitido por el director general de amparos contra actos administrativos); y, del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, toda vez que así lo reconocieron al momento de rendir sus informes justificados. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Además, con relación a las primeras dos autoridades, esa certeza se corrobora con la documental que se acompañó a su informe justificado, consistente en el escrito de petición recibido el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, al que se le dio respuesta a través del oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./C.S./183/2022, de tres de febrero de dos mil veintidós; documental con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, así como por la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Del mismo modo, con relación a la expedición del reglamento combatido, la certeza se encuentra plenamente comprobada en virtud de que el proceso que le dio origen es notorio y no está sujeto a prueba de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, además de que el derecho no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". QUINTO. Causal de improcedencia actualizada. La autoridad responsable Delegado en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado por conducto de la Jefa de Unidad Jurídica del mismo instituto, señala que en relación a los actos reclamados consistentes en: La suspensión de los pagos que corresponden a la pensión por jubilación con número 1102821 que se concedió a la quejosa Martha Herlinda Ruiz Giles; y, Los descuentos futuros e inminentes que se hagan a la pensión por jubilación con número 1102821 concedido a la quejosa. Se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, analizados los argumentos esgrimidos por la citada autoridad responsable, le asiste la razón, toda vez que los actos que se reclaman fueron consentidos tácitamente. Robustece lo anterior, la tesis III.2o.P.255 P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, perteneciente a la Novena Época, con número de registro 163630, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 3028, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." Ahora bien, para sustentar la causal de improcedencia antes invocada, es preciso señalar que la fracción XIV del artículo 61, así como los preceptos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad(.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [...] "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La interpretación de los últimos dos artículos transcritos, pone de relieve que el término para promover la demanda de amparo es de quince días a partir: 1. Del día siguiente a la fecha en que surta efectos, conforme a la ley que rige la materia, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Del día siguiente a la fecha en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto o resolución reclamada. 3. Del día siguiente a la fecha en que la parte disidente se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución. Así pues, si la demanda de amparo no se presenta dentro del término de los quince días indicado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, entonces, el acto o resolución reclamada, debe considerarse consentido conforme a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XIV, del ordenamiento indicado. En el caso, se reclama la suspensión de los pagos que corresponden a la pensión por jubilación con número 1102821 que se concedió a la quejosa Martha Herlinda Ruiz Giles, así como los descuentos futuros e inminentes que se hagan a la pensión por jubilación. Ahora, de las constancias que aportó la autoridad responsable Delegado en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto de la Jefa de Unidad Jurídica del mismo instituto, que se tuvo por recibida por auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno (foja 287), consistente en la copia certificada del acta administrativa de declaración que se encuentra en la situación de compatibilidad de pensiones (fojas 83) de quince de febrero de dos mil veintiuno, se advierte que en esa fecha Martha Herlinda Ruiz Gilez, ahora quejosa, tuvo conocimiento de los actos que reclama al haber comparecido y firmado, en conjunto con los demás intervinientes el acta administrativa de declaración de que se encuentra en la situación de compatibilidad de pensiones (pensión por jubilación número 1102821 y pensión por viudez número 1167569). Siendo patente que desde esa fecha Martha Herlinda Ruiz Gilez, se ostentó sabedora del acto reclamado, pues incluso el acta fue firmada por ella misma. Todo lo cual no deja lugar a dudas de su conocimiento de los actos reclamados en esta instancia constitucional, por lo menos desde el quince de febrero de dos mil veintiuno. Entonces, es evidente que el término de quince días contemplado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera su demanda de amparo, empezó a computarse a partir del día siguiente a la fecha en que la parte disidente se ostentó sabedora del acto reclamado, que como ya se dijo fue el quince de febrero de dos mil veintiuno. Es decir, el término transcurrió del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno al ocho de marzo de esa misma anualidad, descontándose en dicho lapso los siguientes días: veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de febrero, así como seis y siete de marzo de ese mismo, por haber sido sábados y domingos, y por ende, días inhábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, acorde a lo establecido por el citado numeral 19 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, si el escrito por medio del cual, la parte quejosa presentó su demanda de amparo fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno (como se aprecia a foja 2 del sumario de amparo), es inconcuso que para esta última fecha ya había transcurrido el término de quince días que fija el citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Motivo por el cual, se reitera, al resultar improcedente el juicio de amparo en relación a los actos reclamados consistentes en: la suspensión de los pagos que corresponden a la pensión por jubilación con número 1102821 que se concedió a la quejosa Martha Herlinda Ruiz Giles y los descuentos futuros e inminentes que se hagan a la pensión por jubilación citada, atribuida a las autoridades responsables Jefe del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal Zacatecas; Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Zacatecas; ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, resulta procedente sobreseer en el juicio con fundamento en lo dispuesto por el precepto 63, fracción V, de dicha ley. Se cita en apoyo la tesis con registro 213738, consultable en la página 202, del Tomo XIII, enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Por otro lado, en relación al diverso acto consistente en la emisión del oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./C.S./183/2022, de tres de febrero de dos mil veintidós, reclamado al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del estado, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]". Dicha causa se fundamenta también en la jurisprudencia VI. 2º. J/998, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". En términos del precepto legal y la jurisprudencia antes citados, se tiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos tácitamente y no se impugna por vicios propios. En efecto, al aceptar un acto expresa o tácitamente, el gobernado debe aceptar y someterse a sus consecuencias jurídicas, por servirle de sustento, pues antijurídico e ilógico sería estar de acuerdo con el primero, pero no aceptar los segundos como sus efectos. La anterior consideración tiene apoyo en la tesis 179, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Para tener por actualizado el motivo de improcedencia invocado, deben cumplirse dos condiciones básicas, a saber: 1. Que el acto reclamado carezca de autonomía e individualidad, siendo consecuencia necesaria, directa e inmediata de otro. 2. Que ese otro acto, del cual deriva el impugnado por la vía del juicio de amparo, se repute por la ley como consentido. Ahora, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte, que el quince de febrero de dos mil veintiuno, en el local que ocupa el departamento de pensiones y seguridad e higiene compareció la ahora quejosa Martha Herlinda Ruiz Gilez, en la cual señaló que es pensionista por jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del estado de Zacatecas, así como se le otorgó la pensión por viudez (fojas 83). Con motivo de esa comparecencia se levantó acta administrativa de declaración de que la pensionista se encuentra en la situación de compatibilidad de pensiones. En esa propia acta se asentó: ". POR ALO QUE EN USO DE LA PALABRA LA C. LIC. VERONICA SANTOS SOSA, ENCARGADA DE LA SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES, LE HACE SABER A LA MENCIONADA PENSIONISTA QUE LA LEY Y EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE REFERENCIA CONTEMPLAN LA COMPATIBILIDAD DE LAS CITADAS PENSIONES, POR LO CUAL PODRÁ DISFRUTAR DE AMBOS BENEFICIOS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA SUMA DE LAS DOS PENSIONES NO DEBE EXCEDER EL TOPE MÁXIMO LEGAL DETERMINADO POR EL ARTÍCULO 12 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO PREVIAMENTE CITADO, QUE A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2021 QUE ES DE $26,886.00 (VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) EQUIVALENTE A DIEZ VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN ELEVADA AL MES EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, LA SUMA D ELAS DOS PENSIONES ES DE $44,030.40 (CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS 40/100 M.N.) SUMA QUE EXCEDE DEL TOPE MÁXIMO CITADO, AHORA BIEN, CONSIDERANDO QUE LA BAJA POR FALLECIMIENTO DEL PENSIONISTA OCURRIÓ EL 23 DE FEBRERO DEL 2020, PASA A DISFRUTAR EL BENEFICIO DE AMBAS PENSIONES, EN LA INTELIGENCIA DE NO REBASAR EL TOPE DE LA PENSIÓN.." De lo anterior, se advierte que el acto reclamado, consistente en la emisión del oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./C.S./183/2022, de tres de febrero de dos mil veintidós, reclamado a la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del estado, carece de autonomía, por cuanto a que es una consecuencia directa del "acta administrativa de declaración de que el pensionista se encuentra en la situación de compatibilidad de pensiones" de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, levantada en el local que ocupa el departamento de pensiones y seguridad e higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que es indudable que existe una relación entre ambos, surtiéndose así el primer requisito para ser un acto derivado de otro consentido. Lo anterior es así, porque la respuesta dada a la ahora quejosa mediante el oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./C.S./183/2022, de tres de febrero de dos mil veintidós, por la responsable Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del estado, únicamente fue consecuencia de la determinación pronunciada en la referida acta administrativa, en la que participaron además, como testigos el Jefe de Departamento de Pensiones y la titular del departamento de Apoyo Administrativo de Pensiones. Ahora, el segundo requisito también se cumple, pues "el otro acto", es decir, el acta administrativa de declaración de que el pensionista se encuentra en la situación de compatibilidad de pensiones de quince de febrero de dos mil veintiuno, por la que se determinó que la ahora quejosa podrá disfrutar de la pensión por jubilación y la diversa relativa a la viudez, en la inteligencia que no debe rebasar el tope de la pensión que resulta ser $26,886.00 (VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), tal y como lo dispone el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue consentido por la parte quejosa, al omitir inconformarse en su contra. Igualmente, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, registro 232011, del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Primera Parte, Materia Común, Página 9, de contenido: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". En este sentido, es evidente que el acto reclamado a la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, consistente en la emisión del oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./C.S./183/2022, de tres de febrero de dos mil veintidós, deriva de otro consentido y, por ende, con fundamento en los artículos 61, fracción XIII, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo biinstancial. Finalmente, con la determinación precedente, este juzgador se encuentra impedido para estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado por el solicitante de la salvaguarda constitucional, pues a nada conduciría su análisis por haber resultado improcedente la acción constitucional intentada. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En virtud de lo anterior, resta analizar el acto atribuido al Presidente de la República, consistente, en: La promulgación, del artículo 12, fracción II, inciso A), del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los Trabajadores Sujetos al régimen al Artículo Décimo Transitorio por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo texto sirvió como fundamento del primer acto de aplicación en perjuicio de la quejosa. Acto que fue reclamado en esta vía, por considerar que su primer acto de aplicación se dio con la orden en la que se determinó el descuento de su pensión por jubilación; entonces, el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo a este acto, de acuerdo al criterio contenido en las siguientes jurisprudencias, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su Jose Evaristo aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar al acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c), que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martha Herlinda Ruiz Giles, por propio derecho, contra los actos y autoridades, que fueron precisadas en el considerando segundo, acorde a los motivos y fundamentos contenidos en los correlativos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza, hasta hoy veinte de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- Doy Fe. En Zacatecas, Zacatecas a veinte de septiembre de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe.
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... Zacatecas, Zacatecas, a siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obra como corresponda el oficio de cuenta por el cual el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa que recibió el oficio 13917/2022, que contiene el auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, al que se le adjuntó el diverso oficio 8579/2022 de tres de marzo del año en curso; no obstante, que de la lectura del escrito de ampliación de demanda, no le asiste el carácter de autoridad responsable. Al respecto, dígasele que dentro del presente juicio, la quejosa Martha Herlinda Ruiz Giles, reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: la aprobación, expedición, sanción, promulgación, refrendo, firma y publicación del artículo 12, fracción II, inciso A) y articulo 12, segundo párrafo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Articulo Decimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; respecto de dicho acto y autoridad, la Consultora Jurídica General informó que la representación de la misma corresponde a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Ampaos, motivo por el cual se le remitieron los oficios de referencia. Hágase lo anterior del conocimiento de la citada autoridad, en el domicilio que proporcionó para tal efecto, esto es, Avenida Insurgentes Sur número 795, Planta Baja, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, en la Ciudad de México. Notifíquese. ...
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Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado de autos y con la promoción con folio 10250. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Presidente de la Republica; sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el desahogo de la audiencia respectiva. Con su contenido, dese vista a las partes, para que en el término de ocho días manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Por tanto; para dar oportunidad de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado quien autoriza y da fe. Cindy En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
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