Martha Guzmán Jarquín y otro
Expediente 449/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Martha Guzmán Jarquín y otro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA VI B Vistos los autos y el cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el cuatro de junio del presente año (fojas 43 a 45), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.
- Principal
MESA VI B Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio 325 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que, en atención al requerimiento formulado en auto de veintiocho de mayo del presente año (foja 38 vuelta), remite copia certificada de la notificación realizada al quejoso, por conducto de su apoderado, del laudo de quince de mayo del actual, en donde se resolvió sobre la declaración de beneficiarios. Ahora bien, en la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se conoce que el quejoso Dahir Guzmán Jarquin, reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión de dictar la resolución correspondiente al procedimiento de investigación y declaración de beneficiarios en el juicio laboral número 71/2013. Por su parte, la autoridad judicial al rendir informe justificado, convino en la existencia del acto que se le reclama, manifestando que no se ha dictado resolución en forma del laudo dentro del expediente de origen (foja 20). Ante la incongruencia de lo vertido en el informe de Ley, en acuerdo de catorce de mayo del actual se requirió a la autoridad responsable remitiera copia certificada de las constancias que tuvieran relación al acto reclamado (omisión de dictar resolución en el procedimiento de investigación y declaración de beneficiarios), pues las que acompaño su a su informe se refería a la falta de emisión del laudo (foja 22). En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable remitió el original del expediente laboral 71/2013, así como el diverso 424/2010, en virtud que en el laudo emitido en el primero de los nombrados, se determinó que tenían relación; a su vez, informó que la declaración de beneficiarios, se resolvió a través del laudo emitido el quince de mayo del dos mil quince (foja 26). Ahora, de las documentales enviadas en el oficio de cuenta, se despende que dicha resolución fue notificada al aquí quejoso el uno de junio de dos mil quince, a través de su apoderado legal (fojas 42), Constancias que revisten el carácter de documentos públicos con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, mismas que evidencian que efectivamente la responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante laudo de quince de mayo de dos mil quince, emitido en el expediente laboral 71/2013 resolvió lo procedente sobre la declaración de beneficiarios (fojas 31 a 36) y la hizo saber al quejoso el uno de junio del dos mil quince a través de su apoderado legal(foja 42). Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable resolvió lo procedente a la declaración de beneficiarios mediante laudo de quince de mayo del dos mil quince y le notificó al impetrante dicha determinación, por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESASIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, fijada para las once horas cincuenta minutos del dieciocho de junio de dos mil quince; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
POR LISTA: MESA VI B Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio 325 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que, en atención al requerimiento formulado en auto de veintiocho de mayo del presente año (foja 38 vuelta), remite copia certificada de la notificación realizada al quejoso, por conducto de su apoderado, del laudo de quince de mayo del actual, en donde se resolvió sobre la declaración de beneficiarios. Ahora bien, en la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se conoce que el quejoso Dahir Guzmán Jarquin, reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión de dictar la resolución correspondiente al procedimiento de investigación y declaración de beneficiarios en el juicio laboral número 71/2013. Por su parte, la autoridad judicial al rendir informe justificado, convino en la existencia del acto que se le reclama, manifestando que no se ha dictado resolución en forma del laudo dentro del expediente de origen (foja 20). Ante la incongruencia de lo vertido en el informe de Ley, en acuerdo de catorce de mayo del actual se requirió a la autoridad responsable remitiera copia certificada de las constancias que tuvieran relación al acto reclamado (omisión de dictar resolución en el procedimiento de investigación y declaración de beneficiarios), pues las que acompaño su a su informe se refería a la falta de emisión del laudo (foja 22). En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable remitió el original del expediente laboral 71/2013, así como el diverso 424/2010, en virtud que en el laudo emitido en el primero de los nombrados, se determinó que tenían relación; a su vez, informó que la declaración de beneficiarios, se resolvió a través del laudo emitido el quince de mayo del dos mil quince (foja 26). Ahora, de las documentales enviadas en el oficio de cuenta, se despende que dicha resolución fue notificada al aquí quejoso el uno de junio de dos mil quince, a través de su apoderado legal (fojas 42), Constancias que revisten el carácter de documentos públicos con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, mismas que evidencian que efectivamente la responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante laudo de quince de mayo de dos mil quince, emitido en el expediente laboral 71/2013 resolvió lo procedente sobre la declaración de beneficiarios (fojas 31 a 36) y la hizo saber al quejoso el uno de junio del dos mil quince a través de su apoderado legal(foja 42). Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable resolvió lo procedente a la declaración de beneficiarios mediante laudo de quince de mayo del dos mil quince y le notificó al impetrante dicha determinación, por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESASIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, fijada para las once horas cincuenta minutos del dieciocho de junio de dos mil quince; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA VI B Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio 317 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que, en atención al requerimiento formulado en auto de veintidós de mayo del presente año (27), manifiesta su imposibilidad para remitir las constancias del notificación solicitadas, toda vez que el expediente original 71/2013 de su registro, se encuentra en este órgano jurisdiccional. En ese orden, a efecto de la autoridad responsable de que se trata, esté en condiciones de realizar las notificaciones a las partes del laudo de quince de mayo de dos mil quince, dictado en el juicio laboral 71/2013 de su registro, en donde se resolvió sobre la declaración de beneficiarios (material del acto reclamado), previa copia certificada del laudo de quince de mayo pasado, que se deje en autos, devuélvase a la autoridad responsable los originales de los expedientes laborales 424/2010 y 71/2013 de su índice, que acompañó a su informe justificado. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del plazo de tres días, siguiente a su legal notificación, remita a este órgano de control constitucional copia certificada de la notificación realizada a la parte quejosa del laudo de quince de mayo de este año, en donde se resolvió sobre la declaración de beneficiarios (material del acto reclamado). Apercibido que de no hacerlo se hará acreedora a una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de los preceptos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En este orden, para dar margen a recibir las constancias solicitadas en este proveído y acordar lo relativo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.
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