Martha Guillen Sanchez
Expediente 1460/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1460/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martha Guillen Sanchez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacan, catorce de noviembre de dos mil veintitres. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario en cita, al que adjunta el amparo directo civil número 843/2022, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, en contra de los actos reclamados al Juez Tercero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, toda vez que la Alzada declaró carecer de competencia legal para conocer del libelo constitucional, ordenando remitirlo al Juzgado de Distrito en el Estado en turno, con sede en esta ciudad, al considerar que el acto que en esta vía se reclama no constituye una sentencia definitiva. Acúsese recibo de estilo correspondiente y hágase de su conocimiento que con esta fecha éste Órgano de control concentrado de Constitucionalidad, SE AVOCA al conocimiento de la demanda de cuenta; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número I-1460/2023-1. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como actos reclamados los autos de veintiuno y veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, donde no se le autoriza la devolución de los bienes embargados dentro del juicio de tercería excluyente de dominio número 501/2022, derivado del juicio ejecutivo mercantil número -. En atención a los actos reclamados se estima procedente desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XVIII, y 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El primero de los preceptos autoriza desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, el juez responsable determinó improcedente la devolución de los bienes embargados en diligencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dentro del juicio ejecutivo mercantil número-, que sobre pago de pesos promovió -, y el diverso proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que la responsable vuelve a negar la devolución de los bienes embargados. En efecto, resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia que dispone el artículo 61, fracción XVIII, con relación con el 107 fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Establecido lo anterior, cabe precisar que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues la quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Del citado artículo se desprende que, para estar en condiciones de instar con eficacia el juicio de amparo es necesario que el acto de autoridad reclamado tenga el carácter de definitorio, esto es, que sea la última y final determinación ordinaria que provenga de la autoridad de la que emana el acto que agravia al particular; lo anterior, en razón de que el juicio de amparo tiene como fundamento esencial su carácter de recurso de defensa extraordinario, esto es, que ante la autoridad de control constitucional sólo se deben analizar aquellos actos respecto de los que ya no hay posibilidad jurídica procesal de que puedan cambiar, en otras palabras, que el acto materia de la violación de garantías sea el pronunciamiento y decisión final de la autoridad responsable. Para satisfacer lo anterior, el gobernado tiene -como carga procesal- la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y defensa ordinarios que al efecto estén a su disposición por mandato del marco normativo que regule el acto que afecte su esfera jurídica; la obligación referida es lo que se conoce como la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. La obligación de mérito la exige esencialmente la fracción reproducida en relación a los actos provenientes de autoridades encargadas de la administración de justicia, esto es, sean judiciales o materialmente jurisdiccionales del orden federal, estatal, municipal y de cualquier materia, civil, mercantil, administrativo, familiar, agrario, fiscal, entre otras; así, cuando una de dichas autoridades emita un acto contra alguna de las partes que integren el elenco procesal del juicio o procedimiento que estén instruyendo bajo su jurisdicción, el particular habrá de agotar todos los mecanismos de defensa ordinaria que al efecto estén dispuestos a su favor para lograr la anulación, revocación o modificación de la determinación que le causa el agravio de que se duela. Por otro lado, y como complemento de lo anterior es necesario señalar el fundamento normativo en que se encuentra previsto el recurso o medio ordinario de defensa que en la especie la solicitante de amparo dejó de observar previamente al ejercicio de la acción constitucional, y que lo es el recurso de revocación previsto y regulado en el artículo 1334 del Código de Comercio, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. " La porción normativa citada prevé la procedencia del recurso de revocación en contra de los autos impugnados ante esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia publicada en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". De igual forma, por las razones que se exponen, en la diversa emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Agosto de 2007, Tomo XXVI, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad". En el caso que nos ocupa, los autos de veintiuno y veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, donde no se le autoriza la devolución de los bienes embargados dentro del juicio de tercería excluyente de dominio número -, derivado del juicio ejecutivo mercantil número -, son impugnables a través del recurso referido; de ahí que se actualice la improcedencia del mismo conforme a lo establecido en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, si el accionante constitucional no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el recurso de revocación en contra del auto que tiene por ofrecido el medio de prueba que refiere, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 1334 del Código de Comercio, toda vez que dicho ordenamiento establece el recurso idóneo para impugnar el acuerdo referido. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII, y 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo formulada por -, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Por otra parte, se tiene a la quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y se le tiene autorizando para ese efecto y en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a los licenciados -, toda vez que como se advierte de la constancia secretarial de cuenta, tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones, imponerse de los autos y recoger documentos a las demás personas que indica, hasta en tanto registren su cedula profesional en el referido sistema. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
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