Martha Guadalupe Mendoza García

Expediente 986/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
986/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/01/2022

Partes del expediente

  • Martha Guadalupe Mendoza García
  • Agente del Ministerio Público de la Mesa de Dos de Trámite en la Carpeta de Investigación TOL/CAJ/AIT/107/023259/20/01 ECO. 135/20

Actuaciones

  1. Principal

    L.- Toluca, Estado de México, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en el expediente relativo al recurso de queja 230/2021, en la cual determinó declarar infundado el recurso de queja interpuesto por Martha Guadalupe Mendoza García, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales K.D.M., contra el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo. Acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Escrito de queja Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese el escrito de la quejosa Martha Guadalupe Mendoza García, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto emitido por este juzgado federal el quince de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo. Se tiene por interpuesto el recurso Así las cosas, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la parte quejosa. Rendición de informe En ese sentido, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja en el sentido que es cierto que este juzgado federal emitió el proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la quejosa antes citada, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyos razonamientos se encuentran esbozados en el proveído combatido. Innecesario dar vista para señalar constancias Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deben remitirse a la superioridad para resolverlo, puesto que en virtud de la naturaleza del auto combatido no existen demás partes en este asunto. Remisión del recurso En atención a lo anterior, se comisiona al oficial judicial "A" adscrito a este juzgado de distrito encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que vincule el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del referido medio de impugnación; lo anterior hágase del conocimiento mediante el oficio que se envíe para tal efecto anexando el original del escrito que se provee y copia simple del mismo para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano colegiado. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Radicación Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra los actos y autoridades responsables, ******************** Desechamiento respecto de los actos reclamados señalados con el numeral 1) Con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social, y de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. En esa tesitura, en conformidad con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa hace consistir su reclamo a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de trámite en la carpeta de investigación ************************** , los siguientes actos reclamados: 1.1) la dilación procesal para integrar la carpeta de investigación antes citada, 1.2) la aplicación inexacta de la ley, al negar el acceso a la justicia, derecho fundamental y humano, al no formular imputación ante el Juez de Control cuando los delitos están plenamente probados, 1.3) el no actuar como institución pidiendo a la quejosa presentar denuncias por separado por cada delito y cada persona; y, 1.4) el no agregar la orden de aprehensión librada ******************* Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." De la interpretación del artículo transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, por tanto, se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o mecanismo previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Ahora, de la narrativa de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el peticionario tiene conocimiento de la existencia de la carpeta de investigación ***************************************. En esta tesitura, si el quejoso reclama 1.1) la dilación procesal para integrar la carpeta de investigación antes citada, 1.2) la aplicación inexacta de la ley, al negar el acceso a la justicia, derecho fundamental y humano, al no formular imputación ante el Juez de Control cuando los delitos están plenamente probados, 1.3) el no actuar como institución pidiendo a la quejosa presentar denuncias por separado por cada delito y cada persona; y, 1.4) el no agregar la orden de aprehensión librada contra Manuel Gustavo Domínguez López, dichos actos pueden ser revocados, modificados o nulificados, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues se estima que contra los actos reclamados es necesario que proceda como medio de defensa el previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre este tenor, se colige que el acto reclamado, debió combatirse a través del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo; por lo que antes de acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió agotar dicho medio de defensa, de ahí que debió interponer el recurso de referencia. Lo anterior evidencia que, el medio de defensa legal idóneo para combatir el acto reclamado es el previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pero como la parte quejosa no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional que se atiende, contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por los actos señalados en el numeral 1). Desechamiento respecto de los actos reclamados señalados con el numeral 2) En ese tenor, respecto al acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, consistente en la negativa de ordenar al Ministerio Público la formulación de imputación, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, 17 y 18 de la citada Ley de Amparo.Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo; y, (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De lo anterior se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previsto por la ley de la materia. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: 1. Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que pueden derivar de eso; 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y, 3. Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito para ser un acto consentido, pues la parte quejosa considera que le causa agravio que el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca haya negado ordenar al Ministerio Público se pronunciara respecto a la formulación de imputación. Ahora, por lo que hace al tercer requisito precisado, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de igual manera se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 de la propia ley, establece que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de ello o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquieras de las tres hipótesis establecidas. En el caso, el quejoso se duele de que el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, haya negado ordenar al Ministerio Público realizara la formulación de imputación, circunstancia de la cual la impetrante de amparo bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda en la narración de hechos en el apartado décimo afirmó que tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, toda vez que mediante promoción enviada a dicho juzgador, le solicitó se pronunciara respecto a que ordenara al agente del Ministerio Público formulara la imputación respectiva. Por tanto, es dable deducir que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento del acto reclamado el catorce de mayo pasado. Y considerando que los quince días para inconformase por medio del juicio de amparo comienzan a transcurrir al día siguiente de que el gobernado tenga pleno conocimiento del acto que considera violatorio, en el caso, tal término comenzó a partir del dieciocho de mayo del año en curso. En el contexto supracitado, si el plazo para interponer el juicio de amparo indirecto comenzó, para la parte quejosa, a transcurrir el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, feneció el siete de junio anterior, excluyendo los días inhábiles presentados en ese lapso de tiempo. Por lo que, resulta evidente que, al hacerse sabedor del acto reclamado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de los actos que se duele, la demanda que se analiza resulta extemporánea. e ahí que es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XIV en el artículo 61, de la Ley de Amparo, concatenado con lo dispuesto en los diversos 17 y 18 de esa normatividad, lo procede es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, en lo atinente al acto reclamado analizado y por los motivos expuestos anteriormente. Desechamiento respecto de los actos reclamados señalados con el numeral 3) y 4) Ahora, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Director de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito en el Estado de México, y el Licenciado Sabino William Lázaro Florencio, asesor Especializado de la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas del Delito en el Estado de México se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II (aplicado a contrario sensu), de la Ley de Amparo, En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. n virtud a lo anterior, se explica que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, el acto que en esta vía constitucional se reclama a las autoridades responsables consistente en que el asesor especializado en víctimas y ofendidos del delito que le fue asignado no ha hecho nada para que se integre la carpeta de investigación y la negativa de representar sus derechos de víctima y faltar al cargo que legalmente protestó ante la representación social, no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo, en razón que con ellos no se crean, modifican o extinguen, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de la parte quejosa, sino que son servidores públicos auxiliares en la impartición de justicia y que su conducta y desempeño laboral se rige por los estatutos y normativas de la misma dependencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 113, de la ley reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente respecto de dichas autoridades y actos reclamados citados con antelación. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio Conforme lo establecido por los artículos 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para que el quejoso oiga y reciba notificaciones, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    se emite acuerdo

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