Martha Griselda Avila Ramos

Expediente 256/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
256/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
14/06/2017

Partes del expediente

  • Martha Griselda Avila Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. E J E C U T O R I A Vista la certificación de cuenta así como el estado actual de autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido el auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído en el que sobreseyó fuera de audiencia, en esta instancia, HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el pedimento que remite la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, toda vez que mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Asimismo, como lo solicita el representante social, expídase copia certificada del proveído de veintiséis de mayo del año en curso, previa toma de razón que se deje en autos.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual rinde su informe justificado la autoridad responsable PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de las actuaciones correspondientes al dictado del laudo de fecha dos de octubre de dos mil quince y lo sucesivo en el expediente laboral 787/2011-IV de su índice. Ahora bien, atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, en el presente sumario constitucional. En efecto, la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: La omisión de acordar la promoción o escrito mediante el cual se le solicita tenga a bien proceder a la ejecución forzosa del laudo de dos de octubre de dos mil quince, escrito el cual fue presentado ante la oficialía de partes de la responsable en fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, en el expediente laboral 787/2011-IV. Así como las subsecuentes dentro del procedimiento de ejecución. Por otra parte, la autoridad responsable PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, remitió copia certificada de las actuaciones correspondiente al dictado del laudo de fecha dos de octubre de dos mil quince y lo sucesivo en el expediente laboral 787/2011-IV, de las que se advierte que mediante proveído de quince de mayo de dos mil diecisiete, se tuvieron por acordados los escritos de fechas nueve de junio, treinta de agosto y veinticinco de octubre todos del dos mil dieciséis; y se ordenó certificar si se ha dado cumplimiento al laudo de mérito, o si existe algún recurso legal alguno que impida la ejecución del mismo; en esa misma fecha se realizó el computo de referencia, advirtiéndose que había transcurrido en demasía el plazo que cuentan las partes para interponer recurso alguno en contra del multicitado laudo y que impida su ejecución; asimismo, en esa misma fecha (quince de mayo del año en curso) se requirió a la parte demandada H. GOBIERNO DEL ESTDO DE BAJA CALIFORNIA "PODER EJECUTIVO" Y/O SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, para que reconozcan la antigüedad de la aquí quejosa MARTHA GRISELDA ÁVILA RAMOS, a partir del veintidós de junio del dos mil nueve, así como realizar el pago a la actora de la cantidad de $33,315.75 (treinta y tres mil trescientos quince pesos con 75/100), por concepto de horas extras laboradas en el periodo del veintitrés de mayo de dos mil diez al veintitrés de mayo de dos mil once; remitiendo también las razones actuariales de dieciocho de mayo del año en curso, con las cuales se les notificó el proveído en cita a la parte actora aquí quejosa y la parte demandada. Documentales con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129, 197, 202 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; y con las que se pone de relieve, que los efectos negativos que producía el acto reclamado, a la fecha han cesado y, por ende, dejó de prevalecer la actitud omisiva o contumaz de la autoridad responsable TRIBUNAL DE ARBITRTAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; por consecuencia, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional; por ende, como ya se anticipó, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. --- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es aplicable, también, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, que, a la letra, dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. --- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea necesario dar vista a las partes con el contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con sede en esta ciudad, tomando en consideración el contenido de la Jurisprudencia con número de registro 2014040, visible a página 2607, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Tomo IV, cuyo rubro y texto disponen: "VISTA AL QUEJOSO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO OTORGARLA CUANDO NO EXISTE LA MÍNIMA POSIBILIDAD DE QUE SE SUPERE EL OBSTÁCULO RELATIVO A LA SOBREVENIENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO POR EL JUZGADOR Y SÓLO PROVOCA RETRASO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. --- La porción normativa mencionada establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; sin embargo, si se advierte que no existe la mínima posibilidad de que dicha causal supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, y sólo provoca retraso en la impartición de justicia, es innecesario otorgar esa vista; de ahí que si el Juez de amparo advierte de oficio, por ejemplo, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que se decretó la extinción de la acción penal a favor del inculpado por perdón del ofendido, en este caso, resulta inútil la aplicación del mencionado artículo 64, párrafo segundo, pues dada la extinción de la pretensión punitiva que motivó la cesación de los efectos del acto, es claro que no existe la mínima posibilidad de que se supere el obstáculo relativo a la sobreveniencia de la causal señalada; por el contrario, provoca una demora en la impartición de justicia en perjuicio del quejoso, máxime que la referida vista tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, cuyo ejercicio no se justifica al no producirle perjuicio la causa de improcedencia advertida, porque materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo." Sin que este Juzgador se avoque a las actuaciones de la responsable subsecuentes al acto que aquí se reclama, en razón a que, como se dijo, los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Apoya a lo anterior, el criterio que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veinte de noviembre de dos mil trece, con el rubro y texto, siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007) Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 Y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIDENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. SE APERSONA TERCERO INTERESADO Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio presentado por el Subsecretario Jurídico del Estado, en representación del Gobernador del Estado, con residencia en esta ciudad, en su carácter de tercero interesado, mediante el cual se apersona, designa autorizados y domicilio procesal; por tanto, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se le tiene designado como autorizados a los profesionistas indicados en dicho ocurso, así como domicilio procesal el ubicado en segundo piso del edificio del Poder Ejecutivo del gobernó del Estado, ubicado en avenida de los Héroes y Calzada Independencia número 994 del Centro Cívico y Comercial de esta ciudad de Mexicali, Baja California.

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