Martha Grisel Amaya Pérez

Expediente 847/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
847/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Martha Grisel Amaya Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    *& MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, que promovió ***, contra actos del Agente del Ministerio Público de la mesa IV, adscrito a la Fiscalía Local de Villa de Etla, Oaxaca; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 847/2021. Expediente Electrónico. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Estudio de la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar si, en el caso, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, del análisis efectuado a la demanda de amparo, se advierte que ****, señaló como acto reclamado, lo siguiente: "La omisión de dar contestación a mi escrito presentado en fecha 19 de mayo del presente año. La dilación, en la derivación de la carpeta de investigación 5837/FVCE/2020, hacia los mecanismos alternos, para poder llegar a un acuerdo reparatorio con mi cónyuge." En tales condiciones, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; de contenido siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. .] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño [.]" Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley [.]" Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones o negligencia del Ministerio Público en sus funciones de investigación, así como las resoluciones de reserva del procedimiento, en los términos previstos en el citado código. Por su parte, el artículo 258, también del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En ese orden de ideas, la interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público. Resulta aplicable la Tesis Aislada II.2o.P.88 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, P. 2583, de rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR NO AGOTAR EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. NO SE ACTUALIZA SI LOS ACTOS DE OMISIÓN O DECISIONES RECLAMADAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, EMANAN DEL TRÁMITE DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE DEBA LLEVARSE CONFORME AL PROCEDIMIENTO ANTERIOR, Y NO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN." En el caso en concreto, el quejoso en su calidad de ofendido en la carpeta de investigación de origen, reclama al Agente del Ministerio Público de la mesa IV, adscrito a la Fiscalía Local de Villa de Etla, Oaxaca, la omisión de dar contestación al escrito presentado el diecinueve de mayo del presente año, así como la dilación en la derivación de la carpeta de investigación 5837/FVCE/2020, hacia los mecanismos alternos, para poder llegar a un acuerdo reparatorio Sin embargo, conforme a lo antes previsto, dicha actuación debe impugnarse a través del incidente que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como ilustrativa, se cita la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), con número de registro 2017641, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, pág. 945, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. En razón de lo anterior, no ha lugar a duda que la parte quejosa debe agotar el medio ordinario de defensa ante el órgano jurisdiccional competente; esto es el recurso previsto en el citado precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues no se actualiza ningún motivo de excepción de los contemplados en el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Máxime, que dicha circunstancia fue analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existiendo jurisprudencialmente el reconocimiento de un recurso ordinario contra actos y omisiones como los planteados en el caso concreto, sin que haya lugar a diversa interpretación ni mucho menos la inaplicación de la misma por un órgano de menor grado, dada su obligatoriedad de conformidad con el artículo 217 de la ley de la materia. Resulta aplicable, por las razones jurídicas que informa, la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO." En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha por su notoria improcedencia, la demanda de amparo que promovió ****; pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizado en los términos de la segunda parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Ahora, debido a que la quejosa proporciona su correo electrónico y su número telefónico, para recibir notificaciones, se le informa que las mismas le serán realizadas en el domicilio precisado en su escrito, por lo que si desea que tales notificaciones se realicen en tal correo electrónico, deberán proporcionar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, se le tiene proporcionando dichos medios de contacto con el único propósito de que este juzgado pueda brindar atención mediante esa herramienta tecnológica; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. XII. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Autorización de medios electrónicos y gratuidad de los servicios. Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas se hará previa solicitud y autorización previa solicitud y autorización por acuerdo, que se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se considerara información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notificaciones personales. Ahora bien, se hace del conocimiento de los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa la determinación de tres de agosto de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: & MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, que promovió ***, contra actos del Agente del Ministerio Público de la mesa IV, adscrito a la Fiscalía Local de Villa de Etla, Oaxaca; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 847/2021. Expediente Electrónico. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Estudio de la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar si, en el caso, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, del análisis efectuado a la demanda de amparo, se advierte que ****, señaló como acto reclamado, lo siguiente: "La omisión de dar contestación a mi escrito presentado en fecha 19 de mayo del presente año. La dilación, en la derivación de la carpeta de investigación 5837/FVCE/2020, hacia los mecanismos alternos, para poder llegar a un acuerdo reparatorio con mi cónyuge." En tales condiciones, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; de contenido siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. .] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño [.]" Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley [.]" Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones o negligencia del Ministerio Público en sus funciones de investigación, así como las resoluciones de reserva del procedimiento, en los términos previstos en el citado código. Por su parte, el artículo 258, también del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En ese orden de ideas, la interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público. Resulta aplicable la Tesis Aislada II.2o.P.88 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, P. 2583, de rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR NO AGOTAR EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. NO SE ACTUALIZA SI LOS ACTOS DE OMISIÓN O DECISIONES RECLAMADAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, EMANAN DEL TRÁMITE DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE DEBA LLEVARSE CONFORME AL PROCEDIMIENTO ANTERIOR, Y NO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN." En el caso en concreto, el quejoso en su calidad de ofendido en la carpeta de investigación de origen, reclama al Agente del Ministerio Público de la mesa IV, adscrito a la Fiscalía Local de Villa de Etla, Oaxaca, la omisión de dar contestación al escrito presentado el diecinueve de mayo del presente año, así como la dilación en la derivación de la carpeta de investigación 5837/FVCE/2020, hacia los mecanismos alternos, para poder llegar a un acuerdo reparatorio Sin embargo, conforme a lo antes previsto, dicha actuación debe impugnarse a través del incidente que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como ilustrativa, se cita la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), con número de registro 2017641, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, pág. 945, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. En razón de lo anterior, no ha lugar a duda que la parte quejosa debe agotar el medio ordinario de defensa ante el órgano jurisdiccional competente; esto es el recurso previsto en el citado precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues no se actualiza ningún motivo de excepción de los contemplados en el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Máxime, que dicha circunstancia fue analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existiendo jurisprudencialmente el reconocimiento de un recurso ordinario contra actos y omisiones como los planteados en el caso concreto, sin que haya lugar a diversa interpretación ni mucho menos la inaplicación de la misma por un órgano de menor grado, dada su obligatoriedad de conformidad con el artículo 217 de la ley de la materia. Resulta aplicable, por las razones jurídicas que informa, la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO." En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha por su notoria improcedencia, la demanda de amparo que promovió ****; pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizado en los términos de la segunda parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Ahora, debido a que la quejosa proporciona su correo electrónico y su número telefónico, para recibir notificaciones, se le informa que las mismas le serán realizadas en el domicilio precisado en su escrito, por lo que si desea que tales notificaciones se realicen en tal correo electrónico, deberán proporcionar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, se le tiene proporcionando dichos medios de contacto con el único propósito de que este juzgado pueda brindar atención mediante esa herramienta tecnológica; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. XII. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Autorización de medios electrónicos y gratuidad de los servicios. Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas se hará previa solicitud y autorización previa solicitud y autorización por acuerdo, que se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se considerara información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notificaciones personales. Ahora bien, se hace del conocimiento de los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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