Martha Gómez Vázquez

Expediente 595/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
595/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
08/12/2021

Partes del expediente

  • Martha Gómez Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y que hasta la fecha las partes han omitido hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. En sentencia de diez de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en el juicio de amparo en que se actúa. Por escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, la quejosa Martha Gómez Vázquez interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este expediente; en proveído de veintisiete de agosto siguiente se acordó lo relativo al recurso en mención. Mediante oficio 26459/2021 de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se remitieron los autos del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto, admitido bajo el amparo en revisión 175/2021. Por ejecutoria de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito modificó la sentencia recurrida. De las consideraciones que interesan y de los puntos resolutivos de la ejecutoria se advierte: " De lo hasta aquí expuesto, queda de relieve que, como se plantea en los agravios, el acto de autoridad reclamado carece de una debida motivación; razonamiento que -como ya se analizó- la A quo incorrectamente desestimó, al omitir analizar en conjunto las pruebas aportadas en el juicio de amparo. Se sostiene lo anterior porque de la comparación entre los extremos por los cuales la ahora quejosa y recurrente fue requerida, y el actuar que ésta llevó a cabo, así como las razones con base en las cuales el Juez de Distrito responsable impuso la medida de apremio de una multa por veinte Unidades de Medida y Actualización a aquélla, queda de manifiesto que no se justificó la inobservancia, por parte de la aquí inconforme, del requerimiento realizado por el Juez de Distrito responsable mediante el oficio 157-2021-A, previamente ya reproducido. Pues como ya se expuso, el citado requerimiento notificado el trece de mayo de dos mil veintiuno, fue para que la Titular de la Delegación Estatal en San Luis Potosí, del Instituto Federal de Defensoría Pública, cumpliera con dos extremos; uno, designar a un diverso Defensor Público Federal para que patrocinara a Osiris Tapia Gómez, en la mencionada causa penal instruida en su contra, a partir de la audiencia programada para las trece horas con cuarenta y cuatro minutos, del veinticuatro de mayo del año en curso; y, dos, que dicho profesionista, debería imponerse de la diligencia anterior, de los registros de la causa penal y de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de que estuviera en condiciones de asesorarlo adecuadamente. Así, el dieciséis del citado mes de mayo, mediante oficio DSLP/1850-2021 la aquí inconforme, informó al Juez de Distrito responsable el nombre del diverso Defensor Público Federal que había sido designado al imputado Osiris Tapia Gómez, en la mencionada causa penal instruida en su contra; profesionista que estaría presente en la audiencia programada para las trece horas con cuarenta y cuatro minutos, del veinticuatro de mayo del año en curso; quien se impondría de la diligencia celebrada anteriormente, de los registros de la causa penal y de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de que estuviera en condiciones de asesorarlo adecuadamente. Además, mediante correo electrónico, enviado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por Federico Flores Téllez, atento a las instrucciones de la ahora quejosa y recurrente, le hizo de su conocimiento, su designación como defensor de imputado Osiris Tapia Gómez, en la mencionada causa penal instruida en su contra y, además, le hizo de su conocimiento el referido oficio DSLP/1850-2021 ya mencionado en el párrafo precedente. Por último, el veinticuatro del citado mes de mayo, fue celebrada la audiencia en la cual el Juez de Distrito responsable determinó que, en tanto el diverso Defensor Público Federal designado al referido imputado, tampoco acudía debidamente preparado, quedaba claro que la Titular de la Delegación San Luis Potosí había incumplido con el requerimiento realizado, al no haber girado las instrucciones correspondientes y, por ende, determinó hacer efectivo el apercibimiento e imponerle a aquélla una multa de veinte Unidades de Medida y Actualización. Sin embargo, de las constancias descritas, se advierte contrario a lo argumentado por el Juez de Distrito responsable, la ahora quejosa y recurrente sí cumplió con el requerimiento realizado, en tanto que -además de que designó a un nuevo Defensor Público Federal- sí giró las instrucciones que él puntualizó en su oficio 157-2021-A, al profesionista que asistiría al referido imputado. Aunado a que esto lo hizo con cinco días naturales de anticipación. Aunado a lo anterior, del desarrollo de la audiencia de veinticuatro de mayo del presente año, se aprecia que, previamente a hacer efectivo el apercibimiento a la aquí recurrente, la autoridad responsable no cuestionó siquiera al Defensor Público Federal acerca de si la referida Delegada le había indicado, o no, que se impusiera de las ya mencionadas constancias cuyo conocimiento era necesario a fin de que Osiris Tapia Gómez contara con una defensa técnica adecuada. Como tampoco constató con las partes o el auxiliar de Sala, si la referida Delegada había informado algo, una vez que se le había realizado el aludido requerimiento. Sino que, el Juez de Distrito responsable al enterarse que hasta ese día el Defensor Público Federal se había entrevistado con el imputado, y que solicitaba una prórroga para recabar los datos de prueba correspondientes, advirtió que dicho profesionista no acudía debidamente preparado, dando por sentado que ello era atribuible a que la mencionada Delegada había incumplido con el requerimiento realizado, dijo, por no haber girado las instrucciones correspondientes. Lo cual, como ha quedado de relieve, no fue así, en tanto de las constancias descritas se advierte que la aquí recurrente sí giró las instrucciones inherentes a que el Defensor Público Federal debía imponerse de las citadas actuaciones. Y, en todo caso, si no lo hizo así, no fue porque no se le hubiera comunicado por parte de la Delegada en San Luis Potosí de la Defensoría Pública Federal, al haberse demostrado que ésta también cumplió con esa parte del requerimiento realizado. Escapando dicha omisión del profesionista a las facultades de la aquí inconforme, pues como se planteó en los agravios en estudio, el servicio de defensoría pública es prestado bajo los principios de autonomía e independencia de los defensores públicos, en términos del artículo 38 de la Ley Federal de Defensoría Pública. Así las cosas, queda de relieve la indebida motivación del medio de apremio impuesto a la quejosa, en tanto que, contrariamente a las razones con base en las cuales se le impuso, ella sí giró las instrucciones correspondientes para que el Defensor Público Federal se impusiera de las constancias especificadas y acudiera debidamente preparado a la audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. En consecuencia, ante lo fundado de los agravios, lo conducente es revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, conceder la protección constitucional para que se deje sin efectos la determinación reclamada. [.] PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martha Gómez Vázquez, Delegada en San Luis Potosí, del Instituto Federal de Defensoría Pública, contra los actos y autoridades, precisados en el resultando tercero de esta ejecutoria [...]". El cinco de noviembre de dos mil veintiuno se recibieron los autos del presente juicio de amparo y en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo amparatorio. En observancia a lo anterior el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación Adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de San Luis Potosí "1", en suplencia por ausencia del Administrador, así como el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí (proveído de doce de noviembre del año en curso), y este último en alcance mediante auto de veinticuatro de noviembre de esta anualidad, informaron el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista. Por acuerdos de doce y veinticuatro de noviembre del año en curso, este juzgado dio vista a las partes con los citados oficios y anexos enviados por las responsables, respectivamente, de los que se advierte que se dictó auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno mediante el cual, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí dejó sin efectos la multa impuesta a la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en audiencia de veinticuatro de mayo de esta anualidad, por la suma de $1,792.40 (mil setecientos noventa y dos pesos 40/100 moneda nacional), equivalente a veinte unidades de medida y actualización vigente y la Administración Desconcentrada de Recaudación de San Luis Potosí "1", dejó sin efectos la misma de sus sistemas institucionales. Lo anterior, conlleva a determinar que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce de las garantías individuales violadas, pues las autoridades Subadministrador Desconcentrado de Recaudación Adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de San Luis Potosí "1", en suplencia por ausencia del Administrador, y el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, dejaron sin efectos la determinación dictada en audiencia del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, por la cual se impuso una multa por el equivalente a veinte unidades de medida y actualización vigente y se dejó sin efectos el registro para su cobro. Cumplida. Por tanto, se considera que la responsable cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional. En cuanto a esta determinación, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.". Devolución -constancias-. Por otra parte, devuélvase al Asistente de Despacho Judicial del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, el disco de audio y video que acompañó como justificación a su informe de ley (proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno). Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General antes citado, y dado que el diez de agosto de dos mil veintiuno, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada y dicha determinación fue modificada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante ejecutoria de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en la cual determinó conceder el amparo y protección solicitados por la parte quejosa; y que dicha determinación se ha cumplido, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Depuración del cuaderno original de incidente de suspensión. Toda vez que en este juicio se tramitó incidente de suspensión; en relación al cuaderno original de incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto numeral 18 del Normativo antes invocado. Por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Destrucción del duplicado de incidente de suspensión. Atendiendo a inciso a) de la fracción II del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, por el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Ordena dar vista. Visto lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con copia certificada de la comunicación remitida por la autoridad responsable, y de este auto, para que en un término de tres días manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio se pronunciará sobre el aludido cumplimiento. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguense los oficios signados por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación Adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de San Luis Potosí "1", en suplencia por ausencia del Administrador, así como el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, ambos con sede en esta ciudad, mediante los cuales informan sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio, y el referido Administrador adjunta diversas constancias a fin de acreditar su dicho. Visto lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con copia certificada de las comunicaciones y su adjunto -respectivo- remitidas por las autoridades responsables, y de este auto, para que en un término de tres días manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio se pronunciará sobre el aludido cumplimiento. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Glósese el cuadernillo de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, únicamente con las actuaciones originales. Agréguese a estos autos el oficio 849/2021-E signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito; en atención a su contenido se provee: Téngase por recibidos los autos originales del juicio de amparo 595/2021-VIII, el testimonio de la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, pronunciada por el citado Tribunal, en el amparo en revisión 175/2021, así como el disco de audio y video, el cual adjuntó la responsable Asistente de Despacho Judicial del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado a su informe justificado. En tal virtud, acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes y notifíquese a las partes que en la resolución que se acompaña al oficio de que se trata, en la que se resuelve: "[.] PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a... contra los actos y autoridades, precisados en el resultando tercero de esta ejecutoria [...]". En acatamiento a la ejecutoria de que se trata, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsable para que dentro del plazo de tres días informe respecto del cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio constitucional, para lo cual se le remite copia autorizada de la determinación de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en el amparo en revisión 175/2021, o en su caso, manifiesten la imposibilidad debidamente justificada para no hacerlo. Apercibidas que de no remitir tal información en el plazo señalado, se les impondrá una multa en base a lo estipulado en el artículo 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, consistente en cien Unidades de Medida y Actualización vigente y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, para el trámite de la inejecución de sentencia. Notifíquese personalmente.

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