Martha Garduño Lara

Expediente 1006/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1006/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
08/08/2017

Partes del expediente

  • Martha Garduño Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, México; ocho de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual, el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, remite el testimonio de la ejecutoria de seis de julio de dos mil diecisiete, pronunciada por el Tribunal de su adscripción, en autos del recurso de revisión 53/2017, cuyos resolutivos establecen: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, respecto a los quejosos precisados en el inciso C.3, de la consideración quinta, por los actos y autoridades especificados en el inciso B de la misma consideración de la presente ejecutoria. TERCERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a los quejosos precisados en el inciso C.5, de la consideración quinta, respecto del acto y autoridad especificado con el numeral 1, en el inciso B, de la misma consideración de la presente ejecutoria. CUARTO.- La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a los quejosos precisados en el inciso C.5, de la consideración cuarta, respecto del acto y autoridades especificadas en el numeral 2, en el inciso B, de la misma consideración, y para los efectos establecidos en el último apartado de este ejecutoria." Por tanto, acúsese recibo a la autoridad oficiante, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes al expediente principal en que se actúa, en el entendido que únicamente deberán glosarse las constancias que obren en original en dicho cuaderno, debiendo separar las que se encuentren en copia simple; asimismo, glósese únicamente el cuaderno original del incidente de suspensión respectivo. Ahora, en acatamiento a la ejecutoria de mérito y con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le requiere al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, de cumplimiento a la ejecutoria, y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten, para lo cual, remítase copia autorizada de la ejecutoria de mérito. Apercibida que de hacer caso omiso, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedora a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 192, 193, 238 y 258 de la ley de la materia, así como de los diversos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común Rene Calderón López, en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Jonathan Corona Beléndez, Secretario encargado del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/3342/2017 de cuatro de julio de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistida de la Secretaria Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe

  2. Principal

    I. Visto el estado procesal de autos de los que se advierte que mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se remitió oficio al Dirección General de la Secretaría Técnica de Patrimonio Inmobiliario y Asuntos Periciales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que a la brevedad posible informara si se aprueban o no los honorarios que exhibió al presente sumario la perito Martha Garita Alonso, sin que a la fecha se tenga respuesta respecto de la citada solicitud. Razón por la cual, no se está en aptitud de celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se ordena su diferimiento y se fija como nueva fecha las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del dos de agosto de dos mil diecisiete, para su verificativo. Finalmente, a fin de evitar dilaciones procesales, solicítese de manera atenta y respetuosa a la Dirección General de la Secretaría Técnica de Patrimonio Inmobiliario y Asuntos Periciales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, para el efecto de que de no tener impedimento alguno, informe el estado procesal de la citada consulta de aprobación de honorarios, la cual le fue peticionada mediante oficio 10742/2017, de treinta y uno de marzo del año en curso.

  3. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por el Director General de Ingenierías Forenses de la Coordinación General de Servicios Periciales, Estado de México, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en proveído de catorce de marzo de dos mil diecisiete (foja 558 y 559), manifiesta su imposibilidad para designar perito oficial en materia de topografía, al no contar con un experto en esa materia y si bien cuenta con perito experto, mismo que cuenta actualmente con una carga excesiva de trabajo. Ahora bien, en torno tales manifestaciones dígase a la oficiante que con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dentro de sus obligaciones se encuentra la de auxiliar a las autoridades que lo requieran en el desempeño de una o varias funciones, que sean compatibles con las que corresponden a la procuración de Justicia Federal; por ende, la carga de trabajo que argumenta no es impedimento para proporcionar un perito a este juzgado federal en la materia que le fue solicitada, aunado a que no acredita tales circunstancias, por tanto, requiérase nuevamente a la oficiante, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al de la legal notificación del presente proveído proporcione el nombre de un perito en materia de topografía e identificación de inmueble, para que funja como perito oficial en auxilio de la Justicia Federal, apercibido que de no hacerlo así se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 237 y 251 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, visto el escrito de cuenta signado por Enrique Gómez Arizmendi, mediante el cual solicita copia certifica de la foja 551 a la 555 del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, agréguese para los efectos legales a que haya lugar. En virtud de lo anterior; con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias que refiere previa toma de razón y firma que por su recibo obre en autos para debida constancia legal. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Tania Rosalinda Méndez López, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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