Martha García Lozada

Expediente 1617/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1617/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
19/10/2015

Partes del expediente

  • Martha García Lozada

Actuaciones

  1. Principal

    .... el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede hecha por el Secretario de este Juzgado, al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, no se interpuso recurso de queja, contra el proveído de seis de octubre de dos mil quince, por medio del cual se desechó la demanda de garantías a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.

  2. Principal

    ..... agréguese a los autos el escrito signado por el licenciado Emmanuel Rodríguez Abdo, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, con el cual, en relación con lo requerido en auto de veintiocho de septiembre pasado, solicita que se gire oficio a diversas dependencias para que informen si cuenta con algún domicilio de los testigos Carlos Francisco Solana y Pumarino y Francisco Vargas Vega. Ahora, previo a acordar de conformidad su solicitud, debe decirse que si bien el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo prevé la investigación del domicilio del tercero interesado cuando en autos no conste, lo cierto es que en esta hipótesis no se ubican los testigos. A mayor abundamiento, un testigo es una persona extraña al juicio en sentido amplio, por no ser parte del mismo -al no estar incluido en el artículo 5o. de la Ley de Amparo- pero éste sólo tiene el carácter de auxiliar de la administración de justicia cuando se le llama a declarar sobre hechos de que tenga conocimiento. Precisado ello, a criterio de quien esto provee, la solicitud planteada por el promovente no tiene sustento legal alguno y sí, en cambio, el inicio del procedimiento de investigación del domicilio de los testigos Carlos Francisco Solana y Pumarino y Francisco Vargas Vega sólo retardaría el procedimiento en el presente asunto, violando la garantía de prontitud en la administración de justicia, que consagra el artículo 17 constitucional. Por lo expuesto, no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud planteada por el promovente en el escrito de cuenta. Se cita como apoyo a lo aquí determinado, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 23/2011 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255 del tomo XXXIV, Julio de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente. "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO. EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DEL DOMICILIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, NO COMPRENDE A LOS TESTIGOS. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo establece que la autoridad que conozca del juicio de garantías debe iniciar el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado o de la persona extraña al juicio cuando en autos no conste y, si a pesar de esto se desconoce, la primera notificación se realizará por edictos a costa del quejoso; sin embargo, en esta hipótesis no se ubican los testigos. Lo anterior porque si bien un testigo es una persona extraña al juicio en sentido amplio, por no ser parte del mismo -al no estar incluido en el artículo 5o. de la Ley de Amparo- sólo tiene el carácter de auxiliar de la administración de justicia cuando se le llama a declarar sobre hechos de que tenga conocimiento, sin que sea susceptible de sufrir un perjuicio en el procedimiento o en la ejecución de la resolución que es lo que lo diferencia como persona ajena a la controversia de las demás personas extrañas a juicio en estricto sentido. Aunado a lo anterior, a nada práctico conduciría que el juez desarrollara el procedimiento de investigación del domicilio del testigo y de no conocerse el correcto iniciara la notificación por edictos a costa del quejoso ya que, en todo caso, sería una carga para el oferente de la testimonial, pues no debe perderse de vista que en un juicio de amparo cualquiera de las partes está en aptitud de ofrecer prueba testimonial y también se retardaría el procedimiento violando la garantía de prontitud en la administración de justicia, que consagra el artículo 17 constitucional." La tesis a que se hace mérito, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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