Martha Gabriela Peña Lucido
Expediente 367/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Martha Gabriela Peña Lucido
- MARTHA GABRIELA PEÑA LUCIDO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda del Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se indican en el oficio que se acuerda, y que fueran remitidas en cumplimiento al auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE por lista a las partes, con excepción de la autoridad responsable.
- Principal
México, Ciudad de México, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia dictada el DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, que resolvió SOBRESEER en el presente juicio de garantías promovido por **********, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada D.E.P Y S.E.P. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo el cual es conservable, ya que la suspensión provisional le fue concedida en atención a que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, es de señalarse que, con fundamento en los artículos 14 fracción III y 20 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es DESTRUIBLE, por lo que de conformidad con lo establecido en el último numeral invocado, consérvese en el archivo de este juzgado federal durante tres años, y después de ese lapso, procédase a su destrucción. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el artículo 20, del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por las partes, se ordena que el presente proveído se notifique por lista. Se ordena devolver al Juez responsable, las constancias que remitió al momento de rendir su informe justificado, requiriéndole para que a la brevedad posible, se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, y por lista a las demás partes.
- Principal
En México, Ciudad de México, a las diez horas del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señalados para la práctica de la audiencia constitucional, XXXXXXXXXXX, Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria XXXXXXXXXXX, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia en el juicio de amparo 367/2021-II, promovido por XXXXXXXXXXX, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada D. E. P. y S. E. P. 1, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada D. E. P. y S. E. P., sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las cuales se encuentran: demanda de garantías; auto de admisión de ocho de junio de dos mil veintiuno; constancias de notificación a la autoridad responsable Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; constancia de emplazamiento al tercero interesado XXXXXXXXXXX; informe justificado del juez responsable; escrito inicial por el que la parte quejosa ofreció medios de convicción, registrado con el folio 8528; auto de ocho de junio de dos mil veinte, por el que se admitieron pruebas de la impetrante de amparo. Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. 1. El nombre y características de los menores se reserva en acatamiento a la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", que dice: "8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad". A continuación, se abre el período probatorio, y la secretaria hace constar que se admitieron como pruebas de la parte quejosa: 1.- La documental, consistente en copia simple de la resolución de seis de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca 2178/2019/7, por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y 2.- La documental, consistente en copia simple de la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca 898/2020/11, por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El Juez, acuerda: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se admiten y se desahogan dada su propia y especial naturaleza las ofrecidas por dicha parte, que fueron desahogadas en autos. Acto continuo, en la etapa de alegatos la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: De conformidad con lo establecido en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para realizar manifestaciones en vía de alegatos. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la resolución que en derecho corresponda, firmando al calce quienes en ella intervinieron para debida constancia. Doy fe. Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. (firmado electrónicamente) XXXXXXXXXXX Secretaria (firmado electrónicamente) XXXXXXXXXXX. México, Ciudad de México, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 367/2021-II, promovido por XXXXXXXXXXX, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada D. E. P. y S. E. P., contra actos del Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, turnado ese mismo día, a este Juzgado Noveno de Distrito en la materia y con la residencia indicadas, la quejosa XXXXXXXXXXX - quien es parte actora en el juicio de origen-, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada D. E. P. y S. E. P., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad indicada y el acto que precisó como sigue: "ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la Sentencia Interlocutoria emitida por el Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, en fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, para resolver el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada hoy Tercero Interesada, en contra del proveído de diez de marzo de dos mil veinte, dictado dentro del juicio de divorcio incausado seguido ante dicho juzgado bajo el número de expediente 474/2015; resolución por la cual se revocó el auto entonces impugnado." Acto que la quejosa señaló como violatorio, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar al tercero interesada XXXXXXXXXXX -parte demandada en el juicio de origen-, lo que aconteció el día quince de junio de dos mil veintiuno; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, finalmente, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en una controversia de naturaleza civil, seguida ante un juzgado del orden común con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama la resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juez responsable en el juicio de divorcio incausado 474/2015, seguido por XXXXXXXXXXX (aquí quejosa), contra XXXXXXXXXXX, mediante la cual dicho juzgador revocó el auto de diez de marzo de dos mil veinte, y ordenó a la quejosa estarse al proveído de catorce de febrero de dos mil veinte, en el que se decretó un régimen de visitas y convivencias entre el demandado y sus menores hijos. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia del acto reclamado y la procedencia del juicio de amparo respecto de éste. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, en donde señaló que resulta cierto el dictado de la resolución que resolvió el recurso de revocación, de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, en los autos del juicio de origen; certeza que se corrobora con las constancias que remitió dicha autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que remitió el Juez responsable: 1. En los autos del en el procedimiento especial de divorcio sin causa 474/2015, seguido por XXXXXXXXXXX en contra de XXXXXXXXXXX, ante el Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, mediante proveído de catorce de febrero de dos mil veinte, el juez proveyó que: ".a efecto de que prevalezca el Derecho Humano de los menores de convivir con su progenitor, sin que en la especie se afecte su interés superior, salud y sano desarrollo este juzgador con plenitud de jurisdicción y con las facultades que para tal efecto la Ley le confiere en materia familiar, considera que es justo y equitativo para el padre no custodio, convivir con dichos menores los días sábados de las once horas a las quince horas siendo dicha institución punto de entrega y recepción, lo anterior como se dijo en beneficio de los descendientes, con fundamento en lo dispuesto." (fojas 570 del Tomo I de constancias). 2. Por escrito de cuatro de marzo de dos mil veinte, la parte actora solicitó que se hiciera efectivo el apercibimiento decretado en contra de su contraparte, al no haber asistido al Centro de Convivencia Familiar con sede en Toluca, Estado de México, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante sentencia dictada el seis de febrero de dos mil veinte en los autos del toca 2178/2019/7, a lo que se dictó el siguiente proveído de diez de marzo de dos mil veinte (foja 15 a 17 del Tomo II): "EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. A sus autos el escrito del mandatario judicial de la actora a quien se le tiene haciendo las manifestaciones contenidas en el ocurso que se provee, haciéndole notar que siendo su representada la más interesada en que se lleven a cabo las convivencias en los términos y condiciones ordenados por el Tribunal de Alzada, al no obrar en autos la elaboración del exhorto dirigido al C. Juez competente en la Ciudad de Toluca Estado de México, con el propósito de acatar dicha resolución, lo procedente es poner a su disposición el exhorto de estilo para su debida diligenciarían (sic), sin que en la especie ha de hacer efectivo el apercibimiento que menciona, atento a lo dispuesto por los artículos 55 y 81 del Código de Procedimientos Civiles. NOTIFÍQUESE." 3. Inconforme con dicha determinación el demandado interpuso recurso de revocación, el que fue resuelto por el Juez responsable, mediante resolución dictada el nueve de abril de dos mil veintiuno, en la que determinó revocar al proveído impugnado, para quedar como sigue (fojas 17 a 22 del Tomo III): "(.) En tal virtud, lo procedente es revocar el auto impugnado par quedar de la siguiente manera: "EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. A sus autos el escrito del mandatario judicial de la actora, a quien se le tiene haciendo las manifestaciones contenidas en el ocurso que se provee, dígase al promovente que deberá estarse al proveído firme de fecha catorce de febrero del año en curso, el cual no fue impugnado por las partes, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE." (.)" Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. 4. Ahora bien, obra oficio de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, remitido por la autoridad responsable, del que se advierte que dictó resolución interlocutoria de primero de septiembre de dos mil veintiuno, en el incidente para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial en los autos del juicio de origen, en el que se aprobó parcialmente el convenio exhibido por XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX, celebrado el seis de abril de dos mil veintiuno, y en lo que interesa decretó la guarda y custodia de los menores a favor de su progenitora, un régimen de visitas y convivencias conforme a la cláusula segunda del convenio, la cantidad de $12,753.00 (doce mil setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de alimentos a favor de los menores y se obligaron a otorgarse el perdón en caso de existir averiguación previa iniciada en contra de las partes, así como a desistirse de los recursos de revocación, apelación, incidentes, juicios de amparo derivados de ese juicio y a presentar los escritos necesarios ante las autoridades correspondientes; así, en lo que interesa, la cláusula segunda, relativa al régimen de visitas y convivencias, es del tenor siguiente (fojas del cuaderno de amparo): "(.) SEGUNDA. RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. Por lo que hace al régimen de visitas y convivencias del señor XXXXXXXXXXX para con los menores., estas se realizarán de la siguiente manera: Las partes convienen expresamente que el señor XXXXXXXXXXX tendrá un régimen de convivencia quincenal con sus menores hijos en los siguientes términos: FINES DE SEMANA: El señor XXXXXXXXXXX convivirá cada quince días con los menores hijo, debiéndose alternar las visitas de los fines que le corresponda una vez en Valle de Bravo, Estado de México y la siguientes en la Ciudad de México. En relación con lo anterior, las partes están de acuerdo que cuando la visita quincena corresponda en Valle de Bravo, Estado de México, el señor XXXXXXXXXXX deberá acudir al Domicio de la señora XXXXXXXXXXX ubicado en XXXXXXXXXXX, Estado de México, a recoger a los menores el sábado a las 10:00 horas y a reintegrarlos a las 18:00 horas del mismo día en el citado domicilio de la madre. Para el caso que la visita quincena (sic) corresponda en la Ciudad de México la señora XXXXXXXXXXX trasladará a los menores a esta Ciudad, a efecto de que pueden convivir con el señor XXXXXXXXXXX debiendo este recoger a los menores el día sábado a las 11:00 horas y a reingresarlo el mismo sábado a las 19:00 horas, en el domicilio ubicado en XXXXXXXXXXX, en esta Ciudad. En el caso que en el fin de semana comprendido de un día de descanso oficial (puente) el fin de semana se extenderá para comprender el "puente". Dicha convivencia comenzará con la visita en Valle de Bravo, Estado de México, a partir del sábado inmediato siguiente que el Juez apruebe y eleve de cosa juzgada a este convenio." QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, en el caso, se advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues de los antecedentes resumidos se colige que han cesado los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, debe mencionarse que en los juicios civiles, la cesación de efectos opera generalmente por sustitución procesal; de este modo, se actualiza la cesación de efectos cuando se emite una resolución que sustituye a la dictada con antelación, así como cuando un acto procesal queda sustituido por otra actuación, como es la emisión de un auto o resolución respecto de un escrito o una petición, presentada por alguna de las partes cuando se alega en el juicio de amparo indirecto la omisión de emitirlo, como en el presente caso. Así de conformidad con las actuaciones del juicio de origen que han quedado asentadas, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juez responsable en el juicio de divorcio incausado 474/2015, seguido por XXXXXXXXXXX (aquí quejosa), contra XXXXXXXXXXX, mediante la cual dicho juzgador revocó el auto de diez de marzo de dos mil veinte, y ordenó a la quejosa estarse al proveído de catorce de febrero de dos mil veinte, en el que se decretó un régimen de visitas y convivencias entre el demandado y sus menores hijos. Empero, de las constancias remitidas por el juez señalado como responsable mediante oficio de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, las que gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se constata que, mediante diversa resolución interlocutoria de primero de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial en el procedimiento de divorcio de origen, se aprobó parcialmente el convenio exhibido por XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX, celebrado el seis de abril de dos mil veintiuno, y entre otras, se decretó la guarda y custodia de los menores a favor de su progenitora, y se estableció un régimen de visitas y convivencias conforme a la cláusula segunda del convenio -y que ahora rige-. De ahí que resulta que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, pues actualmente impera el régimen de visitas y convivencias acordado por las partes mediante convenio que fue aprobado mediante resolución de primero de septiembre de dos mil veintiuno. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, con número de registro IUS 193758, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Igualmente es aplicable el criterio V.5o.1 K, de la Novena Época, con número de IUS 176744, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, noviembre de 2005, en materia común, página 845, cuyo rubro y texto indican: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio". Así, dado que la procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Sin que lo anterior implique la denegación de justicia o generación de inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su escrito inicial, al cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." En ese orden de ideas, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 61, en relación con fracción V del artículo 63, de la Ley de Amparo. Dado el sobreseimiento decretado, no es factible jurídicamente estudiar los conceptos de violación planteados por la inconforme, relacionados con la inconstitucionalidad del acto reclamado. Aplica al respecto, la jurisprudencia número VI. 1o.J/23, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXII-XXIV, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, correspondiente a la Octava Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por XXXXXXXXXXX, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada D. E. P. y S. E. P., contra el acto que reclamaron del Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por lista a las demás partes.
- Principal
En la Ciudad de México, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta del Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, mediante el cual remite copias certificadas con firmas electrónicas de la resolución interlocutoria de primero de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial en el procedimiento especial de divorcio sin causa 474/2015, en la que aprobó parcialmente el convenio que celebraron ************* y el aquí quejoso. Sin que obste a lo anterior que la certificación que obra al final de la resolución que anexa, no obre firma autógrafa, toda vez que se acompañó de las firmas electrónicas del Juez y Secretaria adscritas al Juzgado responsable vigentes a que se refiere el artículo 3 de la Ley de Amparo. En esa virtud, con las constancias remitidas por el Juez responsable, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. REUBICACIÓN DE NUEVO TITULAR. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del Juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del Juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso. Notifíquese por lista las partes, con excepción de las autoridades responsables
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