Martha Gabriela Corominas Ortiz
Expediente 1123/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/08/2017
Partes del expediente
- Martha Gabriela Corominas Ortiz
Actuaciones
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; tres de agosto de dos mil diecisiete. La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. En ese sentido, mediante oficio devuélvase al Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las constancias que remitió al Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Segundo Circuito. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Por otro lado, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese y personalmente a la quejosa.
- Principal
iv) (AVISO PARTE QUEJOSA)Toluca, Estado de México; diecisiete de julio de dos mil diecisiete. Aceptación competencia. Por recibido el oficio signado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite las constancias siguientes: a) Amparo directo 541/2017. b) Juicio ejecutivo mercantil 352/2017. c) Incidente de nulidad de actuaciones. d) Cuatro copias de demanda. e) Sobre cerrado. De lo anterior, se advierte la determinación de doce de julio de dos mil diecisiete, por la cual esa superioridad, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Martha Gabriela Corominas Ortiz, contra actos del Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se acepta la competencia planteada por la Superioridad oficiante, acúsese el recibo correspondiente; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1123/2017-IV. Con las constancias remitida por el Tribunal oficiante, para un mejor manejo, consérvense por separado. Desechamiento. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicho ordenamiento, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público e interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de referencia. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "El auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el juicio ejecutivo mercantil 352/2017." De lo anterior, se obtiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la demanda se reclama una determinación sin haberse agotado el recurso ordinario previsto para tal efecto. Ahora, el precepto legal de referencia establece que el juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito prevé la improcedencia del juicio por incumplimiento al principio de definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un medio excepcional de defensa, al cual sólo puede acudirse cuando se han agotado todos los recursos ordinarios idóneos, previstos en la ley del acto reclamado para modificarlo, revocarlo o anularlo, caso contrario, la demanda pretendida será improcedente. En esto estriba el principio de definitividad rector del juicio en análisis, que lo hace procedente solo respecto de actos definitivos, esto es, aquellos no susceptibles de modificación o de revocación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido en la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que la acción constitucional sea la vía última en el derecho interno, a través de la cual se busque la anulación de actos de autoridad. Entonces, si lo pretendido por la agraviada puede obtenerlo mediante la interposición de recursos ordinarios, debe agotarlos de manera previa a la promoción del juicio de amparo, pues con ello se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el orden del uso de los medios de impugnación establecidos para los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, se produzcan resoluciones contradictorias, de ahí la importancia del principio de definitividad invocado. En efecto, el acto reclamado debe ser definitivo, es decir, antes de la promoción de la demanda de amparo el quejoso debe agotar en tiempo y forma el medio de defensa ordinario procedente, a través del cual sea factible modificar o revocar el acto reclamado, pues de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente al inobservarse el principio de definitividad. Así pues, de la intelección del precepto legal sustento de esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra dicho acto proceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Ese recurso o medio de defensa pueda interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, la parte inconforme tilda de inconstitucional el auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el juicio ejecutivo mercantil 352/2017. La determinación en comento no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 1334 del Código de Comercio, se estima que la determinación reclamada puede ser modificada o revocada a través del recurso de revocación contemplado en el numeral invocado. Lo anterior es así, pues el artículo citado dispone lo siguiente: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, la quejosa debió agotar el recurso de revocación contra el acto reclamado, pues el Código de Comercio, dispone que contra los acuerdos y decretos pueden ser revocados por el juez que los dicto. Por tanto, al establecer la legislación citada la procedencia de la revocación contra la determinación referida, resulta evidente que debió interponer dicho recurso, circunstancia que no aconteció. Es decir, el acto reclamado emitido por el Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, puede ser combatido a través del recurso de revocación, por lo cual se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de Amparo, por lo siguiente: a) El acto reclamado proviene de un tribunal judicial (Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México); b) El Código de Comercio (artículo 1334), concede la posibilidad de interponer recurso de revocación en su contra, a través del cual podía ser modificado, revocado o nulificado; c) Ese medio de impugnación pudo interponerse dentro del juicio ejecutivo mercantil 352/2017, en el cual se emitió la actuación reclamada. En conclusión, si el medio de defensa legal idóneo para combatir el auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, es el recurso de revocación, la parte quejosa debió interponerlo de manera previa al ejercicio de la acción constitucional y si no lo hizo, tal actitud omisiva contraviene el principio de definitividad rector del juicio de amparo. Al caso se cita, en lo conducente, la jurisprudencia 573, publicada en la página 515 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Y la jurisprudencia publicada en la página 211, del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 1993, Tomo XI, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, ES IMPROCEDENTE, SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE ALGUN RECURSO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente si el acto que se reclama podía ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revocación conforme a las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México." Aunado a lo anterior, cabe señalar que en términos del invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, las únicas excepciones para no observar el principio de definitividad contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, se presentan cuando: a) Los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Los actos consistan en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Se trate de persona extraña al procedimiento. En el caso particular no se actualiza excepción alguna pues el acto reclamado lo constituye la determinación contenida en el auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Aunado a lo anterior, la quejosa no se ostentó como tercero extraño al juicio de donde derivan los actos reclamados, pues es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 352/2017. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda promovida por Martha Gabriela Corominas Ortiz, contra actos del Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Domicilio. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de cuenta. Autorizados. En otro orden, en atención al contenido de la certificación de cuenta y por encontrase registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lucino Mejía Castro y a la restante persona en términos restringidos de dicho numeral. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Al caso, por analogía, es aplicable la tesis publicada en la página tres mil doscientos once, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, Materia Laboral, Quinta Época, con el rubro y texto siguiente: "HORAS INHÁBILES, HABILITACIÓN DE. No existe infracción a los artículos 455 y 456 de la ley, cuando las Juntas están en posibilidad de habilitar las horas inhábiles del día en que llevan a término la audiencia de demanda, excepciones y pruebas, para los fines que señalen." Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Martha Estrada Elizais174/2018
- Martha Estrada Elizais1377/2015
- Martha Estrada Elizais1211/2014
- Martha Estrada Romero297/2015
- Martha Eugenia Bernal Salinas560/2013
- Martha Flores Contreras472/2019
- Martha García Caballero1539/2017
- Martha Garcia Lopez1553/2022
- Martha Garcia Lopez697/2022
- Martha Gomora Piña1293/2018
- Martha Guadalupe Mendoza García277/2020
- Martha Guadalupe Mendoza Garcia233/2013