Martha Flores Méndez
Expediente 695/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Martha Flores Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de dos de junio de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos del artículo 15 del Acuerdo de referencia, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, sin necesidad de ulterior proveído, dentro de los treinta días siguientes y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio suscrito por la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales en Puebla de la Fiscalía General de la República, recibido en línea con evidencia criptográfica, a través del cual en cumplimiento al proveído de dieciséis de mayo del año en curso, informa la imposibilidad que tienen para proponer un perito en materia de Caligrafía y Grafoscopía; lo anterior, debido a que conforme a la Ley de la Fiscalía General de la República, las personas peritas, estarán bajo la autoridad, conducción y mando de la persona Agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, informa que entre otras facultades sus peritos, emitirán dictámenes derivados de solicitudes de Agentes del Ministerio Público de la Federación o las que resulten compatibles con las atribuciones constitucionales de la Fiscalía General; por tanto, se deja sin efecto el apercibimiento decretado en autos. Visto lo anterior, a fin de no retardar más el procedimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el Acuerdo General 16/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento para la designación de perito en los órganos del Poder Judicial de la Federación y en atención a la lista oficial de personas que pueden fungir como peritos ante dichos órganos, subida al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se designa como Perito Oficial en Caligrafía y Grafoscopía, a ********************. En tales condiciones, como el domicilio del citado experto se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado; con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este juzgado, y en el ámbito de su jurisdicción ordene al personal a su cargo, para que NOTIFIQUE el presente proveído a la perito en Caligrafía y Grafoscopía, ********************; asimismo, la requiera para que en el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si está en posibilidad de fungir como perito oficial por parte de este juzgado; de ser el caso, dentro del mismo plazo deberá hacerlo del conocimiento de la suscrita; además, deberá exhibir la cotización de sus honorarios por la rendición del dictamen respectivo, en el cual deberá precisar el monto de honorarios en UMA'S, así como su equivalente en moneda nacional, y el desglose de los impuestos y retenciones correspondientes; aunado a las actividades realizadas para llevar a cabo la diligencia encomendada, especificando las horas empleadas en la misma, así como la suma total; el cual deberá presentar por escrito, firmado y contener expresamente la indicación de si expedirá recibo de honorarios o factura. Notificación que deberá efectuarse en el domicilio que se adjunta por separado, debido a que la información personal que contiene, es de carácter confidencial, por lo que se solicita se tomen las medidas necesarias con el objeto de resguardar y mantener en sigilo los datos de identificación y localización de la perito ********************. Se apercibe a la perito que, de no cumplir con el requerimiento formulado en el término indicado, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se integra; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, Apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; y por exhorto a la perito ********************.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dos de junio de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedido a las partes mediante acuerdo nueve de mayo de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Ahora bien, del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, este juzgado determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de su apoderado General para Pleitos y Cobranzas Rodrigo Martínez Serrano, para el efecto de que la autoridad responsable Director de Desarrollo Económico de Apizaco, Tlaxcala, realice lo siguiente: "(.) deje insubsistente los actos reclamados, consistentes en la orden de inspección y verificación y acta de inspección de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, así como la determinación de pago por la cantidad de $293,674.20 (Doscientos noventa y tres mil pesos, seiscientos setenta y cuatro pesos 20/100 moneda nacional) y restituya a la parte quejosa en el derecho violado.(...)" Dicha sentencia causó ejecutoria el veintiuno de junio de dos mil veintidós, razón por la cual se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la sentencia en que se otorgó el amparo al quejoso. Así, mediante oficio con folio de registro 16979 se tuvo a la autoridad responsable Director de Desarrollo Económico del Municipio de Apizaco, Tlaxcala; informando sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para lo cual señaló que mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, procedió a dejar insubsistente la orden de inspección y verificación, así como el acta de inspección de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, emitida por dicha Dirección, como lo acredito con el original del acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintidós, que al efecto anexó. Posteriormente, mediante oficio con registro 8498, la autoridad responsable, hizo del conocimiento que el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, libró el cheque número 0000079 a favor del quejoso Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por la cantidad de $296,674.20 (doscientos noventa y seis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 20/100 moneda nacional), el cual fue entregado en la misma fecha a su apoderado legal, como lo demuestra con la copia certificada del cheque 0000079, la póliza de cheque y anexos, que adjuntó. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito, en proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, dio vista a la parte quejosa con dichas documentales. Se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta esta Juzgadora Federal de las constancias que remitió la autoridad responsable Director de Desarrollo Económico de Apizaco, Tlaxcala, se considera que la responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, en razón de que por proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dejó insubsistente la orden de inspección y verificación, así como el acta de inspección de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, ordenada a la parte quejosa; asimismo, mediante cheque de fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés, por la cantidad de $296,674.20 (doscientos noventa y seis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 20/100 moneda nacional), restituyó el numeral que fue pagado por la moral quejosa; por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; asimismo, gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa de los catalogados como no originales, por lo cual se autoriza desde este momento su devolución en caso de que así lo solicite el quejoso, en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo de noventa días hábiles, se destruirán, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención. Ahora bien, toda vez que se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable en contra del auto en que se impuso una multa ante el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se ordena reservar lo conducente respecto al archivo del mismo, hasta en tanto sea resuelto el medio de impugnación antes mencionado. Por lo que, mediante atento oficio que al efecto se giré hágase del conocimiento al Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que en esta fecha se declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a fin de que provea lo que en derecho corresponda dentro de la queja 52/2023 de su índice. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Martha Flores Méndez, mediante el cual desahoga la prevención efectuada el treinta de mayo de dos mil veintitrés, dictado en autos, sin anexar las copias necesarias de su escrito aclaratorio. Por tanto, se procede a proveer respecto de la procedencia del juicio de amparo, en los siguientes términos: DESECHAMIENTO DE PLANO DE DEMANDA. Los artículos 112, primer párrafo y 113, ambos de la Ley de Amparo imponen la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En ese sentido esta Juzgadora Federal, advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, y 217 todos de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción XXIII del numeral 61 referido, no establece una causa concreta de improcedencia del juicio constitucional, sino que señala en forma genérica que ésta derivará de la aplicación de uno o varios preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la propia Ley de Amparo. Ahora, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que autoridad responsable es con independencia de su naturaleza formal la que cumpla con lo siguiente: I.- Que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, que los particulares tendrán dicha calidad cuando realicen actos equivalentes; II.- Que a través de esos actos u omisiones afecten derechos y; III.- Que sus funciones estén determinadas por una norma general. A fin de resolver el asunto elevado a consideración de esta Juzgadora Federal, y para debida comprensión del motivo que actualiza la causa de improcedencia, se considera pertinente establecer la distinción entre un acto de autoridad del que no lo es, atendiendo a la clasificación de las relaciones jurídicas existentes en el marco jurídico nacional: De coordinación: las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias están previstos en la legislación de los procedimientos ordinarios. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil o laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones de derecho privado es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, o contempladas por la ley. De supra a subordinación: Las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por la actuación de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, mismas que son reguladas por el derecho público, el que a su vez establece procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, como son -en el ámbito ordinario-, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional, se encuentra el juicio de amparo; relaciones caracterizadas por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De supraordinación, las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, para definir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, es necesario tomar en consideración la distinción de las relaciones jurídicas que se pretenden dirimir mediante su promoción, con el fin de establecer si la que se somete a la jurisdicción de los órganos de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad responsable actúe en un plano de superioridad. Así, conforme a la interpretación lógica y sistemática de la Ley de Amparo, se tiene que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Por tanto, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad con su contraparte, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Establecido lo anterior, y en el caso se tiene que del análisis integral del escrito inicial de demanda como el diverso aclaratorio, se tiene que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades responsables y acto reclamado siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: Notario Público Número Uno de la Demarcación de Juárez, Ciudad de Huamantla, Tlaxcala. Notario Público Número Tres de la Demarcación de Juárez, Ciudad de Huamantla, Tlaxcala. EJECUTORAS: Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala. Director de la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, Tlaxcala. Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla. Tesorero del Ayuntamiento del Estado de Puebla. Director de Catastro del Municipio de Puebla. Jefe del Impuesto Predial del Municipio de Puebla. Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. ACTO RECLAMADO: Todo lo actuado dentro de la sucesión intestamentaria a bienes de Irene Flores Méndez esto es Primera Junta de Herederos, Proyecto de Partición de Herencia, Segunda Junta de Herederos así como Inventario, Adjudicación Parcial y como ejecución sus respectivas inscripciones y modificaciones. De lo precisado, se advierte que, la parte quejosa reclama de los Notarios Públicos Uno y Tres, ambos de la Demarcación de Juárez, Ciudad de Huamantla, Tlaxcala, los actos emitidos en el procedimiento extrajudicial relativo a la sucesión a bienes de Irene Flores Méndez. En esa línea se considera que, el referido acto reclamado no tiene el carácter de acto de autoridad emitido por un órgano del Estado actuando con facultades de imperio en un plano de supra a subordinación, pues los Notarios Públicos no tienen el carácter de autoridades responsables, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, además no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y sus actos no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. Se cita en apoyo a lo anterior, por la idea que la sostiene la jurisprudencia1a./J. 41/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1144, Materias(s): Común, de rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. Por otra parte, en relación a las diversas autoridades ejecutoras, se advierte que la parte quejosa reclama en lo sustancial la inscripción de los actos derivados del citado procedimiento notarial, esto es la ejecución, cuando como se expuso, no procede el juicio de amparo respecto del referido procedimiento. De ahí que, se concluya que a las autoridades señaladas como responsables ordenadoras a saber los Notarios Públicos Uno y Tres de la Demarcación de Juárez, Ciudad de Huamantla, Tlaxcala, no les reviste tal carácter y por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente. En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia analizada con anterioridad, es que se considera que resulta improcedente el juicio de amparo intentado y por tanto se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA INTENTADA. INVITACIÓN A CONTINUAR EL JUICIO EN LÍNEA. Asimismo, se EXHORTA a las partes, para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales. De igual modo, como a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General en comento, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal: http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx). Quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su libelo, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. INVITACIÓN A CONTINUAR EL JUICIO EN LÍNEA. Asimismo, se EXHORTA a las partes, para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio. De igual modo, como a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General en comento, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal: http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx). Quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otro lado, como lo solicita, se autoriza el uso de cámaras fotográficas o cualquier otro medio electrónico de conformidad con lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.***
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