Martha Felix Ramos Sánchez
Expediente 354/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/08/2022
Partes del expediente
- Martha Felix Ramos Sánchez
- Delegado del Registro Agrario Nacional
- Director General de Registro y Control Documental
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Téngase por recibido el comunicado del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, actuando en representación del Director en Jefe y por Director General de Registro y Control Documental de la Institución en comento, en atención a su contenido, agréguese para que obre como constancia, toda vez que en el juicio en el que se actúa, por auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se tuvo por cumplido el fallo protector, ordenando su archivo como asunto concluido.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintinueve de julio de dos mil veintidós. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Martha Félix Ramos Sánchez, para que las autoridades responsables: - Se pronuncien respecto a la solicitud de corrección de medios magnéticos identificada como SIMCR14180027875, registrada con el folio 009498; o en su caso, acrediten la causa legal que les impida hacerlo. - Notifiquen a la parte quejosa la decisión recaída a la petición de que se trata, lo que debe ser en breve término. Sobre el particular, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala y la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se citan enseguida: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro: 206849, Tercera Sala, Tomo: IX, Abril de 1992. Tesis: 3a. XXXIV/92. Página: 81.)" Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis XVI.1o.A.20 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de datos de identificación, rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." (Época: Décima Época, Registro: 2006825, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: XVI.1o.A.20 K (10a.), Página: 1672) Por último, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos ochenta y cinco, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos setenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección, que dice así: "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación." En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, pueda vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por medio del comunicado JAL/RAN/3791/2022, el Jefe del Departamento de Titulación y Catastro Rural de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pretendió dar contestación dirigiendo a este Juzgado de Distrito la respuesta a la solicitud de corrección de medios magnéticos presentada por la impetrante, identificada como SIMCR 14180027875, de folio 009498. La Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por medio del oficio JAL/RAN/4246/2022, manifestó impedimento material y legal a fin de cumplir con los efectos de la sentencia recaída al presente juicio de amparo, ya que solicitó diversas constancias para estar en aptitud de cumplir con lo requerido. Mediante el comunicado DGAJ/9254/2022, el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, actuando en representación del Director en Jefe y del Director General de Registro y Control Documental, de la precitada Institución, allegó copia certificada del acuse correspondiente al diverso RAN/DGRCD/DNR/4206/2022, fechado el veintidós de junio de dos mil veintidós, por el cual la Directora de Normatividad Registral, le informó al Director General de Asuntos Jurídicos, que se encontraba imposibilitada material y legalmente cumplir con lo requisitado, ya que es competencia de la representaciones estatales del Registro Agrario Nacional, llevar a cabo la calificación e inscripción de los Acuerdos de Asamblea de la Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales o Comunales, también del oficio DGAJ/9253/2022, de treinta de junio de dos mil veintidós, dirigido al Encargado de la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, por el cual el Director General de Asuntos Jurídicos, le solicitó dar cumplimiento de manera inmediata la sentencia recaída al presente juicio de amparo. Por medio del oficio JAL/RAN/3791/2022, el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, actuando en representación del Director en Jefe y por Director General de Registro y Control Documental de la Institución en comento, allegó copia certificada del acuse correspondiente al diverso DGAJ/8457/2022, fechado el veinte de junio de dos mil veintidós, Dirigido al Director General de Registro y Control Documental, a quien le solicitó acatar lo ordenado en el fallo protector. La Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, por medio del oficio RAN-JAL/4671/2022, allegó copia certificada del diverso RAN-JAL/4650/2022, de dieciocho de julio de dos mil veintidós, dirigido a la aquí quejosa Martha Félix Ramos Sánchez, en el que le dan contestación a la impetrante respecto de la solicitud de inscripción del Acuerdo de Asamblea de la Delimitación, Destino y Asignación de las Tierras Ejidales o Comunales, del núcleo agrario denominado San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, en la que al considerar la responsable que reunió los requisitos de forma y de fondo se calificó positivamente el trámite peticionado por la impetrante, por lo que la registrador integral adscrito a la responsable emitió calificación registral positiva; esto es, se dio respuesta a la solicitud 14180027875. Con lo cual, en proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, siendo que la promovente desahogó la vista, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Parte quejosa desahoga vista. Por medio de los escritos, recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito los días veintiuno y veintisiete de julio de dos mil veintidós, respectivamente, en los cuales manifiesta su inconformidad respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, aduciendo sustancialmente que a la fecha la responsable no ha realizado el registro correspondiente en el Folio de Ejidos y Comunidades. Cabe señalar que la pretensión de la quejosa no fue parte del efecto de la ejecutoria de amparo, así como tampoco formó parte de la litis, tal y como se desprende de la demanda y del auto admisorio de dos de marzo de dos mil veintidós, donde el acto reclamado consistió en la omisión del dar respuesta a la solicitud de corrección de medios magnéticos identificada como SIMCR 14180027875, presentada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, de folio 009498, de lo que se colige de manera diáfana que el registro de cuya omisión se inconforma no formó parte de los efectos del fallo protector. Esto es, la responsable ya dio respuesta a la petición elevada, cierto la Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, cumplió con lo ordenado en la sentencia recaída al presente juicio de amparo, ya que le dio contestación a la impetrante a la solicitud 14180027875, que fue motivo de la protección constitucional, sin que los efectos hayan abarcado que se lleve registró alguno. Finalmente, se aprecia que en la contestación a su solicitud la responsable informó a la quejosa que la Registrador Integral adscrita a la Delegación en comento, dictó calificación registral positiva a la solicitud de inscripción relativa al Acta de Asamblea correspondiente al ejido denominado San Juan de Ocotán, ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco, sin embargo, se insiste, el efecto erra únicamente dar respuesta, no registrar o inscribir, ni tampoco realizar corrección alguna. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, dio respuesta a la solicitud de corrección de medios magnéticos identificada como SIMCR 14180027875, presentada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, de folio 009498. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Citatorio Principal.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa, el acuerdo autorizado el veintinueve de julio del dos mil veintidós, mediante el cual, Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Martha Félix Ramos Sánchez, para que las autoridades responsables: - Se pronuncien respecto a la solicitud de corrección de medios magnéticos identificada como SIMCR14180027875, registrada con el folio 009498; o en su caso, acrediten la causa legal que les impida hacerlo. - Notifiquen a la parte quejosa la decisión recaída a la petición de que se trata, lo que debe ser en breve término. Sobre el particular, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala y la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se citan enseguida: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro: 206849, Tercera Sala, Tomo: IX, Abril de 1992. Tesis: 3a. XXXIV/92. Página: 81.)" Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis XVI.1o.A.20 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de datos de identificación, rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." (Época: Décima Época, Registro: 2006825, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: XVI.1o.A.20 K (10a.), Página: 1672) Por último, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos ochenta y cinco, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos setenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección, que dice así: "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación." En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, pueda vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por medio del comunicado JAL/RAN/3791/2022, el Jefe del Departamento de Titulación y Catastro Rural de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pretendió dar contestación dirigiendo a este Juzgado de Distrito la respuesta a la solicitud de corrección de medios magnéticos presentada por la impetrante, identificada como SIMCR 14180027875, de folio 009498. La Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por medio del oficio JAL/RAN/4246/2022, manifestó impedimento material y legal a fin de cumplir con los efectos de la sentencia recaída al presente juicio de amparo, ya que solicitó diversas constancias para estar en aptitud de cumplir con lo requerido. Mediante el comunicado DGAJ/9254/2022, el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, actuando en representación del Director en Jefe y del Director General de Registro y Control Documental, de la precitada Institución, allegó copia certificada del acuse correspondiente al diverso RAN/DGRCD/DNR/4206/2022, fechado el veintidós de junio de dos mil veintidós, por el cual la Directora de Normatividad Registral, le informó al Director General de Asuntos Jurídicos, que se encontraba imposibilitada material y legalmente cumplir con lo requisitado, ya que es competencia de la representaciones estatales del Registro Agrario Nacional, llevar a cabo la calificación e inscripción de los Acuerdos de Asamblea de la Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales o Comunales, también del oficio DGAJ/9253/2022, de treinta de junio de dos mil veintidós, dirigido al Encargado de la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, por el cual el Director General de Asuntos Jurídicos, le solicitó dar cumplimiento de manera inmediata la sentencia recaída al presente juicio de amparo. Por medio del oficio JAL/RAN/3791/2022, el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, actuando en representación del Director en Jefe y por Director General de Registro y Control Documental de la Institución en comento, allegó copia certificada del acuse correspondiente al diverso DGAJ/8457/2022, fechado el veinte de junio de dos mil veintidós, Dirigido al Director General de Registro y Control Documental, a quien le solicitó acatar lo ordenado en el fallo protector. La Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, por medio del oficio RAN-JAL/4671/2022, allegó copia certificada del diverso RAN-JAL/4650/2022, de dieciocho de julio de dos mil veintidós, dirigido a la aquí quejosa Martha Félix Ramos Sánchez, en el que le dan contestación a la impetrante respecto de la solicitud de inscripción del Acuerdo de Asamblea de la Delimitación, Destino y Asignación de las Tierras Ejidales o Comunales, del núcleo agrario denominado San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, en la que al considerar la responsable que reunió los requisitos de forma y de fondo se calificó positivamente el trámite peticionado por la impetrante, por lo que la registrador integral adscrito a la responsable emitió calificación registral positiva; esto es, se dio respuesta a la solicitud 14180027875. Con lo cual, en proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, siendo que la promovente desahogó la vista, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Parte quejosa desahoga vista. Por medio de los escritos, recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito los días veintiuno y veintisiete de julio de dos mil veintidós, respectivamente, en los cuales manifiesta su inconformidad respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, aduciendo sustancialmente que a la fecha la responsable no ha realizado el registro correspondiente en el Folio de Ejidos y Comunidades. Cabe señalar que la pretensión de la quejosa no fue parte del efecto de la ejecutoria de amparo, así como tampoco formó parte de la litis, tal y como se desprende de la demanda y del auto admisorio de dos de marzo de dos mil veintidós, donde el acto reclamado consistió en la omisión del dar respuesta a la solicitud de corrección de medios magnéticos identificada como SIMCR 14180027875, presentada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, de folio 009498, de lo que se colige de manera diáfana que el registro de cuya omisión se inconforma no formó parte de los efectos del fallo protector. Esto es, la responsable ya dio respuesta a la petición elevada, cierto la Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, cumplió con lo ordenado en la sentencia recaída al presente juicio de amparo, ya que le dio contestación a la impetrante a la solicitud 14180027875, que fue motivo de la protección constitucional, sin que los efectos hayan abarcado que se lleve registró alguno. Finalmente, se aprecia que en la contestación a su solicitud la responsable informó a la quejosa que la Registrador Integral adscrita a la Delegación en comento, dictó calificación registral positiva a la solicitud de inscripción relativa al Acta de Asamblea correspondiente al ejido denominado San Juan de Ocotán, ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco, sin embargo, se insiste, el efecto erra únicamente dar respuesta, no registrar o inscribir, ni tampoco realizar corrección alguna. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, dio respuesta a la solicitud de corrección de medios magnéticos identificada como SIMCR 14180027875, presentada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, de folio 009498. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. Desahoga vista. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Martha Félix Ramos Sánchez, mediante el cual desahoga la vista contenida en proveído de veinte de julio de dos mil veintidós y hace manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, las cuales se tomarán en consideración al momento de calificar la conducta de dicha autoridad para el acatamiento de la sentencia. Notifíquese.
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