Martha Evelia Soto Marrón

Expediente 261/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
261/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Martha Evelia Soto Marrón
  • Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municipios del Estado de Baja California.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia de Mexicali, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en recurso de queja 51/2023 de su índice; acúsese recibo y hágase del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió: "ÚNICO. Se desecha por improcedente el recurso de queja." Consecuentemente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. Por otra parte, vista la certificación de esta fecha y el estado de los autos; atento a ello, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias presentadas por las autoridades responsables, a fin de determinar si efectivamente se acató la sentencia de amparo. En atención a lo anterior, tomando en consideración que la verificación del cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de oficio se analizarán las constancias de autos y con base en ellas se determinará si la ejecutoria de mérito se encuentra cumplida, o no. ANTECEDENTES. En ese sentido, por sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito, dictó la sentencia en los siguientes términos: "PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Martha Evelia Soto Marrón por los motivos y fundamentos expuestos en el quinto punto considerativo, para los efectos indicados en el sexto considerativo de esta sentencia. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el séptimo punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de la misma en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente." Inconforme con esa determinación, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado bajo el número de amparo en revisión número 7/2022 de la estadística del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, y mediante resolución plenaria dictó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Martha Evelia Soto Marrón." Así, mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables, para los siguientes efectos: "SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, en ese sentido, las autoridades responsables están obligadas a realizar lo siguiente: Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, de respuesta de inmediato, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud elevada por la quejosa Martha Evelia Soto Marrón, en el ocurso presentado el quince de febrero de dos mil veintiuno, la cual puede ser en cualquier sentido, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado, y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa. Empero, para tal efecto, la autoridad responsable deberá vigilar que la respuesta que otorgue a la parte quejosa en cumplimiento al presente fallo protector, se fundamente en la normatividad vigente y aplicable al caso concreto, debiéndose ceñir a lo previsto en la Ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California (ISSSTECALI) y, en su caso, al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados de dicho instituto, siempre y cuando éste no contemple supuestos distintos a los previstos en la ley, y no la contradiga o vaya más allá; es decir, las responsables no deberán introducir requisitos extralegales previstos en normas secundarias que no correspondan al trámite respectivo contemplado en la ley que rige la materia para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. Lo anterior es así pues, conforme a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, cuando se reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, ésta no puede regularse por otras normas secundarias, y por otro lado, en el reglamento únicamente se desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla. Notifiquen personalmente a la parte quejosa la contestación en el domicilio que se le proporcionó en el escrito de petición, porque únicamente así se restituirá al inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. Sobre el particular, cabe citar las tesis sustentadas por la extinta Tercera Sala y la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten."(Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, abril de 1992. Tesis: 3a. XXXIV/92. Página: 81.)" En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, podrá vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento." Seguida la secuela procesal, mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; inconforme con ello, la autoridad responsable interpuso recurso de queja el cual conoció el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, bajo el número de toca 51/2023¸ y desechó por improcedente, como se aprecia en líneas precedentes. ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO En acatamiento a ello, el diez de febrero de dos mil veintitrés, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el oficio suscrito por la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por medio del cual exhibió copia de la notificación del oficio STJD-025/2023 y acuerdo SE/016/26-01-2023 el cual contenía la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintidós, a la parte quejosa, en el que resolvió lo siguiente: Documental a la que se le concede valor pleno probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2 Asimismo, mediante proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal convenga, lo cual le fue notificado el catorce siguiente. ANÁLISIS EVALUATIVO La sentencia amparadora tenía como finalidad primordial que las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, dieran respuesta a la petición de la quejosa Martha Evelia Soto Marrón, presentado el quince de febrero de dos mil veintiuno. Consecuentemente, se advierte que las autoridades responsables cumplieron con lo siguiente: Emitió la resolución de quince de febrero de dos mil veintiuno, en el que CONCEDIÓ la pensión por jubilación a la quejosa. Notificó a la quejosa dicha resolución. Por lo anterior, es evidente que quedó acatada totalmente la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; en consecuencia, SE TIENE POR CUMPLIDA la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196, de la Ley de Amparo, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 202, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que en caso de no hacerlo, se deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes. ORDEN DE ARCHIVO. Ahora bien, con fundamento en los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cuaderno principal. El expediente en que se actúa es susceptible de depuración, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se concedió el amparo, esto es, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; (...)" Asimismo, a consideración de este juzgado, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del citado acuerdo, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Actuario del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, mediante el cual informa a este juzgado que se admitió a trámite el recurso de queja 51/2023; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el autorizado de la parte quejosa; en atención al contenido, y toda vez que del estado de los autos se advierte que las autoridades responsable no han dado cumplimento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Director, Junta Directiva, Director de Pensiones y Jubilaciones, Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, para que en el ámbito de su competencia y en el plazo de tres días, den cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, esto es: "SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Por ser el acto reclamado de naturaleza omisiva, en términos del numeral 74, fracción V, en relación con el precepto 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, la concesión del amparo se traduce para los efectos de que las autoridades responsables, en el ámbito de las facultades respectivas, deberán: a) Llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de Laura Alicia Contreras Jiménez, como puede ser recabar la constancia patronal en la que se indique la fecha a partir de la cual causó baja como trabajadora activa y cualquier otra que se requiera para integrar el expediente mencionado. b) Dar respuesta fundada y motivada a la solicitud de otorgamiento de pensión formulada por la promovente del amparo el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. c) Realicen las actuaciones necesarias para notificar de inmediato a la parte quejosa la resolución." En el entendido de que deberán llevar acabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la quejosa, lo que incluye recabar la constancia patronal en la que se indique la fecha a partir de la cual causó baja como trabajadora activa. Exhibiendo al efecto copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a las autoridades requeridas que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá de forma individual una multa por el equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las personas físicas que ocupan los cargos de las autoridades mencionadas que aun y cuando dejen su puesto, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, durante el tiempo que duró el cargo y que por esa razón, también podrán ser consignados en términos de la fracción XVI, del artículo 107 Constitucional, pues esa conducta puede ser constitutiva de delito contra la impartición de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 8/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XVII, febrero de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que al rubro indica: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO." Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito y el secretario que da fe, al tener el mismo valor de firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Notifíquese.

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