Martha Esthela Herrera Reyes

Expediente 79/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
79/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • Martha Esthela Herrera Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    .......procedo a notificar por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación a la quejosa Martha Esthela Herrera Reyes, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso B, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de dieciséis de abril de dos mil diecinueve.....Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al que anexó copia certificada del acuerdo de diez de abril del año en curso, dictado en el juicio laboral 1231/2008-III de su índice, en el cual declaró cerrada la instrucción; lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el comunicado y anexo de cuenta, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento de referencia, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro de dicho término este tribunal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base a los elementos que obren en el expediente y los demás aportados por la autoridad. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintidós de marzo de dos mil diecinueve; consecuentemente y con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Martha Esthela Herrera Reyes, ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Cabe precisar que la concesión de amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable Tribuna del Arbitraje del Estado de Baja California, con domicilio en esta ciudad ? Adopte todas y cada una de las medidas legales a su alcance para lograr el desahogo de la totalidad de las pruebas que se hayan admitido en el expediente laboral 1231/2008-III, a fin de que concluya la etapa probatoria. ? Para el caso de que su desahogo no se lleven a cabo en las fechas fijadas, deberá reprogramarlas dentro del término legal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada, debiendo informarlo a este juzgado dentro de dicho plazo, para lo cual deberá anexar la documentación correspondiente; apercibida que en caso de omisión, se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual no será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo.

  3. Principal

    RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando séptimo y para los efectos descritos en el diverso octavo. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando noveno, de esta sentencia. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y se ordena al secretario supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a las partes, mediante proveído de veintiuno de los presentes (foja 18), para que se impongan del informe justificado rendido por la Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, para su desahogo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil, de rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. .

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