Martha Estela Gonzalez Soria

Expediente 1194/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1194/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Martha Estela Gonzalez Soria

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, en razón de que obran en autos documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que para poder presentarse en este Juzgado, la persona compareciente deberá programar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte promovente.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, en razón de que obran en autos documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que para poder presentarse en este Juzgado, la persona compareciente deberá programar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por Martha Estela González Soria, con anexos y copias que acompaña; contra una omisión que atribuye a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con sede esta ciudad; fórmese el expediente y regístrese bajo el progresivo 1194/2022-III en libro de gobierno. En ese sentido, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la promovente del amparo refiere, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: a) El veinte de septiembre de veintiuno, presentó una querella por hechos que consideró constitutivos de delito, la cual, se advierte, fue registrada bajo el consecutivo CSC/FGE/I/D01/02569/21. b) Que el dieciocho de octubre siguiente, se llevó a cabo la audiencia de conciliación entre las entonces partes procesales, sin que hayan llegado a un acuerdo conciliatorio, por lo que se prosiguió con la etapa de investigación y, según manifiesta, desde dicha data el proceso ha estado paralizado, no obstante de haber solicitado la prosecución del mismo. Situación que constituye la omisión que por esta vía se combate. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y los diversos numerales 109 y 258 del código Nacional de procedimientos Penales; dispositivos que en lo conducente establecen: Ley de Amparo. (...) Del precepto constitucional transcrito se advierte que la víctima u ofendido del delito, carácter que en el caso ostenta la promovente, tiene derecho a impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Por su parte, los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previenen: (...) Acorde con dichos precepto legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. Por tanto, si como se ha visto, en el caso el acto reclamado consiste precisamente en la omisión por parte de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, de paralizar el proceso de investigación dentro de la carpeta de origen; es claro que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de lo reseñado por el artículo 258, en relación con la fracción XXI del transcrito artículo 109, e incluso, del diverso numeral 133, fracción I, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del juez de control para ejercer las atribuciones que ese código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Tales consideraciones fueron ya dilucidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017 de su índice, en las que se adoptó y justificó un criterio similar, y que dieron paso a la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) visible en la página 945 del libro 57, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2018, de la Décima Época, con registro digital 2017641, que dice: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.(...) Así como a la diversa jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) también de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en la página 943 del libro 57, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2018, Décima Época, con registro digital 2017640, que dispone: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. (...) A cuyas consideraciones se remite este tribunal federal, a fin de evitar repeticiones innecesarias. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, la quejosa debió hacer valer su derecho de impugnar la omisión de la autoridad designada como responsable, ante el juez de control correspondiente, pues al derivar la omisión de que se duele de la etapa de investigación, corresponde su análisis al citado juzgador, quien tiene competencia legal para realizar sus atribuciones precisamente desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Además, debe decirse que no es óbice para arribar a la anterior conclusión, la eventual posibilidad de que la omisión reclamada se considere como de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Al respecto, ilustra por su contenido la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Tribunal en Pleno, visible en la página 8 del libro 55, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de 2018, Décima Época, con registro digital 2017117, que dice: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. (...) Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, consultable en la página 350 del libro 1, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de diciembre de 2013, Décima Época, con registro digital 2005039, que dispone: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. (...) No se soslaya que el presente amparo pretende ser promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad; no obstante, en primer término, debe recodarse que existe el criterio de que si bien es cierto que la institución del Ministerio Público, actualmente Fiscalía General, goza de la característica de unidad y que el titular de dicha institución es el Fiscal General de Justicia del Estado, también lo es que cada funcionario es responsable de sus actos, por lo que no puede legalmente atribuirse al titular de la Fiscalía General de Justicia, responsabilidad por la actuación, en el caso, por las omisiones de todos los servidores públicos que laboren en dicha dependencia. En segundo lugar, tampoco puede soslayarse que la indagación de origen, según se desprende los anexos que acompaña la propia parte promovente, se encuentra en la estadística del Agente Fiscal facilitador adscrito al Centro de Métodos Alternos de Solución de Controversias, Sala Dos; por lo que rigen las consideraciones previamente establecidas. Al respecto se cita el criterio orientador contenido en la tesis VI.3o.23 P del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 775 del tomo V del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de 1997, Novena Época, con registro digital 198584, que dispone lo siguiente: PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA. NO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS ACTOS QUE EMITEN LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. (...) Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otro lado, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente el presente acuerdo a la parte promovente en el domicilio que para tal efecto señala, teniéndose por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que precisa, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto a que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; y, en los mismos términos a la diversa persona que refiere, por así haberlo solicitado.

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