Martha Enedina Jimenez Murillo

Expediente 745/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
745/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Martha Enedina Jimenez Murillo

Actuaciones

  1. Principal

    AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA CAUSA ESTADO... SE DECRETA EL ARCHIVO DEL ASUNTO COMO CONCLUIDO... EL EXPEDIENTE ES DETRUIBLE...

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por **********, contra actos del Juez Quinto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia . En el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Del último precepto deriva que cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando aquellos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Debe entenderse como derechos adjetivos aquellos que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal dentro del procedimiento; por lo que si la parte que se dice afectada con el acto intraprocesal obtiene sentencia favorable, aquellas eventuales violaciones procesales se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Precisado lo anterior, se acude a los antecedentes relevantes del caso, según el escrito de demanda: 1) La parte quejosa, vía ejecutiva Mercantil, demandó de ******** el pago de pesos y demás anexidades; 2) El trece de julio de dos mil dieciocho la parte enjuiciada contestó dicha demanda; 3) El nueve de agosto de dos mil dieciocho, el juez responsable requirió a la parte demandada a fin de que aclarara su nombre en virtud de que hacía referencia a ********* y *********. 4) Una vez cumplido el requerimiento anterior, el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho el juez del conocimiento tuvo como demandada a cualesquiera de las tres personas de nombre: ************* 5) El mismo dieciséis de agosto de dos mil dieciocho la parte quejosa interpuso recurso de revocación para impugnar el auto de nueve anterior, mencionado en el antecedente tercero. 6) El veinte de agosto de dos mi dieciocho se desechó ese medio de impugnación bajo el argumento siguiente: ".No ha lugar a dar trámite al RECURSO DE REVOCACIÓN que plantea, virtud a que tal y como la propia demandada lo señaló en su escritos en los que pretendió aclarar su nombre, por ello, se dictó auto de dieciséis de agosto del año que transcurre, en el que se tuvo como parte demandada a cualquiera de las 3 personas mencionadas en dicho proveido. Por tanto, las razones expuestas llevan a determinar que el recurso de revocación pretendido es inadmisible e improcedente." Esa determinación constituye el acto reclamado. Se considera entonces que el acto que se impugna tiene un efecto meramente procesal; en la medida que el juez responsable tuvo como parte demandada de manera indistinta a ******, ello con motivo del nombre que se plasmó en el escrito de contestación de demanda y los diversos aclaratorios, por lo que la sentencia que llegue a emitirse tendrá que ocuparse de absolver o condenar a la enjuiciada con el nombre que corresponda. Por tanto, dada su propia naturaleza, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, tampoco incide en derechos sustantivos de la peticionaria sino sólo y, eventualmente, en un aspecto procedimental dado que solo tuvo el efecto de reconocer a la parte demandada con el nombre de **********. Luego, será hasta en tanto se dicte el fallo, cuando podrá advertirse con certidumbre la trascendencia o no de tener como parte demandada a cualesquiera de las tres personas mencionadas, será hasta entonces cuando la parte quejosa, conforme con las reglas que rigen el juicio de amparo, que podrá combatir la cuestión; no debe perderse de vista que, de obtener fallo favorable, la eventual violación reclamada habría sido inocua. De ese modo es que el acto reclamado constituye una eventual violación procesal reclamable en el amparo directo que se haga valer en contra de la sentencia definitiva, si es que este es desfavorable a los intereses de la parte quejosa, en términos del artículo 172, fracciones IX y XII, de la Ley de Amparo. Bajo esa condición, en atención a que lo reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la presente demanda. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal , ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) , que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas.

  3. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho que en resumen dice: "Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por **********, contra actos del Juez Quinto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia . En el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Del último precepto deriva que cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando aquellos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Debe entenderse como derechos adjetivos aquellos que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal dentro del procedimiento; por lo que si la parte que se dice afectada con el acto intraprocesal obtiene sentencia favorable, aquellas eventuales violaciones procesales se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Precisado lo anterior, se acude a los antecedentes relevantes del caso, según el escrito de demanda: 1) La parte quejosa, vía ejecutiva Mercantil, demandó de ******** el pago de pesos y demás anexidades; 2) El trece de julio de dos mil dieciocho la parte enjuiciada contestó dicha demanda; 3) El nueve de agosto de dos mil dieciocho, el juez responsable requirió a la parte demandada a fin de que aclarara su nombre en virtud de que hacía referencia a ********* y *********. 4) Una vez cumplido el requerimiento anterior, el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho el juez del conocimiento tuvo como demandada a cualesquiera de las tres personas de nombre: ************* 5) El mismo dieciséis de agosto de dos mil dieciocho la parte quejosa interpuso recurso de revocación para impugnar el auto de nueve anterior, mencionado en el antecedente tercero. 6) El veinte de agosto de dos mi dieciocho se desechó ese medio de impugnación bajo el argumento siguiente: ".No ha lugar a dar trámite al RECURSO DE REVOCACIÓN que plantea, virtud a que tal y como la propia demandada lo señaló en su escritos en los que pretendió aclarar su nombre, por ello, se dictó auto de dieciséis de agosto del año que transcurre, en el que se tuvo como parte demandada a cualquiera de las 3 personas mencionadas en dicho proveido. Por tanto, las razones expuestas llevan a determinar que el recurso de revocación pretendido es inadmisible e improcedente." Esa determinación constituye el acto reclamado. Se considera entonces que el acto que se impugna tiene un efecto meramente procesal; en la medida que el juez responsable tuvo como parte demandada de manera indistinta a ******, ello con motivo del nombre que se plasmó en el escrito de contestación de demanda y los diversos aclaratorios, por lo que la sentencia que llegue a emitirse tendrá que ocuparse de absolver o condenar a la enjuiciada con el nombre que corresponda. Por tanto, dada su propia naturaleza, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, tampoco incide en derechos sustantivos de la peticionaria sino sólo y, eventualmente, en un aspecto procedimental dado que solo tuvo el efecto de reconocer a la parte demandada con el nombre de **********. Luego, será hasta en tanto se dicte el fallo, cuando podrá advertirse con certidumbre la trascendencia o no de tener como parte demandada a cualesquiera de las tres personas mencionadas, será hasta entonces cuando la parte quejosa, conforme con las reglas que rigen el juicio de amparo, que podrá combatir la cuestión; no debe perderse de vista que, de obtener fallo favorable, la eventual violación reclamada habría sido inocua. De ese modo es que el acto reclamado constituye una eventual violación procesal reclamable en el amparo directo que se haga valer en contra de la sentencia definitiva, si es que este es desfavorable a los intereses de la parte quejosa, en términos del artículo 172, fracciones IX y XII, de la Ley de Amparo. Bajo esa condición, en atención a que lo reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la presente demanda. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal , ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) , que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas".

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