Martha Enedina Huerta Palacios

Expediente 637/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
637/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Martha Enedina Huerta Palacios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, declárese que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Incidente. No se aperturó. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en términos del numeral vigésimo primero del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".

  2. Principal

    Agréguense a los autos únicamente para efectos de control, el informe justificado con anexos rendidos por la autoridad señalada como responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; lo anterior, dado que el veintitrés de agosto del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo 637/2019.

  3. Principal

    en atención a que la parte tercero interesado no atendío el citatorio de 27 de agosto de 2019 se notifica por este medio el auto de 23 de agosto de 2019 que dice: Informe Justificado. Visto lo de cuenta, se recibe el informe con justificación y anexo, remitidos por la autoridad responsable, Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, por lo cual, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda; informe del que se advierte que dicha responsable ha dejado de causar perjuicio a la hoy quejosa, ya que, mediante resolución dictada el quince de agosto de dos mil diecinueve, resolvió el incidente de acumulación, dentro del juicio laboral burocrático 112/2019, de su índice, lo cual soporta tal responsable, con la prueba documental que adjunta a su informe con justificación, la cual, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo, se tiene por ofertada y desahogada para todos los efectos legales conducentes. Domicilio. No señaló. Delegados. No señaló. Causal de improcedencia. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad antes señalada, tal cual se estableció, se advierte que dicha responsable ha dejado de causar perjuicio a la hoy quejosa, ya que el quince de agosto de dos mil diecinueve, resolvió el incidente de acumulación, relativo; en el que declaró procedente el mismo y ordeno la acumulación de los juicios laborales burocráticos 112/2019-III y 412/2018-I, de su índice. Sobreseimiento fuera de audiencia. En virtud de que la citada autoridad acompaña a su informe justificado copia certificada de la resolución de quince de agosto de dos mil diecinueve, emitido dentro del incidente de acumulación, promovido por la hoy quejosa en el expediente 112/2019-IV, de su índice, con ello se demuestra que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa contempladas en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI del diverso numeral 61, ambos de la Ley de Amparo en vigor, que establecen: Ahora, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es aplicable al caso en particular, dado que no contraviene lo dispuesto por el artículo 6° transitorio de la Nueva Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, misma que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la quejosa reclama la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable de dictar la resolución correspondiente al incidente de acumulación, promovido dentro del juicio laboral burocrático 112/2019, de su índice administrativo, dentro de los tres días posteriores a la presentación de su solicitud, tal cual lo estipula el artículo 735, de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, dado que el acto reclamado versa sobre la omisión de dictar la resolución atinente a la incidencia de acumulación promovida por la impetrante dentro del juicio laboral 112/2019, cuya emisión ya se efectuó, de acuerdo a lo comunicado por la autoridad señalada como responsable al rendir su informe justificado, lo cual quedó demostrado con el anexo que en copia certificada allegó dicha responsable, continente del auto de quince de agosto del año en curso. En consecuencia, es inconcuso que ante lo reseñado en el apartado precedente, se está en presencia de una situación que destruyó los efectos del acto negativo que motivó la promoción de este juicio de amparo, dado que mediante resolución de quince de agosto de dos mil diecinueve, se resolvió el incidente de acumulación planteado dentro del juicio de origen 112/2019, en el cual la responsable declaro su procedencia. En ese orden de ideas y, dado que no es posible comprender las etapas procesales subsecuentes a la señalada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, sea razón suficiente para concluir que el juicio de amparo debe delimitarse a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento, lo cual en el caso concreto es la resolución del incidente de acumulación promovida por la quejosa dentro del juicio 112/2019, dentro del índice de la autoridad responsable. Al respecto es aplicable por analogía la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2005150, de epígrafe siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por todo lo anterior, es indiscutible que con la emisión de la citada resolución, se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla omisión, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, de ahí que proceda sobreseer en el juicio fuera de audiencia. Se invoca a ese respecto, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003, Página: 386, Materia: Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del doce de septiembre de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente.

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