Martha Enedina Castillo Martinez

Expediente 705/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
705/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • Martha Enedina Castillo Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 705/2021-V. Puebla, Puebla, doce de julio de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales1 presentada por la *** por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público "CENTRO" en sus diversos turnos de trabajo... Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la quejosa sólo menciona que, agentes ministeriales se presentaron en su domicilio particular ubicado en el estado de Puebla, mencionando a sus familiares que tienen una orden de aprehensión, presentación o comparecencia en su contra, sin demostrarlo. Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implica que el representante social ordenara aprehenderlo o presentarlo. Ahora, aun si el representante legal lo llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si la quejosa reclama las órdenes que el agente del Ministerio Público ha dado para recabársele su entrevista, con independencia de la calidad con la que lo cite (testigo o imputado); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra las órdenes de aprehensión presentación o comparecencia, reclamadas a las autoridades ministeriales. por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la quejosa, por propio derecho, contra las órdenes de aprehensión, presentación o comparecencia, reclamados a los agentes ministeriales señaladas con el carácter de ordenadoras, y la ejecución de esas órdenes, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber al quejoso que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las ordenes privativas de libertad (jueces). Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas Darío Ramírez Saucedo y Leopoldo García Caltenco, porque aquél decidió otorgarles facultades amplias y fueron encontradas las cédulas de los profesionistas, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación y los restantes solo para oír y recibir notificaciones por así haberlo señalado la quejosa en su demanda de amparo. Además, se tiene únicamente como medio de contacto los números de telefónicas y los correos electrónicos que señaló en la demanda, pues la Ley de Amparo, no contempla ese medio para realizar notificaciones. Notifíquese; de forma personal al quejoso.

  3. Principal

    SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTUNO. JUICIO DE AMPARO 705/2021-V. Puebla, Puebla, doce de julio de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales1 presentada por la *** por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público "CENTRO" en sus diversos turnos de trabajo... Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la quejosa sólo menciona que, agentes ministeriales se presentaron en su domicilio particular ubicado en el estado de Puebla, mencionando a sus familiares que tienen una orden de aprehensión, presentación o comparecencia en su contra, sin demostrarlo. Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implica que el representante social ordenara aprehenderlo o presentarlo. Ahora, aun si el representante legal lo llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si la quejosa reclama las órdenes que el agente del Ministerio Público ha dado para recabársele su entrevista, con independencia de la calidad con la que lo cite (testigo o imputado); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra las órdenes de aprehensión presentación o comparecencia, reclamadas a las autoridades ministeriales. por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la quejosa, por propio derecho, contra las órdenes de aprehensión, presentación o comparecencia, reclamados a los agentes ministeriales señaladas con el carácter de ordenadoras, y la ejecución de esas órdenes, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber al quejoso que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las ordenes privativas de libertad (jueces). Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas Darío Ramírez Saucedo y Leopoldo García Caltenco, porque aquél decidió otorgarles facultades amplias y fueron encontradas las cédulas de los profesionistas, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación y los restantes solo para oír y recibir notificaciones por así haberlo señalado la quejosa en su demanda de amparo. Además, se tiene únicamente como medio de contacto los números de telefónicas y los correos electrónicos que señaló en la demanda, pues la Ley de Amparo, no contempla ese medio para realizar notificaciones. Notifíquese; de forma personal al quejoso.

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