Martha Elvira Barrera Vega
Expediente 210/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martha Elvira Barrera Vega
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado electrónicamente por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído dictado el nueve de abril del año en curso; quedando registrado con el número 32/2021.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado electrónicamente por ****************, autorizado de la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de nueve de abril del año en curso, así como señalando las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el referido medio de impugnación. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con su respectiva notificación, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el nueve de abril de dos mil veintiuno, se determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ****************, por su propio derecho, contra actos de la Juez de Control de fuero común, con sede en esta ciudad; con apoyo en el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 210/2021-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En esta tesitura, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: Del agente del ministerio público 2 de la Unidad de Tramitación Común, con sede en esta ciudad: La omisión de recabar la autorización por escrito, por parte del Procurador General de Justicia del Estado o algún otro funcionario, respecto del acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por el que se determinó el no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación *************; y Del juez de control del fuero común con residencia en esta ciudad: La resolución dictada en audiencia de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en la que confirmó la determinación de veintitrés de noviembre del mismo año, en la que el agente del ministerio público 2 de la Unidad de Tramitación Común de esta ciudad, emitió el acuerdo del no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación ***********. Ahora bien, respecto del acto reclamado precisado con el número 1., la demanda resulta improcedente, en atención a lo establecido en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Bajo ese contexto, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la referida fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 1º, fracción I, de la Ley de Amparo. Así se considera, en razón de que, como se advierte de párrafos precedentes la parte quejosa también señala como acto reclamado, la resolución dictada en audiencia de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en la que confirmó la determinación de veintitrés de noviembre del mismo año, en la que el agente del ministerio público 2 de la Unidad de Tramitación Común de esta ciudad, emitió el acuerdo del no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación ************, lo cual evidencia que cesaron los efectos de la diversa dictada por el agente responsable el veintitrés de noviembre del año próximo anterior, en razón de haber sido legalmente substituida por la resolución citada en primer término. Por otra parte, respecto del acto reclamado precisado en el número 2., el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En la especie, el acto que la quejosa reclama es la resolución dictada en audiencia de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en la que se confirmó la determinación de veintitrés de noviembre del mismo año, en la que el agente del ministerio público 2 de la Unidad de Tramitación Común de esta ciudad, emitió el acuerdo del no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación ************. Ahora bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que de las manifestaciones vertidas por la propia quejosa en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se desprende que: En cinco de julio de dos mil dieciocho, se inició la carpeta de investigación ***************, en la Agencia del Ministerio Público número 2 de la Unidad de Tramitación Común, con sede en esta ciudad, debido a que la aquí quejosa denuncio por el delito de lesiones culposas y/o negligencia médica a *************. En fecha de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el agente del ministerio público número 2 de la Unidad de Tramitación Común de esta ciudad, emitió el acuerdo del no ejercicio de la acción penal. El dos de diciembre del año inmediato anterior, acudió ante la agencia responsable, con el objetivo de verificar los antecedentes de investigación, percatándose que la misma solo cuenta con la firma autógrafa ilegible del Fiscal titular de la indagatoria, pero no existe firma o autorización de su jefe de zona, o bien un oficio emitido por el Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad de asumir dicha determinación. Consecuencia de lo anterior, interpuso el recurso de impugnación que el código de procedimientos penales establece, resolviéndose el en audiencia de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual confirmo la determinación de veintitrés de noviembre del mismo año, en la que el agente del ministerio público 2 de la Unidad de Tramitación Común de esta ciudad, emitió el acuerdo del no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación *************. Manifiesta que la audiencia fue llevada a través del sistema de videoconferencias y que no pudo conectarse debido a fallas técnicas que presentó el sistema, por lo quedó por enterada a través de su abogado, que dicha audiencia confirmó la determinación del no ejercicio de la acción penal. Finalmente, refiere se enteró a cabalidad del acto reclamado el veinticuatro de marzo del presen año, fecha en que se le otorgó copia del audio y video de la aludida audiencia. A fin de determinar la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo para promover la demanda de amparo, debe precisarse que de acuerdo con los antecedentes expuestos por la gestionante: **************, tuvo conocimiento del acto reclamado al menos desde el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, fecha en que supo que se llevaría a cabo la audiencia por la que se resolvería el medio de impugnación interpuesto en contra de la determinación de veintitrés de noviembre del mismo año, en la que el agente del ministerio público 2 de la Unidad de Tramitación Común de esta ciudad, emitió el acuerdo del no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación *************. Lo anterior, en razón de que supo de la celebración de la audiencia de control en la que se dictó el acto reclamado, la que se llevó a cabo por videoconferencia, a la que aduce, no pudo conectarse por fallas técnicas en el sistema, e incluso fue enterada por su abogado que en la referida audiencia se confirmó el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, debe tenerse presente que mediante Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, a partir del cuatro de marzo del año en curso se levantó la suspensión de plazos y términos decretada, con base en las reglas establecidas en el indicado acuerdo. Por tanto, esa fecha se tomará en consideración para el cómputo del plazo para la presentación de la demanda. Por ende, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito, corrió del cuatro al veinticinco de marzo del presente año, sin contar los días del seis, siete, trece, catorce, quince, veinte y veintiuno del mismo mes y año, por ser sábados y domingos, así como por ser inhábil. Consecuentemente, se reitera que el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, feneció con anterioridad a la presentación de su demanda. De ahí que si la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el siete de abril de la presente anualidad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado por la quejosa fue consentido tácitamente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con los artículos 35, 36, 37, 40, 55, 96 y 103 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************ al contar con cédula profesional ************* inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a ************, por no encontrarse en ese supuesto. De igual forma, en términos del artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, téngasele proporcionando como forma especial y expedita de contacto, el correo electrónico *********. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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