Martha Elvia Ponce Chavero

Expediente 173/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
173/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Martha Elvia Ponce Chavero

Actuaciones

  1. Principal

    ntiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. I. Representante común de quejosos ratifica desistimiento. Vista la comparecencia de ratificación de desistimiento que antecede, de la que se advierte que el representante común de la parte quejosa * en cumplimiento al proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, ratifica su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo; por tanto, únicamente se tiene al compareciente desistiéndose en su perjuicio del presente juicio de garantías. Así, toda vez que el representante común carece de legitimación para desistirse del juicio de amparo respecto de los diversos quejosos, y al no existir en autos la declaración de voluntad de desistirse del juicio de amparo por ********************, se les requiere a estos últimos, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación del presente auto, comparezcan a este Juzgado, con identificación oficial vigente, a fin de que manifiesten si es su deseo desistirse de la demanda que dio origen al presente juicio, y de ser así en el mismo acto, ratifiquen el contenido del ocurso presentado por el representante común recibido en auto dieciséis de marzo de dos mil veintitrés; bajo apercibimiento de no hacerlo se continuará con la tramitación del presente juicio de amparo únicamente por cuanto a los diversos quejosos ********************. Es aplicable la tesis XXI.2º.P.A.11K (10a), visible en la página 3422 del libro 26, enero de 2016, tomo IV, décima época, número de registro 2010872, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "REPRESENTANTE COMÚN EN EL JUICIO DE AMPARO. SI CON ESE CARÁCTER PROMUEVE UN RECURSO Y POSTERIORMENTE SE DESISTE DE ÉL, DICHO DESISTIMIENTO ÚNICAMENTE PUEDE HACERLO POR SU PROPIO DERECHO, SIN QUE PUEDA SURTIR EFECTOS EN PERJUICIO DE SUS REPRESENTADOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA FIGURA JURÍDICA ÚNICAMENTE PUEDE DESEMPEÑARSE EN BENEFICIO DE QUIENES SE REPRESENTA. La intelección de la jurisprudencia 2a./J. 104/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 970, de título y subtítulo: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO REALIZADO POR EL APODERADO. PARA QUE PROCEDA, EL PODER GENERAL DEBE CONTENER CLÁUSULA ESPECIAL QUE LO FACULTE PARA ELLO CONFORME AL ARTÍCULO 2587, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.", en la que se concluyó, entre otras cosas, que si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no contiene un precepto correlativo del artículo 14 de la legislación abrogada, que requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario desista del juicio constitucional, también lo es que como tal ordenamiento no regula el contrato de mandato, sino sólo permite su ejecución, debe partirse de la base de que la efectividad del instrumento respectivo está supeditada a la satisfacción de los requisitos que la legislación común consigna; aunado a la interpretación sistemática del primer párrafo del artículo 13 de la ley de la materia en vigor, concatenado con el diverso 5o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2o. del ordenamiento legal citado en primer orden, permite establecer que el representante común puede defender los derechos litigiosos en el juicio de amparo en el que él y sus representados tengan el carácter de parte, porque la representación común es una figura jurídica instituida dentro del procedimiento por economía procesal, y esa personalidad se le otorga al representante común para defender los derechos de sus representados y los suyos propios. Sin embargo, esa representación común únicamente puede desempeñarse en beneficio de quienes se representa, nunca en su perjuicio, por lo que, en caso de que existiera desistimiento de la demanda, de los medios de prueba o de alguno de los recursos hechos valer en el juicio, dicho representante común tendría que acreditar, fehacientemente, que cuenta con facultades en ese sentido, es decir, con mandato expreso; de ahí que si el representante común de los quejosos, con dicho carácter, promueve un recurso y posteriormente se desiste de él, este desistimiento únicamente puede hacerlo por su propio derecho, sin que pueda surtir efectos en perjuicio de sus representados, en virtud de que, como se dijo, esa figura jurídica únicamente puede desempeñarse en beneficio de quienes se representa y no en su perjuicio." Por tanto, se comisiona al Actuario adscrito para que notifique de manera personal el presente proveído a ********************, en el entendido que, de practicarse la diligencia encomendada directamente con los quejosos en mención, éstos podrán ratificar el escrito que presentó el representante común recibo en auto de dieciséis de marzo del año en curso, respecto a su contenido. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 82/2016, visible en la página 462 del tomo I, julio 2016, décima época, número de registro 2012059, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Notifíquese y, personalmente a ******************

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de marzo de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Según se advierte del estado que guardan los autos, así como certificación de cuenta, mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, se previno a la parte a la parte quejosa para que cumpliera con los puntos ahí señalados, lo que se ordenó comunicarle de manera personal, sin que, a la fecha, obre en autos la constancia de notificación respectiva. II. Se ordena notificar. Consecuentemente, túrnense los autos al actuario judicial de la adscripción que corresponda, a fin de que notifique a la parte quejosa, de manera personal, el citado auto de quince de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa el auto indicado. ATENTO A LO ORDENADO SE INSERTA ACUERDO DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÈS: Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de febrero de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicano, de la Secretaría de Salud y del Director del Diario Oficial de la Federación. II. Expediente y registro. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 173/2023. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Prevención. Según se advierte del análisis de la demanda de amparo, la acción constitucional se promovió en los términos siguientes: "....., en mi carácter de apoderado legal, con poder general para pleitos y cobranzas, de ....., personalidad que se acredita mediante copia certificada del instrumento notarial que se acompaña como Anexo 1 [.]." (Énfasis añadido). Luego, según se advierte del calce de la demanda, esta aparece firmada con el nombre ....., sin que sea posible establecer la identidad de la persona moral en cuyo favor dice promover el citado ocurso, pues no se hace mención alguna sobre la denominación de dicha persona moral, ni tampoco se exhibió copia certificada de la escritura pública en que consta el poder al que se alude en el proemio de la demanda Así mismo, no pasa inadvertido que junto al escrito inicial se exhibieron dos facturas expedidas por .....; no obstante, dados los términos en que se ejerció la acción de amparo, se carece de elementos objetivos para establecer, sin lugar a dudas, que tal persona moral es aquélla en cuyo favor se pretende incoar la instancia constitucional. En ese sentido, con fundamento en el artículo 108, fracción I, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le haga, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Aclara el nombre de la persona que materialmente suscribió la demanda, esto es, precise cuál es el nombre completo de la suscribiente .....; en el entendido que deberá acreditar tal circunstancia mediante la exhibición de documento oficial o copia certificada de éste, en que conste la firma de la promovente. SEGUNDO. Aclare si la demanda la promueve por su propio derecho o en representación de un tercero, en cuyo caso deberá exhibir documento original o copia certificada de éste, en que consten las facultades de la promovente para ejercer la acción de amparo en favor de aquél. TERCERO. En caso de evacuar la prevención mediante la exhibición de promoción en formato físico, deberá exhibir copias necesarias para correr traslado a las partes de su escrito aclaratorio, así como de los documentos con los que acredite su personalidad. Encuentra sustento lo anterior en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el identificativo 2a./J. 124/2016 (10a.), publicada el viernes 11 de noviembre de 2016, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y soma que siguen: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Hágase saber a la parte quejosa, que la prevención contenida en el presente proveído, únicamente puede ser desahogada por ella misma o por quien acredite su representación, lo anterior atendiendo al principio de instancia de parte agraviada, ya que solo dicha parte puede alegar sufrir el agravio por parte de las autoridades responsables; máxime que la manifestación bajo protesta de decir verdad referida en su escrito inicial de demanda, así como su aclaración no pueden desvincularse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio jurisprudencial 1a./J50/2014 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2007285, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Asimismo, hágasele notar a la parte quejosa que el escrito aclaratorio está bajo los efectos de la protesta de decir verdad que ya vertió y que la Ley de Amparo, el cual prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. IV. Apercibimiento. Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, en el término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa en términos del artículo 114 de la ley de Amparo. V. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VI. Domicilio y Autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se le tiene únicamente anunciado domicilio procesal el ubicado en ....., asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ....., toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho y en únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para consultar el presente expediente, a las diversas personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente el solicitante del amparo. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VII. Acceso al expediente electrónico (consulta y notificaciones). Con fundamento en los artículos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo1 , se autoriza a la parte promovente la consulta del expediente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante los usuarios "....."; y, ".....". De igual modo, se autoriza la práctica de notificaciones 1 "Artículo 21. En el Sistema Electrónico del PJF, el personal de los órganos jurisdiccionales, conforme a sus atribuciones, recibirá las solicitudes, incidentes, demandas, recursos y, en general, todas las promociones electrónicas, junto con sus anexos, acuses de recibo y boletas de turno electrónicas, tras lo cual integrarán el expediente electrónico, otorgarán los accesos para su consulta y los permisos para notificarse electrónicamente, y ordenarán la práctica de este tipo de notificaciones." "Artículo 37. La autorización para acceder a los expedientes electrónicos sólo será otorgada o revocada por las y los titulares. En todo caso, se atenderá a la situación jurídica de cada usuario en los asuntos en los que se solicite, de conformidad con su capacidad procesal y la vigencia de su firma electrónica." "Artículo 38. La autorización o revocación del acceso para consultar un expediente electrónico surtirá efectos una vez que se acuerde favorablemente y el proveído respectivo se notifique a las partes y se integre al expediente. Al respecto, únicamente surtirá efectos para las personas y expedientes respecto de los cuales se formule la solicitud correspondiente." a través de la plataforma indicada, sólo mediante el usuario ".....". En ese sentido, derivado de la autorización para consulta del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.2 Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, sobre las autorizacióones indicadas, para los efectos legales conducentes. VIII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. IX. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las 2 Cobra aplicación, por analogía, la tesis con los datos de registro siguientes: Época: Décima. Registro: 2007298. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 29 de agosto de 2014 8:13 h. Materia(s): (Común). Tesis: I.13o.T.15 K (10a.): "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)." partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. X. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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