Martha Elvia Chan Pacheco

Expediente 30/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
30/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/02/2018

Partes del expediente

  • Martha Elvia Chan Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE AMPARO SE DECLARA QUE EL PROVEÍDO MEDIANTE EL CUAL SE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, HA QUEDADO FIRME; HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO ENVÍESE EL PRESENTE EXPEDIENTE A ARCHIVO Y REALÍCENSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJOSO...se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJOSO ...Ensenada, Baja California, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Martha Elvia Chan Pacheco, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de ensenada, con residencia en San Quintín, Baja California; con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda en sus términos fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 30/2018; sin que sea el caso formar incidente de suspensión en virtud de no haber sido solicitado. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días, en el que se expondrán las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, y se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de esta misma fecha; lo anterior, con fundamento en el artículo 260 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a las partes, para que en la hipótesis de que hayan cesado los efectos del acto reclamado u ocurran causas notorias de improcedencia lo hagan de conocimiento de este juzgado de Distrito, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con apoyo en el artículo 251 de la misma ley, se les impondrá multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de esta misma fecha; lo anterior, con fundamento en el artículo 260 de la Ley de Amparo. Se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del trece de febrero de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. Dése la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado federal, a quien de conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la legislación federal en consulta, le asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Ahora bien, toda vez que le reviste el carácter de tercero interesado, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, a Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California, con domicilio ubicado en calle Sexta número 1990, colonia Obrera, de esta ciudad; emplácesele a juicio por medio de oficio de conformidad con el artículo 26 fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, córrasele traslado con copia de la demanda de garantías y del presente proveído. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." (Época: Novena Época, Registro: 162965, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 90/2010, Página: 448 ) Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad de notificar a la autoridad responsable debido a su inexistencia, sin mayor trámite se le tendrá como inexistente, suspendiendo toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable hasta antes de la audiencia constitucional, tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y, al principio de celeridad procesal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; asimismo, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas señalados en su escrito de demanda. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, a fin de configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de am

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