Martha Elva Pelayo Moreno

Expediente 2290/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2290/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Martha Elva Pelayo Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de dieciocho de septiembre de la presente anualidad, se otorgó un plazo de tres días a la autoridad responsable, para que cumpliera con la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiera hecho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, previo a hacer efectivo el apercibimiento respectivo, requiérase nuevamente a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, por conducto de su presidente, para que, en el plazo de tres días legalmente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, cumpla cabalmente con los deberes impuestos en la sentencia de amparo, conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acredite de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por.....

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Autoridad solicita. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido electrónicamente por el Director de lo Contencioso, adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, y en atención a su contenido, remítasele al correo electrónico proporcionado para tal efecto, copias certificadas de los oficios con números de registro 8215 y 8216, mismos que fueron presentados el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, así como del acuerdo que recayó a los mismos, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés . Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó personalmente a la parte quejosa el cinco de octubre del año en curso, fue omisa en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "De inmediato, de no haber impedimento legal en el juicio laboral 549/2017-16-A, por conducto de quien corresponda, realice las gestiones necesarias para exigir la elaboración del proyecto de laudo y desahogar la audiencia de votación correspondiente, a fin de elevarlo a la categoría de definitivo, lo cual deberá determinarse con plenitud de jurisdicción, o en su caso, acredite la imposibilidad jurídica que para ello tenga. Lo anterior sin perjuicio de que, en caso de ser necesario, se realicen las diligencias que no se hayan efectuado por causas ajenas a la voluntad de las partes o que se estimen indispensables para el esclarecimiento de la verdad, tal y como lo dispone el artículo 886 de la ley obrera; lo que también deberá efectuar con plenitud de jurisdicción". Al respecto, por oficio recibido en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, la responsable remitió copia certificada del proyecto de laudo y del auto por el que desahogó la audiencia de votación correspondiente, a fin de elevarlo a la categoría de definitivo, dentro del juicio laboral 549/2017-16-A. Constancia que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió la protección constitucional, por lo que es susceptible de conservación y transferencia una vez transcurridos tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del aludido acuerdo general. Notifíquese.

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