Martha Elva Murillo Robles
Expediente 1993/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1993/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Martha Elva Murillo Robles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, al que anexa los autos del presente juicio de amparo, cuatro tomos y testimonio de la ejecutoria de veinticuatro de abril del año en curso, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se califica de legal el impedimento planteado por el licenciado Juan Antonio Huerta Vázquez, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito, para conocer del amparo indirecto 1993/2018. Notifíquese." Acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno; agréguense las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes, formado con motivo del impedimento. En acatamiento a lo resuelto por la superioridad, remítanse a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el juicio de amparo 1993/2018, así como los anexos consistentes en cuatro tomos, para que en atención a ello y conforme al sistema relativo al turno de las demandas de amparo, los remita al juzgado que por razón de turno le corresponda; a las copias fotostáticas con las que se formó cuaderno de antecedentes con motivo del impedimento planteado, agréguense las pertinentes para formar diverso cuaderno de antecedentes.
- Principal
SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, al que anexa los autos del presente juicio de amparo, cuatro tomos y testimonio de la ejecutoria de veinticuatro de abril del año en curso, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se califica de legal el impedimento planteado por el licenciado Juan Antonio Huerta Vázquez, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito, para conocer del amparo indirecto 1993/2018. Notifíquese." Acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno; agréguense las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes, formado con motivo del impedimento. En acatamiento a lo resuelto por la superioridad, remítanse a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el juicio de amparo 1993/2018, así como los anexos consistentes en cuatro tomos, para que en atención a ello y conforme al sistema relativo al turno de las demandas de amparo, los remita al juzgado que por razón de turno le corresponda; a las copias fotostáticas con las que se formó cuaderno de antecedentes con motivo del impedimento planteado, agréguense las pertinentes para formar diverso cuaderno de antecedentes.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante oficio 1011/2019 de once de enero de dos mil diecinueve, se remitieron los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, para que calificara el impedimento planteado por el licenciado Juan Antonio Huerta Vázquez, Secretario de este Juzgado en funciones de Juez de Distrito. Ahora, a partir del primero de mayo de dos mil diecinueve, el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, es el nuevo titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo cual ya no existe impedimento para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por Martha Elvia Murillo Robles; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con relación al impedimento penal 8/2019 de su índice, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acuerda: Dado que la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, fue promovida por la quejosa Martha Elvia Murillo Robles, con quien el suscrito guarda una amistad estrecha, por tanto considero que existe una causa de impedimento para que el suscrito se avoque al conocimiento y en su caso resolución del asunto, lo que me obliga en términos del artículo 146, fracción II, en relación con la XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto 2.1 del capítulo II, del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, a declararme impedido. En efecto, dichos dispositivos refieren: "Artículo 146. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y los jurados, están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: . II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior. . XVIII. Cualquier otra causa análoga a las anteriores.". "Capítulo II. Imparcialidad. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables. Por tanto, el juzgador: 2.1 Evita conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes.". Previamente, conviene establecer la naturaleza jurídica del impedimento. Los impedimentos para que cierto funcionario pueda conocer de un asunto, son un aspecto que está íntimamente vinculado con la competencia subjetiva, consistente en la idoneidad e imparcialidad del sujeto que ha de emitir el fallo, pues los sujetos que asumen la calidad de órganos jurisdiccionales del Estado o que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten el cargo en forma permanente, están ligados por una relación de empleo o de servicio, que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar parte de los funcionarios del orden judicial. Por su parte, los artículos 100, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son del tenor siguiente: "Artículo 100. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia." "Artículo 105. El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se harán mediante el sistema de carrera judicial a que se refiere el presente título, la cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en su caso." Por otra parte, la relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado es una relación de derecho público, y tiene por contenido el deber fundamental del Magistrado o de otro funcionario del orden judicial de cumplir las funciones de su oficio y, en especial, las funciones jurisdiccionales, deber al cual corresponde un derecho público de la sociedad salvaguardada por el Estado al cumplimiento de las funciones jurisdiccionales (relación de servicio judicial). Esta exigencia del Estado al cumplimiento, por parte del servidor público, de las funciones a él atribuidas y esa obligación correlativa del funcionario para con el Estado, de cumplir las funciones para las cuales ha sido designado, sufre a su vez limitaciones, en el sentido de que, aun permaneciendo como obligación general del servidor público, en algunos casos, por razones particulares, dicho funcionario no sólo no puede ejercer las funciones que normalmente está llamado a cumplir, bajo conminatoria de sanciones de diversa naturaleza, sino que se le impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplir sus funciones normales y de no atender a sus cometidos, o de no ejercer las facultades para los que ha sido puesto al frente de una función determinada. Ahora bien, los sujetos que asumen la calidad de órganos o que son titulares de la función son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando la designación de los funcionarios jurisdiccionales esté rodeada por una serie de garantías, de modo que teóricamente esté asegurada la máxima idoneidad del funcionario para el cumplimiento de la función encomendada, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplirla respecto de una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino de una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano o que desempeñan la función jurisdiccional. En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto, lo que da lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el interés personal de quien debe ejercerla, en determinado caso concreto, intereses personales que se les conoce como impedimentos. El fundamento jurídico del impedimento radica en lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone tratándose de la impartición de justicia. En efecto, el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." De la transcripción expuesta destaca lo siguiente: a. El derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales; y b. Que dichos tribunales deberán emitir sus resoluciones en forma completa e imparcial. Por tanto, todo proceso que se somete a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional citado, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. De ahí que la finalidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al estatuir en su artículo 146, fracción II, a la amistad estrecha, como una causa de impedimento por ser una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente, en el juzgador que lo hacen inhábil para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una sentencia justa. En efecto, el artículo 146, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: "Artículo 146. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y los jurados, están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: . II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior. Del precepto transcrito se infiere que entre los supuestos de impedimento, existe el de la amistad estrecha con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores. De satisfacerse el supuesto legal aludido, resulta forzosa la excusa del funcionario, pues la ley establece una presunción juris et de iure (de derecho y por derecho, es decir, de pleno derecho), con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso y, es por ello, que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Ahora bien, del análisis de la certificación y demanda de cuenta, se desprende que Juan Antonio Huerta Vázquez, labora para este órgano jurisdiccional como secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito, desde esta fecha; por lo que analógicamente, al laborar en la institución de la que el suscrito se encuentra como secretario en funciones de Juez de Distrito y, atendiendo a lo estipulado en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, en el que se recogen los principios, reglas y virtudes judiciales, que se consideran idóneos para constituir un referente deontológico, que pueda no sólo guiar la conducta de los juzgadores federales y sus auxiliares, sino facilitar la reflexión ética sobre los diversos aspectos de la función que desempeñan, no resulta válido ni ético que el suscrito conozca de la demanda de cuenta, ello precisamente para evitar que se entiendan concedidas ventajas o privilegios ilegales a favor de la citada quejosa. Cabe precisar además, que la amistad estrecha entre a quien corresponde resolver y alguna de las partes en el asunto que nos ocupa (en el caso, la quejosa Martha Elva Murillo Robles) emana, generalmente, de una convivencia constante e identificación recíproca de los sujetos en los múltiples planos que conforman la personalidad humana, las que alcanzan el extremo de estrechez en la medida en que tanto esa convivencia como la identificación subsisten prolongadamente en el devenir del tiempo, de tal manera que generan un vínculo de aprecio o afecto entre las partes por la convivencia familiar frecuente; lo que puede válidamente equipararse al trato existente en una relación laboral diaria con la parte actora material. Resultando aplicable al caso, lo sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.9o.C.21 K, publicada en la página novecientos noventa y nueve, tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPEDIMENTO. AMISTAD ESTRECHA. La amistad estrecha entre los funcionarios del Poder Judicial de la Federación y alguna de las partes en el asunto que se va a fallar emana, generalmente, de una convivencia constante e identificación recíproca de los sujetos en los múltiples planos que conforman la personalidad humana, las que alcanzan el extremo de estrechez en la medida en que tanto esa convivencia como la identificación subsisten prolongadamente en el devenir del tiempo, de tal manera que generan un vínculo de aprecio o afecto entre las partes por la convivencia familiar frecuente.". En esta medida, se actualiza el impedimento previsto en artículo 146, fracción II, en relación con la XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto 2.1 del capítulo II, del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y, en consecuencia, con apoyo en el artículo 29, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el juicio de referencia y demás anexos conducentes, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito para los efectos de la calificación del impedimento planteado, adjuntando al oficio respectivo, copia certificada del oficio CCJ/ST/0112/2019. Por otra parte, toda vez que del estado que guardan los presentes autos, se advierte que se fijaron las once horas con diez minutos del catorce de enero de dos mil diecinueve, para el verificativo de la audiencia constitucional en este juicio; sin embargo, atendiendo a lo anterior, por tanto, por economía procesal, se dejan sin efectos la hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en este juicio y, se reserva fijar nueva fecha, hasta en tanto se resuelva la cusa de improcedencia en el presente expediente; lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Con las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.
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