Martha Elsa Cota Rodríguez

Expediente 644/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
644/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/10/2019

Partes del expediente

  • Martha Elsa Cota Rodríguez

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    ARCHÍVESE.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Del estado que guarda este expediente y de la certificación con que se da cuenta, se advierte que la parte quejosa no impugnó el acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, se declara firme el citado acuerdo para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, hágase devolución a la Junta Especial Número Cuarenta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cananea, Sonora, de los autos originales que sirvieron para dictar el fallo respectivo y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Del examen de la demanda de amparo promovida por ******* se advierte que fue presentada después del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que procede desecharla con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, y 179 de la ley en comento. La quejosa señala como acto reclamado el laudo de veintitrés de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral ******, por la Junta Especial Número Cuarenta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cananea, Sonora, a través del cual se dio cumplimiento a la ejecutoria de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el diverso amparo directo laboral 678/2018, promovido por la quejosa de referencia, en la cual se concedió para efectos la protección constitucional. En el citado juicio de amparo, que se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, obra el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se ordenó correr traslado y dar vista a la quejosa con copia certificada del laudo emitido por la autoridad responsable con el que dio cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo; acuerdo que se dictó en los siguientes términos: (SE TRANSCRBE).- El acuerdo anterior se notificó personalmente a la quejosa, a través de su autorizada Daniel Hernández Orta, el lunes uno de abril de dos mil diecinueve (foja 124 del amparo directo mencionado). Como puede observarse, a través de dicha notificación la referida quejosa tuvo conocimiento del acto que reclama en el actual juicio de amparo; por lo que el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a correr el martes dos siguiente y concluyó el jueves veinticinco de abril del año en curso, de conformidad con lo que dispone el diverso numeral 18, del citado ordenamiento legal, descontándose por ser días inhábiles el seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de abril del mismo año, por corresponder a sábados y domingos, respectivamente, según disponen los artículos 19 de la ley reglamentaria en consulta y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del diecisiete al diecinueve de abril del presente año, por haber resultado inhábiles para la autoridad responsable, según se advierte del Boletín Oficial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, publicado el día catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, como dicha demanda fue presentada ante la junta responsable, hasta el lunes tres de junio de dos mil diecinueve, según se advierte del sello de recibido que obra en la misma y de la certificación de la demanda, es evidente que transcurrieron más de quince días desde la fecha en que tuvo conocimiento del laudo reclamado a la presentación de la apuntada demanda, por lo que su interposición se hizo fuera del término de ley. Lo anterior es así debido a que para considerar en tiempo la presentación de una demanda de amparo, se debe atender a cualquiera de las tres hipótesis contenidas en el artículo 18 de la ley de la materia, que es del tenor siguiente: (SE TRANSCRIBE).- De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, que son: 1. A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. A aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclame; 3. A partir del día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que se computará a partir del día de la entrada en vigor de la ley reclamada. De lo anterior se desprende que en la especie se actualiza el segundo de los supuestos, en virtud de que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado a través de la notificación realizada por este tribunal colegiado el lunes uno de abril de este año, en la que se le corrió traslado y dio vista con la copia certificada del laudo de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la junta responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo laboral 678/2018, relacionado con el presente asunto. En consecuencia, como quedó precisado, si el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado a través de la notificación de uno de abril de dos mil diecinueve, en tanto que la demanda de amparo la presentó hasta el tres de junio del año en curso, es inconcuso que ya había transcurrido el plazo de quince días que para tal fin concede el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, pues feneció el veinticinco de abril del citado año. En tal virtud, al presentarse la demanda de amparo fuera del término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 179 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia P./J.115/2010, derivada de la contradicción de tesis 57/2008-PL, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del tomo XXXIII, enero de 2011, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que previene: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.- Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Asimismo, lo expuesto en la jurisprudencia 2ª./J.31/2002, derivada de la contradicción de tesis 76/2001-SS, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 436 del tomo XVI, noviembre de 2002, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PROMOCIÓN CONTRA UN LAUDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE AMPARO ANTERIOR, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE AQUÉL.- El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término para la interposición del juicio de garantías es de quince días contados a partir del día siguiente: 1) al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación del precepto citado, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. En congruencia con lo anterior, cuando se impugna en amparo un laudo emitido en cumplimiento a una ejecutoria de amparo anterior, el cómputo del plazo para la promoción de la demanda de garantías deberá iniciarse a partir del día siguiente al en que el tribunal de amparo notificó personalmente al quejoso el auto por virtud del cual le dio vista con ese laudo para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, únicamente cuando conste fehacientemente que a aquél se le corrió traslado con la copia íntegra del referido laudo, pues de lo contrario, para establecer la oportunidad de la presentación de la demanda de garantías, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá tomar en cuenta la notificación realizada por la responsable, salvo que exista manifestación expresa del quejoso en el sentido de que por otros medios, en una fecha anterior a dicha notificación, tuvo conocimiento de las consideraciones que fundan el laudo impugnado, en cuyo caso el plazo correrá a partir de esta última fecha". Sin que sea óbice la circunstancia de que la junta responsable haya notificado a la ahora quejosa el laudo reclamado el trece de mayo de dos mil diecinueve, como se advierte de la foja ciento ochenta y nueve del mencionado expediente laboral; toda vez que dicha notificación no puede tomarse en cuenta para el cómputo respectivo, dado que, como quedó precisado, aquél tuvo conocimiento completo del laudo reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó; es decir, cuando el actuario adscrito a este tribunal colegiado le corrió traslado con el citado laudo el uno de abril de dos mil diecinueve. Por último, téngase por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso; asimismo, se reconoce el carácter de autorizada a Myriam Denisse Quijada Ruiz, dado que se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que se lleva ante los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito; además, sólo para oír y recibir notificaciones a Daniel Hernández Orta, Iván Guadalupe Obregón García, Mariana Cabrera Maldonado; en la inteligencia que una vez que proporcionen los datos de su cédula profesional y exhiban copia certificada de la misma, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, o bien demuestren que tienen registrada su cédula profesional en dicho sistema, se les reconocerá tal carácter con facultades amplias.

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