Martha Elizabeth Lopez Sandoval

Expediente 333/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
333/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
13/06/2018

Partes del expediente

  • Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California
  • Martha Elizabeth Lopez Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de uno de junio de dos mil dieciocho, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un expediente que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido en el que si existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrán ser destruidos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA MARTHA ELIZABETH LOPEZ SANDOVAL, EL PROVEÍDO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL QUE EN LO CONDUCENTE DICE: En Mexicali, Baja California, a uno de junio de dos mil dieciocho. Vista la comparecencia que antecede, de la cual se desprende que MARTHA ELIZABETH LÓPEZ SANDOVAL, ratificó las firmas y huella digital plasmada en el escrito aclaratorio presentado en este órgano de control constitucional el veinticuatro de mayo del presente año. Por lo tanto, visto el estado de autos y el escrito indicado en el párrafo que antecede, se desprende que la parte quejosa desahogó la prevención formulada en quince de mayo del año que transcurre.Ahora bien, visto el escrito de cuenta así como del estudio integral de la demanda, cabe destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.En relación con lo anterior, diversos tribunales de la federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y pleno convencimiento de que la causa de improcedencia en trato es operante al caso concreto, de modo tal, que aun en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Establecido ello, se considera que en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...)XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia textualmente establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Al tenor de los preceptos en comento, el acto reclamado se considera tácitamente consentido, cuando no se promueva en su contra el juicio de amparo, dentro del término de quince días y el acto combatido no encuadre dentro de los supuestos de excepción indicados. Como se puede advertir, el artículo 18 a que se ha hecho referencia, contempla tres hipótesis a fin de computar el término para que el impetrante de amparo interponga el juicio de amparo, los cuales, a saber son a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado (conforme a la ley del acto); b) Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; y, c) A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, en los casos de la fracción I, del artículo 17. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P.J/115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible a página 5, tomo: XXXIII, enero de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora bien, la quejosa reclama de la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad y actuario de su adscripción, la falta de emplazamiento dentro del juicio sucesorio intestamentario 37/2008, a bienes de Miguel López Rentería, de su índice, así como sus consecuencias jurídicas; y del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, la inscripción preventiva bajo partida número 5464927, sección civil de seis de febrero de dos mil ocho. Por otra parte, se hace constar que ante este Juzgado, se encuentra tramitado diverso juicio de amparo registrado bajo el número 234/2017, al parecer promovido por ella misma, en el que señalaron el mismo acto reclamado que en el juicio en que se actúa de las mismas autoridades responsables; asimismo, que en proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete (foja 448), se citó a la indicada quejosa a efecto de que compareciera al local de este Juzgado a las once horas con cinco minutos del seis de noviembre del indicado año, a fin de que ante la presencia judicial practicara diversos ejercicios relativos al desahogo de la prueba pericial en grafoscopía ofrecida por la tercero interesada Cecilia Becerra Fernández; de lo cual, fue notificada por medio de lista en veintiséis de octubre del indicado año (foja 461), compareciendo a su desahogo (fojas 470 a 472). Circunstancias, que se invocan en el presente juicio de amparo, como hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo; sin que sea el caso, anexar copia certificada de las referidas actuaciones pues basta con que se tengan a la vista al momento de dictar la determinación correspondiente, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 103/2007, Tomo XXV, junio de dos mil siete, consultable a foja doscientos ochenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." De lo anterior, se desprende que la quejosa tuvo conocimiento de los actos que combate en esta sede constitucional, desde la fecha en que acudió a este recinto judicial a desahogar la prueba pericial en materia de grafoscopía que fue ofrecida en el diverso juicio de amparo 234/2017, del índice de este Juzgado, es decir, desde el seis de noviembre del año próximo anterior. Lo que se corrobora con sus propias manifestaciones, ya que en su escrito inicial, expuso bajo protesta de decir verdad, que acudió a este Juzgado pues había sido requerida para plasmar diez veces su firma; sin que se tome en consideración el hecho que indique que no tuvo del acto que motivo el juicio de amparo, pues como se advierte de las actuaciones, si fue requerida para que se presentara ante este juzgado y acudió al desahogo del medio de convicción indicado, es inconcuso que tenía conocimiento de la existencia del mismo. Ahora bien, como se señaló en párrafos que anteceden, si la impetrante tuvo conocimiento y se hizo sabedora de los actos reclamados, desde el seis de noviembre de dos mil diecisiete, al haber presentado la demanda de amparo hasta el catorce de mayo del año en curso, según boleta de turno (foja 1), es obvio que transcurrió en exceso el citado plazo, por lo que, en términos del artículo 61 fracción XIV, se consideran tácitamente consentidos los actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 14, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, visible a página 11, tomo: VI, parte SCJN, Apéndice de 1995, que se transcribe: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, con fundamento en el dispositivo 113 de la legislación invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por MARTHA ELIZABETH LÓPEZ SANDOVAL. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente.Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MARTHA ELIZABETH LOPEZ SANDOVAL, EL AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DE 2018, EL CUAL DICE: Mexicali, Baja California, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a sus autos el escrito al parecer de Martha Elizabeth López Sandoval, atento a sus términos y toda vez que la firma que calza en el impreso de cuenta, así como la huella digital, difieren notoriamente con las estampadas en el escrito de demanda presentado el catorce de mayo de dos mil dieciocho; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°; requiérase para que en el término de tres días siguientes al en que surta los efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este Juzgado, debidamente identificada con credencial oficial y vigente a ratificar el contenido del ocurso de mérito; así como la firma y huella ahí plasmados y las de la demanda de amparo; por lo tanto, una vez hecho lo anterior, se acordará lo conducente, apercibida que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentado el mismo. Sirve de apoyo lo anterior la Jurisprudencia 258 visible a fojas 174, Tomo VI, Materia Común del Apéndice Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, intitulada: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE A RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". En el entendido que el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, señala que SE IMPONDRÁ UNA PENA DE DOS A SEIS AÑOS DE PRISIÓN y multa por lo que equivalga de treinta a trescientas veces el equivalente del valor diario de la unidad de medida y actualización (80.60 UMA), a la parte quejosa, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede de la que se advierte la imposibilidad de notificar a la parte quejosa MARTHA ELIZABETH LÓPEZ SANDOVAL, el contenido del acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho, por los motivos que se exponen en la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, proceda el Actuario Judicial, a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el proveído de mérito, a la citada quejosa; así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, que autoriza y da fe.

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