Martha Eliud Morales Hernández

Expediente 753/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
753/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Martha Eliud Morales Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el ocho de julio pasado, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 753/2022. De conformidad con el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo promovida por Martha Eliud Morales Hernández, por propio derecho, contra actos del Comisionado Estatal de Arbitraje Médico en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, consistentes en: "PRIMERO. - El acuerdo descrito en el oficio de fecha 23 (veintitrés) de Junio del año 2022 (dos mil veintidós) pronunciado dentro del expediente: COESAMM/SM17/27/04/2022, por parte de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán, cuya copia simple acompaño a este ocurso, solicitando se me tenga por reproducida en el presente párrafo, en todas y cada una de sus partes. Mediante la cual aquella responsable dispone lo siguiente: 'Morelia, Michoacán, a 23 de Junio del 2022. DRA. MARTHA ELIUD MORALES HERNÁNDEZ BUCARELI No. 323 COL. 5 DE MAYO ESQUINA CON FRAY PEDRO DE GANTE MORELIA, MICHOACÀN. La C. CITLALLY REYNOSO LÓPEZ, usuaria de servicios médicos, presentó una queja ante esta Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán, por la atención prestada a partir del mes de MARZO del año 2022. [.] Por esta razón, con fundamento en lo anterior, le solicitamos POR TERCERA OCASIÓN atentamente hacer llegar a esta Comisión dentro del plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de recibido el presente oficio, los siguientes documentos: 1. Copia fotostática de su Título 2. Copa fotostática de su Cédula Profesional 3. Copia fotostática Certificado de Especialidad en su caso. 4. Copia Fotostática de la Autorización o Cédula para Ejercer la Especialidad en su caso. 5.- Narrativa de hechos como atendió al paciente. 6.- Copia fotostática simple, legible y completa del expediente clínico que integró en su consultorio de la C. CITLALY REYNOSO LOPEZ. En virtud de la inconformidad presentada, se les invita acudir a las instalaciones de esta COESAMM para darle conocimiento de la misma.' SEGUNDO.- La ilicitud con la que se conduce la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en Michoacán al haber introducido el día 29 de Junio del presente año, el oficio que se describe en el antecedente inmediato anterior, suscrito con fecha 23 veintitrés de Junio del año que transcurre, mismo que fue dejado por debajo de la puerta, acto reclamado que se cristaliza en defectos graves, toda vez que la entrega de dicho documento se realizó sin haberse cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, violando en mi perjuicio el Debido Proceso Legal que prevé la garantía de legalidad y seguridad jurídica para todo gobernado. Asimismo, manifiesto que anteriormente a que encontrara el oficio multicitado NO SE ME HABÍA ENTREGADO ALGÚN OTRO DOCUMENTO POR PARTE DE LA RESPONSABLE. TERCERO. - Todos los actos que tienda a ejecutar la responsable con motivo del seguimiento del expediente COESAMM/SM17/27/04/2022, y que afecten en primer término mi garantía de defensa, así como mi patrimonio, debido a que en la notificación no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento y por lo tanto las actuaciones son nulas de hecho y de derecho por encontrarse en dicha notificación vicios de fondo y forma." Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Del precepto anterior, se desprende que el juicio de amparo biinstancial es procedente contra actos emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que sean de imposible reparación, entendiéndose por dichos actos aquéllos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la resolución, sino que además, recaigan en derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas. Interpretación de la que se deducen dos condiciones para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio: Que se trate de actos que afecten materialmente "derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso hasta antes del dictado de la resolución; y, Que dichos derechos revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica de derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual. En ese tenor, se puede concluir que el juicio de amparo indirecto exclusivamente es procedente contra actos emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia, 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese sentido, tenemos que la Ley de Amparo define los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que, tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Del texto legal se deducen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento en la nueva ley que son: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Expuesto lo anterior, se estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado consistente en el oficio COESAMM/SM/283/2022 de veintitrés de junio de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente: COESAMM/SM17/27/04/2022, por parte del Comisionado Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se le solicita por tercera ocasión haga llegara a esa Comisión dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de dicho comunicado, los documentos consistentes en 1. Copia fotostática de su Título; 2. Copa fotostática de su Cédula Profesional; 3. Copia fotostática Certificado de Especialidad en su caso; 4. Copia Fotostática de la Autorización o Cédula para Ejercer la Especialidad en su caso; 5.- Narrativa de hechos como atendió al paciente; y 6.- Copia fotostática simple, legible y completa del expediente clínico que integró en su consultorio de Citlaly Reynoso López, en relación a una queja presentada por ésta, en contra de la aquí quejosa, por la atención médica prestada a partir de marzo de dos mil veintidós, por lo que se le invitó a acudir a las instalaciones de dicha Comisión para hacer de su conocimiento la misma, no es de aquellos actos considerados como de imposible reparación; razón por la cual, el juicio de amparo es improcedente. En efecto, en principio debe tenerse en cuenta que como anexo de su demanda de amparo, la quejosa exhibió copia del el oficio COESAMM/SM/283/2022 de veintitrés de junio de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente COESAMM/SM17/27/04/2022, por el Comisionado Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Michoacán. Como se observa, el oficio reclamado se emitió con la finalidad de solicitar a la quejosa exhiba diversos documentos, relacionados con la atención médica profesional proporcionada a una determinada usuaria que se quejó de sus servicios, así como invitarla a acudir a las instalaciones de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Michoacán para hacer de su conocimiento la queja presentada en su contra, y eventualmente desahogara su derecho fundamental de audiencia. Teniendo en cuenta el contenido del acto reclamado, se concluye que el mismo no es de imposible reparación, porque el procedimiento aludido no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto invitar a la quejosa para que acuda a las oficinas de la autoridad responsable a fin de tratar el asunto que ahí se indica. Así, de lo anterior se desprende que el efecto del oficio reclamado es sólo el de vincular a la parte quejosa a la comparecencia indicada por la autoridad, y en su caso, a que aporte los medios que estime necesarios, es decir, evitar su indefensión. Por ello, se considera que la citación al procedimiento administrativo reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues la cita efectuada no implica, por sí sola, la vulneración a alguno de esos derechos. Aunado a ello, el oficio mencionado y los vicios de que se duele la quejosa en la tramitación del procedimiento reclamado como la falta de notificación previa que alega no constituyen actos que produzcan efectos de imposible reparación, en virtud de que aun en el supuesto de que llegara a sujetarse a la agraviada al procedimiento administrativo que advirtió la responsable, existe la eventualidad de que ese procedimiento culmine con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho procedimiento pueden no llegar a trascender y producir huella en su esfera jurídica, y en caso contrario, es decir, de obtener resolución desfavorable, podría controvertir los vicios del oficio de solicitud de documentación e invitación a comparecer y del procedimiento en general, con el medio de defensa legal procedente y, de ser fundadas las violaciones imputadas, ello ocasionaría la insubsistencia del procedimiento relativo, al haberse nulificado el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese procedimiento, por lo que tampoco en dicha hipótesis se dejaría huella en su esfera jurídica. Considerar lo contrario, daría lugar a sostener la procedencia del juicio de amparo indirecto contra todos los actos de inicio de un procedimiento, e incluso contra los actos intermedios haciéndose nugatoria la regla relativa a que tratándose de actos que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si en virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o hubiere sido privado de los derechos que la ley de la materia le conceda y siempre que se ubique en algún caso de excepción que no le obligara a observar el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, en tanto todo acto de inicio de procedimiento contra el cual se otorgara la concesión del amparo dejaría insubsistente el procedimiento relativo, pero no podría desaparecer del mundo fáctico la indebida sujeción de que fue objeto el gobernado al procedimiento que se encontraba viciado de origen. Así pues, se considera que el oficio de solicitud de documentación e invitación a comparecer a que se hizo referencia en párrafos que anteceden, reclamado en esta instancia constitucional no constituye un acto de imposible reparación contra el cual sea procedente el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, sino que las posibles violaciones que pudiera generar ese acto se encuentran sujetas a la regla consignada en el inciso a) de la fracción I, del propio precepto, es decir, son reclamables en su caso hasta que se dicte la resolución definitiva con que culmine el procedimiento relativo, porque no constituye un acto dentro del procedimiento cuya ejecución sea de imposible reparación. Apoya las ideas anteriores, en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 2a. /J. 56/2001, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO. SUS LAUDOS ARBITRALES SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Los laudos que emite la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en su calidad de árbitro, constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues si bien es cierto que actúa por voluntad de las partes, también lo es que ejerce facultades decisorias a nombre del Estado y como ente público establece una relación de supra a subordinación con los particulares que se someten voluntariamente al procedimiento arbitral, ya que al dirimir la cuestión debatida entre el prestador del servicio médico y el usuario de éste, de manera unilateral e imperativa crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de éstos, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de obtener el consenso de la voluntad del afectado." En tales condiciones, por las anteriores consideraciones, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como sus autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Catalina Quezada Daza y María de la Merced Díaz Maya, toda vez que la primera tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que respecto de la segunda, se acredita que cuenta con la facultad para ejercer la profesión de abogada, de conformidad con la copia cotejada de la cédula profesional de licenciada en derecho 9653252, que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano