Martha Elisa Rocha Meza y Otros.
Expediente 1041/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Martha Elisa Rocha Meza y Otros.
- Joaquín Andrés Gutiérrez Sandoval y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Joaquín Andrés Gutiérrez Sandoval, Martha Elisa Rocha Meza, José Ernesto Carrasco Olivares, Carmen Leticia Rocha Meza, Arleen del Carmen Gutiérrez Rocha, Kevin Arturo Gutiérrez Rocha, Inocencia Sandoval, Bertha Meza Hernández y Bertha Isela Rocha Meza, por su propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todas con sede en Ciudad de México. Fórmese el expediente relativo, regístrese bajo el número 1041/2022-VI, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la invocada Ley de Amparo, lo cual, conlleva a desechar la demanda de amparo. En ese sentido, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así el término improcedencia significa falta de oportunidad, de fundamento, de derecho; desde el punto de vista técnico-procesal, es un impedimento para que la acción de amparo alcance su objetivo, pues ésta consiste en un derecho procesal que tiene como finalidad que los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, una vez que sigan los trámites establecidos en el juicio de amparo directo e indirecto, decidan sobre la pretensión litigiosa, y en su caso, de concederse la tutela constitucional, se ordene en la sentencia que el acto reclamado quede insubsistente, se restituya a los quejosos en la garantía individual violada, o se lleve a cabo conforme al procedimiento establecido en la Constitución y en las leyes secundarias. Sin embargo, de existir una causa de improcedencia, el proceso concluye sin resolver el fondo de la controversia constitucional. Así pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido la improcedencia como la institución jurídico procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión litigiosa planteada. En ese orden de ideas, debe decirse que la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio, razón por la cual su análisis amerita un estudio preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, dependiendo del momento procesal en que se actualice. Por ese motivo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda, escrito aclaratorio y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que a la postre, resulten improcedentes. Cabe destacar que por manifiesto, se entiende "dar a conocer", poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar, para que contundentemente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza, y que le permita desechar de plano la demanda de garantías; a su vez, por indudable, debe entenderse lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso particular, como se indicó, se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la invocada Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que en el caso se reclama de las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, de la siguiente forma: Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador (A quien le reclamamos la promulgación, expedición y el contenido de la norma general reclamada). De la Cámara de Diputados (A quien le atribuimos la discusión, aprobación y el contenido de la norma general reclamada). De la Cámara de Senadores (A quien le atribuimos la discusión, aprobación y el contenido de la norma general reclamada). Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (A quien le atribuimos las consecuencias de la norma general reclamada para que se desvincule el cumplimiento de la suspensión y de la sentencia de amparo y en su momento desincorpore la norma de la esfera jurídica de los quejosos). Secretaría de la Defensa Nacional (A quien le atribuimos las consecuencias de la norma general reclamada para que se desvincule el cumplimiento de la suspensión y de la sentencia de amparo y en su momento desincorpore la norma de la esfera jurídica de los quejosos), Secretaría de Marina (A quien le atribuimos las consecuencias de la norma general reclamada para que se desvincule el cumplimiento de la suspensión y de la sentencia de amparo y en su momento desincorpore la norma de la esfera jurídica de los quejosos) Secretaría de Hacienda y Crédito Público (A quien le atribuimos las consecuencias de la norma general reclamada para que se desvincule el cumplimiento de la suspensión y de la sentencia de amparo y en su momento desincorpore la norma de la esfera jurídica de los quejosos). Norma general publicado en nueve de septiembre de dos mi veintidós en el Diario Oficial de la Federación y que relama los siguientes artículos: Artículo Primero del Decreto aludido, en específico el artículo 29, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículo Segundo del Decreto, en específico los artículo 7, fracción VII, 12, fracción I, 13 Bis, fracciones 1,II, III, V y VI, 14 primer párrafo, 15, fracción II, VII y VIII, 32 Bis, 39 y 86 fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional. Los artículos 2º Bis, 138, fracción VII de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Los artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. En efecto, para así considerarlo, cabe precisar, en principio, que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5º, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). En ese contexto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que los quejosos sean titulares de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación de los quejosos frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En esos términos se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), que se localiza en la página mil setenta y ocho, Libro 43, junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del rubro y contenido literal siguientes: "MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". Asimismo, en relación con la oportunidad de exigir el acreditamiento del interés legítimo desde la presentación de la demanda, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que es válido, y que para ello el juzgador debe realizar una aproximación inicial, una evaluación preliminar y un ejercicio hipotético de subsunción, mediante el cual determine si el planteamiento de los quejosos, en su formulación conceptual, y con los elementos probatorios disponibles, es una posibilidad potencial de actualización de su interés legítimo o que exista una duda razonable, y sólo desechar cuando estime que no existe esa posibilidad lógica Apoya a tal consideración, la jurisprudencia 1a./J. 44/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible pagina 311, libro XXII, tomo I, julio 2013, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. EN PRINCIPIO, LA FALTA DE ÉSTE NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE CONDUZCA A DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS PADRES, EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJO MENOR DE EDAD, ACUDEN A COMBATIR ACTOS DE AUTORIDAD DIRIGIDOS A AFECTAR LOS PREDIOS DE UN TERCERO, DE CUYO USO SE BENEFICIAN POR ALGÚN TÍTULO LÍCITO, Y SE RELACIONAN CON LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES SENSIBLES PARA DETERMINADOS DERECHOS CONSTITUCIONALES. El artículo 145 de la Ley de Amparo, establece la facultad de los jueces constitucionales de examinar el escrito de demanda y establece que, de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, supuesto que se actualiza, como se ha reiterado en la jurisprudencia, cuando el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en la tesis aislada XLIII/2013), como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; así, para determinar si la falta de interés legítimo es una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduzca a desechar la demanda, los jueces de amparo, mediante una aproximación inicial al caso, deben realizar una evaluación preliminar y realizar un ejercicio hipotético de subsunción, mediante el cual determinen si el planteamiento del quejoso, en su formulación conceptual y con los elementos probatorios disponibles, es una posibilidad potencial de actualización de su interés legítimo o que existe una duda razonable y sólo desechar cuando estimen que no existe tal posibilidad lógica. Así, es una posibilidad de subsunción del concepto de interés legítimo cuando los padres de un menor acuden al amparo a impugnar actos dirigidos contra una asociación civil, con quienes se relacionan jurídicamente y utilizan sus instalaciones, según lo aducen, para satisfacer necesidades sensibles para sus derechos constitucionales, pues en dicho planteamiento se encuentran presentes de manera indiciaria los siguientes tres elementos: 1) la existencia de un tercero, quien siendo titular de un derecho subjetivo, se presume es destinatario de actos reclamados que afectan las condiciones de ejercicio de ese derecho; 2) la parte quejosa afirma tener una relación jurídica relevante con ese tercero, en razón de la cual puede aprovecharse de las condiciones de ejercicio de su derecho subjetivo, por lo cual los actos reclamados pueden detonar una afectación colateral también en su esfera jurídica; y 3) se alega que los actos reclamados violan el derecho objetivo. La presencia de los tres requisitos permite presumir la existencia de un agravio personal e indirecto, el cual conforma una posibilidad aplicativa del interés legítimo cuando se impugnan actos dirigidos contra terceros. Lo anterior, se insiste, debe entenderse como posibilidad conceptual inicial de subsunción que conduzca a admitir la demanda de amparo y no como conclusión definitiva, pues el juez debe resolver en el juicio la efectiva actualización o no del interés legítimo con base en la fijación de los actos reclamados y la valoración de las constancias de autos; en otras palabras, la satisfacción de los tres requisitos señalados conforma un criterio prima facie a favor de la admisión del juicio constitucional, el cual se debe completar con el análisis casuístico de cada demanda de amparo." De modo que el auto inicial sí es propicio para examinar las particularidades de la reclamación desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés legítimo, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; lo que de otra forma resulta ocioso. Lo anterior de conformidad con la tesis 1a. CXXIII/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Libro XXII, julio de 2013, Décima Época, página 559, que dispone lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional". En ese contexto, en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que en lo conducente, por su orden, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" . "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. (.)." De acuerdo con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los quejosos, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º, de la Ley de la materia. Al respecto, cabe decir que, el interés legítimo, es aquel interés personal, individual o colectivo, actual, real y jurídicamente relevante de los quejosos derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; es decir, se trata de un presupuesto procesal establecido constitucionalmente para que las personas accedan al juicio de amparo, en ausencia del cual los jueces constitucionales no podrían someter a examen jurisdiccional los actos reclamados; pues la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal establece que el juicio de amparo "se seguirá siempre a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo", fórmula que utiliza la palabra "siempre" para reflejar la intención de establecer una regla absoluta. Así, conviene precisar que en el interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, no precisamente patrimonial o económica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Respecto al interés legítimo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), Época: Décima Época, Registro: 2007921, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 50/2014 (10a.), Página: 60, determinó lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En efecto, el interés legítimo es el presupuesto procesal establecido en la Constitución Federal para que las personas accedan al juicio de amparo, en ausencia del cual los jueces constitucionales se encuentran inhabilitados para someter a revisión jurisdiccional los actos de las autoridades políticas, especialmente, de aquellas elegidas democráticamente. La fracción I, del artículo 107 de la Constitución Federal establece que el juicio de amparo "se seguirá siempre a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo", fórmula que utiliza la palabra "siempre" para reflejar la intención del Constituyente de establecer una regla absoluta que, por tanto, no admite excepciones. - Este no es la racionalidad que anima el diseño de otro medio de control constitucional, que puede denominarse como abstracto, como es la acción de inconstitucionalidad, donde los sujetos legitimados no requieren acreditar interés legítimo sino únicamente alegar la inconstitucionalidad de la ley u otras normas generales, el cual sólo es accionable por determinados sujetos señalados expresamente en el artículo 105, fracción II, constitucional; por el contrario, en las controversias constitucionales el artículo 105, fracción I, constitucional sí exige que los actores legitimados acrediten interés legítimo para impugnar las normas generales u actos de autoridad que estimen lesivos de sus esferas de competencias. En ambos casos, los sujetos legitimados son sujetos de derecho público.- La racionalidad que ordena este diseño constitucional se conecta con la preocupación del Constituyente originario de preservar una cierta forma de gobierno, asentado sobre el principio de división de poderes, conforme al cual el poder se ha de dividir para su ejercicio entre distintos departamentos con competencias propias, sobre la base de una idea de pesos y contrapesos - Esta premisa interpretativa se contiene en la jurisprudencia 78/2009 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1540 del Tomo XXX (julio de 2009) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PATRA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA"-. Que los jueces de amparo sólo vean activadas sus facultades de control cuando comprueben la existencia del interés legítimo de la parte quejosa, garantiza un fin negativo del principio de división de poderes, a saber, que los jueces no se posicionen como órganos supervisores permanentes o aduanas de veto de las decisiones mayoritarias con legitimidad democrática; por otra parte, garantiza el fin positivo de ese mismo principio, a saber aprovechar las funciones de control constitucional para utilizarse en su máxima capacidad en el ámbito en el que los jueces gozan de ventajas institucionales sobre los poderes políticos, a saber, la resolución imparcial de controversias concretas mediante la aplicación del derecho. Así, el principio de "instancia de parte agraviada" permite que nuestra Constitución cumpla con el principio contenido en el artículo 49, de que "el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial" y con la promesa hecha de que "no podrán reunirse dos más de estos poderes en una sola persona o corporación". El Poder Judicial no puede evaluar cualquier acto de autoridad, es decir, no puede controlar a los demás poderes cuando estime conveniente, pues ello implicaría que los otros dos poderes quedarían subordinados a los que los jueces tengan que decir en cada una de sus decisiones, lo que rompe con el ideal de "co-participación" que busca alcanzar la Constitución mediante la difusión del poder público en distintos departamentos, con competencias propias, para proyectar un sistema de pesos y contrapesos. Por tanto, dentro del universo de afectaciones que una persona puede resentir, los jueces constitucionales sólo son aptos para conocer de aquellas que puedan calificarse como actualizadoras del interés legítimo o del interés jurídico, y no otras, lo que no implica que el otro tipo de afectaciones posibles no sean relevantes para el modelo de estado constitucional, simplemente no son adecuadas para dirimirse en sede jurisdiccional en ese momento. Los jueces de amparo sólo pueden resolver sobre aquellas afectaciones que sean jurídicamente relevantes, es decir, actuales, reales y cualificados. Las afectaciones mayoritarias, ideológicas y políticas corresponden a los órganos políticos. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que mediante la introducción del interés legítimo, las personas pueden impugnar leyes de las que no son destinatarios, mediante el amparo indirecto. Para determinar si se acredita ese presupuesto procesal, deben considerarse los requisitos establecidos en los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que se pueden sintetizar en la exigencia de verificar que la afectación resentida por los quejosos -no destinatario de la ley- pueda calificarse como jurídicamente relevante y causalmente atribuible a la norma impugnada. Estos requisitos tienen como antecedentes los siguientes precedentes. En primer lugar, se ha construido una definición mínima y flexible de lo que debe entenderse como interés legítimo, cuyo contenido se alimenta de elementos aproximativos, que hacen de su aplicación a los casos concretos una operación evaluativa y no mecánica. La premisa de esta línea de precedentes se estableció por la Primera Sala al resolver el amparo en revisión 366/2012 (Resuelto en sesión del cinco de septiembre de dos mil doce), en el que esencialmente se dijo que la reforma constitucional de junio de dos mil once, que introdujo el concepto de interés legítimo: "no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido." Con base en esa premisa, la Primera Sala adoptó la siguiente definición mínima del interés legítimo: "Aquel interés personal, individual o colectivo, actual, real y jurídicamente relevante del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra." (Consideraciones que dieron origen a la Tesis aislada XLIII/2013 de esta Primera Sala, visible en la página 822 del Libro XVII (febrero de 2013) Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE"). Ahora bien, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 111/2013, en la sesión del cinco de junio de dos mil catorce, estableció con mayor precisión la definición del concepto de interés legítimo. En aquel asunto, el Pleno estableció que para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Al resolver ese asunto, el Pleno estableció los rasgos definitorios del interés legítimo de la siguiente manera: Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, dicho criterio no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Esto es relevante, pues a partir de lo anterior la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que los quejosos pueden tener interés legítimo para impugnar leyes de las que no son destinatarios. En ese sentido, se estableció que las personas pueden combatir las leyes de las que no sean destinatarias cuando resientan una afectación jurídicamente relevante, señalando que ello podría ocurrir en una de tres hipótesis distintas, las que se podrían clasificar respetando la distinción entre norma autoaplicativa y norma heteroaplicativa. Así, se dijo que las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante. Esto sucederá, por ejemplo, cuando la ley establezca obligaciones a una persona, cuyo cumplimiento impedirá a los quejosos recibir ciertos beneficios o los prive de alguno del que ya gozan; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa de forma colateral. Esto podrá suceder, por ejemplo, cuando la ley establece reglas técnicas, beneficios legales o regule algún supuesto de hecho al que se asocie alguna consecuencia normativa, cuya actualización o utilización por quien es destinatario de la norma impedirá a los quejosos, como tercero, obtener un beneficio o lo privara de algún privilegio; y/o; c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. Esto sucederá, por ejemplo, cuando el legislador regule alguna institución jurídica, cuya existencia en el ordenamiento puede generar afectación a personas que no son destinatarias de esa institución. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. Estos precedentes son relevantes, pues, nos permitirán en el presente caso determinar si los quejosos tienen interés legítimo para combatir los actos que reclaman en el juicio que nos ocupa, ya que combaten los preceptos legales en su carácter de norma autoaplicativa, ya que no indican la existencia de un acto de aplicación. Por ende, debe recordarse que para que pueda reconocerse interés legítimo a una persona para impugnar una ley de la que no es destinatario debe alegar resentir una afectación que presente una relación causal con la norma que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. Por tanto, se enfatiza que no cualquier tercero a una ley -que por definición no es destinatario de la norma- puede provocar la función de control constitucional para lograr una evaluación de la decisión democrática a la que se oponga. El principio de división de poderes, que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a aquellos quejosos o quejosas que acrediten una afectación real en un sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural. Ahora bien, en el caso concreto, los impetrantes acuden a la presente instancia constitucional a combatir el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós. Al estimar que dichas reformas le dan facultades de control operativo y administrativo de la Guardia Nacional al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, lo que se traduciría en una militarización sistemática y permanente de la función del estado de Seguridad Pública, impactando en las tareas de investigación y persecución de los delitos, lo que viola los artículo 14, 16, 17, 21 y 29 Constitucionales. En ese orden de ideas, atendiendo al contexto en que se formula la demanda constitucional, el suscrito Juzgador advierte que no se justifica, ni en forma indiciaria, el interés legítimo de los quejosos, para acceder a esta instancia constitucional; habida cuenta que, no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Por el contrario, del análisis integral de su escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa pretende que a través de la tutela constitucional, se interprete el artículo 21 constitucional, para efecto de establecer cuál es el alcance del carácter civil de la institución denominada Guardia Civil, y así determinar si la sujeción del mando de control operativo y administrativo de esta al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, se traduciría en una militarización sistemática y permanente de la función del estado de Seguridad Pública. Lo que no puede estimarse como un interés cualificado, diferente al resto de la sociedad, pues sujeta su interés legítimo alegando que la desnaturalización de la Guardia Nacional en su carácter civil, al incorporarla estructuralmente al ejército, genera una incertidumbre jurídica y atenta contra las libertades ciudadanas, sin que aduzca què libertades se están violando, ni la forma en que dichos actos le generan una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Pues contrario a ello, de la lectura integral de la demanda, se desprende que les asiste en el presente asunto un interés simple, derivado de su condición de ciudadanos del Estado Mexicano, es decir, tienen un interés igual al resto de la generalidad de los gobernados, pero no refieren las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que los coloque en un punto diferenciado de la situación general y que los legitime en este juicio. En tales condiciones, los quejosos carecen de interés legítimo, en tanto que su pretensión se basa en un mero interés simple, el cual corresponde a todo miembro del Estado Mexicano, ya que todo gobernado tiene interés en que las instituciones y órganos del Estado, respeten los derechos, y libertades reconocidas por la Constitución, y que basen su actuar en los principios que consagra la misma. Por tanto, como los peticionarios de la protección constitucional no acreditan un aspecto concreto o situación jurídica real en su perjuicio derivada del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, es inconcuso que no es dable considerar existente un interés legítimo. Ello es así, pues si bien todos los individuos tienen interés en que sean constitucionales los actos de las autoridades, ese objetivo o intención no basta para acudir al juicio de amparo, pues incluso tratándose del interés legítimo, la parte quejosa debe resentir una afectación concreta en su esfera jurídica, por lo menos indirecta- dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, como lo exige la propia norma constitucional, como ya previamente se ha señalado. Lo que se refuerza con el hecho de que como los mismos quejosos aducen, la afectación que afirman resentir es igualmente padecida por toda la población, y este tipo de reclamos abstractos y generales, si bien son existentes, no son aptas para dirimirse en esta sede de control constitucional. Pues como ya se había señalado en líneas arriba, el principio de división de poderes reserva este tipo de afectaciones mayoritarias para que sean resueltas en los procesos democráticos. Nuestra forma de gobierno democrática dispone que sean las mayorías las que resuelvan los problemas que afecten el bien común, no los jueces. A los jueces de amparo sólo les corresponde resolver, como lo estableció el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 111/2013, aquellas afectaciones que atañen a un interés propio del quejoso distinto al de cualquier otro gobernado, de tal forma que la concesión de una eventual protección constitucional se pueda traducir en un beneficio jurídico del quejoso en su esfera jurídica. Sirva de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2009201, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 448, de título y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Corolario de lo anterior, se estima que en el caso, contrario a lo aducido por los quejosos no resulta aplicable la tesis de título: "SEGURIDAD INTERIOR. LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO SOBRE LA BASE DE QUE EL QUEJOSO NO ESTÁ EN UNA SITUACIÓN DIFERENCIADA DE CUALQUIER OTRA PERSONA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, POR REGLA GENERAL, NO ES UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE QUE LLEVE A DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO CUANDO RECLAMA LA LEY RELATIVA POR PRESUNTA AFECTACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS A LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS, EXPRESIÓN Y REUNIÓN." Pues en las ejecutorias contendientes que dieron origen al citado criterio, se dilucido el interés legítimo de los quejosos que pertenecían a una colectividad, aunado a que en las demandas promovidas, se señalaron violaciones a los derechos a la libre manifestación de ideas, expresión y reunión, es decir, derechos difusos que si bien a todo ciudadano le son reconocidos por la constitución, las mismas fueron claramente identificadas en la demanda de amparo, y se expresaron conceptos de violación tendentes a demostrar que dichas violaciones alegadas generaban un perjuicio diferenciado y que la concesión del amparo se puede traducir en un beneficio jurídico para los quejosos en su esfera jurídica, caso contrario a lo que en el presente caso ocurre. En ese orden de ideas, si como ya se dijo, la existencia del interés legítimo o en los casos en los que no se posee uno jurídico, es legalmente indispensable para la procedencia de la acción de amparo y, en la especie, se insiste, no se justificó, ni existe la posibilidad de acreditarlo durante la tramitación del juicio, pues no hay evidencia alguna al respecto, de ello se sigue que es procedente el desechamiento de la demanda de amparo intentado, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J. 57/2017 Época: Décima Época. Registro: 2014433. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h. Materia(s): (Común). (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Por lo que, como ya se apuntó, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la invocada Ley de Amparo, en relación con el diverso 113 de dicha legislación, procede desechar la demanda intentada por notoriamente improcedente. En el entendido de que las causales de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que los juicios de amparo no queden paralizados en perjuicio de las partes, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles necesarios para que las personas actuarias adscritas este Juzgado de Distrito realicen las notificaciones personales a cualquiera de las partes. Asimismo, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTamites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede, y en su caso el actuario deberá realizarlos acatando los lineamientos sanitaras existentes respecto al virus COVID-19, siguiendo las medidas de sana distancia. En adición a lo anterior y atendiendo a las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2, con el fin de preservar la salud de todas las partes debido a la pandemia que aqueja al país, con el fin de dar seguridad jurídica a las partes, se autoriza que el presente auto se remita vía electrónica a la parte quejosa una vez que haya sido proporcionado; por ende, se le requiere para que facilite un correo electrónico o en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos. Tal como se establece en la Circular SECNO/7/2020, relativa a la Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Especial en sesión de seis de mayo último, determinó que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, por lo que, en términos del numeral 28, fracción III, de la Ley de Amparo, esta determinación podrá remitirse vía correo electrónico institucional o personal de la autoridad (medios electrónicos). Hágase del conocimiento de las partes que a partir de esta fecha, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. Con apoyo en los artículos 22 y 28, del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma, podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda o https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales; por ende, por ende, se requiere a todas las partes para que faciliten un correo electrónico y en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos a través del Portal de Servicios en Línea. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los Fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por video llamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello, lo anterior de conformidad con los artículos 5 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren el presente expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las partes deberán generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en la calle de Arboledas de los Cipreses número 8851-68 del fraccionamiento Cerrada Arboledas, en esta localidad fronteriza, y se tiene como medio de contacto adicional el correo electrónico dragtzs96@gmail.com. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Joaquín Andrés Gutiérrez Sandoval, por así haberse solicitado. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO: En ese orden de ideas, si como ya se dijo, la existencia del interés legítimo o en los casos en los que no se posee uno jurídico, es legalmente indispensable para la procedencia de la acción de amparo y, en la especie, se insiste, no se justificó, ni existe la posibilidad de acreditarlo durante la tramitación del juicio, pues no hay evidencia alguna al respecto, de ello se sigue que es procedente el desechamiento de la demanda de amparo intentado, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia.
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