Martha Elisa Martinez Tevillo
Expediente 299/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Martha Elisa Martinez Tevillo
Actuaciones
- Principal
mesa IX Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que la promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por **** en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ... tmg
- Principal
mesa IX ....Ahora, de acuerdo al artículo 112 en relación con el 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas desde que la demanda fue presentada o en su caso turnada, deberá resolver si desecha, previene o admite. ......Por su parte el diverso numeral antes citado refiere que se deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. .....Los citados artículos imponen la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo en cuanto al criterio la siguiente jurisprudencia, que a la letra dice: ....Ahora bien, la parte quejosa señala como actos reclamados sustancialmente los siguientes: ......Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente analizar los actos reclamados en base a los documentos que adjuntó a la demanda, los cuales forman parte de ésta y por lo mismo existe obligación de estudiarlos, de los que se obtiene que mediante oficio DES/STYC/2018-2019, de dieciséis de febrero de dos mil diecinueve, signado por el Encargado de Despacho del Departamento de Secundarias y el Encargado de Despacho de la Dirección de Educación Secundaria, se ordenó el cambio de centro de trabajo. Sin que obste a lo anterior, que la documental anexada en el escrito inicial de demanda no está certificada, ya que a prudente arbitrio de esta Juzgadora se le concede pleno valor probatorio como indicio al constituir un medio de prueba reconocido por la ley, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Máxime que de conformidad con el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y atendiendo al principio de adquisición procesal, la juzgadora puede valerse del cualquier documento exhibido por las partes, sin más limitaciones que las de que los medios de convicción esté reconocidos por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. .....Por lo tanto, a criterio de este órgano de control constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, de la Ley de Amparo y por las siguientes consideraciones: ....De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. .......En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. ........Consecuentemente, es posible obtener como características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: .......Respecto a la primera nota distintiva que refiere la citada jurisprudencia, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto que la quejosa hace consistir en el "cambio de adscripción" no es un acto de autoridad para los efectos del amparo. Ello es así, toda vez que, de lo expuesto por la aquí recurrente en su escrito de demanda, se desprende que entre la quejosa y el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, existe una relación laboral, en tanto le presta sus servicios como trabajadora, ello en términos del artículo 123, apartado B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, es evidente que entre ambos subyace un vínculo empleado-patrón, por ende, una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional, ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes, ya que "el cambio de adscripción" impugnado, no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ambos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. En consecuencia, el acto reclamado en este asunto, no puede ser motivo de estudio en el juicio de amparo, atento a que proviene de una relación obrero-patronal que los vincula, regida por ordenamientos propios de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico en su artículo 20. Siendo claro que en ese supuesto la posición de la quejosa frente a la autoridad mencionada, no es la de un gobernado, por derivarse del desempeño de las labores que presta, como Profesora de Formación Cívica y Ética, y que cualquier controversia relacionada con dicha relación debe ser resuelta por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en términos del artículo 114, de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. Lo cual constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo ...Como se ve, el artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece la posibilidad de plantear un conflicto individual en materia laboral, lo que implica un plano de igualdad entre las partes. ..Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ******** Lo anterior es así, ya que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; es decir, en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, que no haya duda alguna de que se actualiza la misma............. tmg
- Principal
AVISO MESA IX.- SE NOTIFICA AL QUEJOSO DEL ACUERDO DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN SINTESIS DICE.-Ahora, de acuerdo al artículo 112 en relación con el 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas desde que la demanda fue presentada o en su caso turnada, deberá resolver si desecha, previene o admite. ......Por su parte el diverso numeral antes citado refiere que se deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. .....Los citados artículos imponen la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo en cuanto al criterio la siguiente jurisprudencia, que a la letra dice: ....Ahora bien, la parte quejosa señala como actos reclamados sustancialmente los siguientes: ......Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente analizar los actos reclamados en base a los documentos que adjuntó a la demanda, los cuales forman parte de ésta y por lo mismo existe obligación de estudiarlos, de los que se obtiene que mediante oficio DES/STYC/2018-2019, de dieciséis de febrero de dos mil diecinueve, signado por el Encargado de Despacho del Departamento de Secundarias y el Encargado de Despacho de la Dirección de Educación Secundaria, se ordenó el cambio de centro de trabajo. Sin que obste a lo anterior, que la documental anexada en el escrito inicial de demanda no está certificada, ya que a prudente arbitrio de esta Juzgadora se le concede pleno valor probatorio como indicio al constituir un medio de prueba reconocido por la ley, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Máxime que de conformidad con el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y atendiendo al principio de adquisición procesal, la juzgadora puede valerse del cualquier documento exhibido por las partes, sin más limitaciones que las de que los medios de convicción esté reconocidos por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. .....Por lo tanto, a criterio de este órgano de control constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, de la Ley de Amparo y por las siguientes consideraciones: ....De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. .......En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. ........Consecuentemente, es posible obtener como características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: .......Respecto a la primera nota distintiva que refiere la citada jurisprudencia, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto que la quejosa hace consistir en el "cambio de adscripción" no es un acto de autoridad para los efectos del amparo. Ello es así, toda vez que, de lo expuesto por la aquí recurrente en su escrito de demanda, se desprende que entre la quejosa y el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, existe una relación laboral, en tanto le presta sus servicios como trabajadora, ello en términos del artículo 123, apartado B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, es evidente que entre ambos subyace un vínculo empleado-patrón, por ende, una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional, ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes, ya que "el cambio de adscripción" impugnado, no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ambos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. En consecuencia, el acto reclamado en este asunto, no puede ser motivo de estudio en el juicio de amparo, atento a que proviene de una relación obrero-patronal que los vincula, regida por ordenamientos propios de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico en su artículo 20. Siendo claro que en ese supuesto la posición de la quejosa frente a la autoridad mencionada, no es la de un gobernado, por derivarse del desempeño de las labores que presta, como Profesora de Formación Cívica y Ética, y que cualquier controversia relacionada con dicha relación debe ser resuelta por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en términos del artículo 114, de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. Lo cual constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo ...Como se ve, el artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece la posibilidad de plantear un conflicto individual en materia laboral, lo que implica un plano de igualdad entre las partes. ..Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ******** Lo anterior es así, ya que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; es decir, en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, que no haya duda alguna de que se actualiza la misma.............
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