Martha Elia Mass Chavez
Expediente 265/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martha Elia Mass Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), en relación con el 86, de la ley de amparo, contra el proveído emitido dentro del presente expediente en fecha once de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación invocada, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Por otra parte, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Glósese al expediente el cuaderno original del incidente de suspensión, el que será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que fue negada tanto la suspensión provisional como definitiva del acto reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses.
- Incidental
En esta fecha se celebró la audiencia incidental en la cual se resolvió: UNICO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ***, por el acto que reclama de las autoridades señaladas en el considerando primero de la presente resolución interlocutoria.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de once de abril actual, que en lo conducente dice: RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a sus el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, se le tiene rindiendo informe justificado, conforme al artículo 117 de la ley amparo. en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, ténganse por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, exhibidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las documentales que adjunta a su informe de ley, siendo éstas copias certificadas del expediente laboral número ***. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante escrito presentado el tres de abril del dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, por ***, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, mismo que en fecha cuatro de abril del presente año, se admitió a trámite por el quejoso ***, en su carácter de apoderado legal de *** y por el acto que a continuación se indica: El ilegal acuerdo, dictado por la responsable, en audiencia de fecha 16 de febrero del 2018, mediante el cual determina hacer efectivos los apercibimientos decretados en audiencia del 18 de enero de la misma anualidad y tiene por no interpuesta la demanda en contra de la demandada física la C. ***, y continua el juicio en contra de los condemandados ya emplazados ***. Lo cual consideró violatorio de los artículos en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante oficio que se acuerda, la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, rindió su informe justificado y aceptó la existencia del acto que le fue reclamado, Lo anterior, se corrobora con las documentales consistentes en copias certificadas del expediente laboral número ***, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Ahora bien, de dichas constancias, se advierte que la resolución que constituye el acto reclamado, le fue notificada, el dieciséis de febrero del dos mil dieciocho. Por tanto, este Juzgador Federal advierte que en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de amparo fue promovida en forma extemporánea a los quince días a que se refiere el segundo de los preceptos legales invocados y con ello consentida, conforme al primero de los mencionados artículos. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Por su parte, los diversos numerales 17 y 18 del cuerpo normativo en cita, establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De la lectura de los preceptos legales anteriores, se obtiene que contempla tres supuestos para que inicie el cómputo del término de quince días para la presentación oportuna de la demanda de amparo, que son: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; 2. A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y 3. A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Además, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, en el caso se actualiza la primera de la hipótesis, toda vez que a la peticionaria del amparo se le notificó la resolución que constituye el acto reclamado, el día dieciséis de febrero del dos mil dieciocho, esto es, en la misma fecha en que se emitió, lo cual se corrobora con las copias certificadas de las constancias expediente laboral número *** acompañó como justificación a su informe. Luego, entonces, del diverso numeral 61, fracción XIV, se desprende que, para el caso de no promoverse el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el indicado artículo 17, se tendrán por consentidos tácitamente los actos reclamados. De ahí, que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en razón de que está acreditado en autos que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del contenido del acto reclamado, el dieciséis de febrero del dos mil dieciocho, pues fue la fecha en que se le notificó por estrados, por lo que si el plazo de quince días se computó a partir del día siguiente al en que se le surtió efectos, la notificación de la resolución reclamada, conforme a la Ley de acto (artículo 747, fracción II de la Ley Federal del Trabajo); en consecuencia, transcurrió en exceso el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, por ende, consintió el acto reclamado, siendo así que se considera que tácitamente es una consecuencia lógica y jurídica, puesto que el término para la promoción de la demanda de amparo trascurrió del veinte de febrero al doce de marzo del presente año, con excepción de los días veinticuatro, veinticinco de febrero, tres y cuatro de del presente año, por ser sábados y domingos; sin embargo, la demanda fue presentada hasta el tres de abril del dos mil dieciocho, de conformidad con el matasellos de la Oficina de Correspondencia Común, es decir, posterior a que transcurrieron los quince días aludidos para ese efecto. Las determinaciones anteriores y la presente resolución encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Novena Época. Registro Ius 163172.), de contenido: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Lo antes precisado, conduce a la conclusión de que al no promoverse el juicio de amparo dentro del plazo que para ello se establece, el acto reclamado fueron consentido tácitamente por la parte promovente. En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, lo que conduce conforme al artículo 63, fracción V, de la misma ley, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Además, no causa ningún agravio a la parte quejosa ni se les priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notaria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es la extemporaneidad de la presentación de la demanda, de tal suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la audiencia constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con dieciocho minutos del diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 65 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.
- Incidental
RECEPCIÓN DE OFICIO. Agréguese a sus autos el oficio, el oficio, signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. INFORME PREVIO. En atención al contenido del oficio de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngasele por rendido el informe previo que a su parte corresponde sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia incidental.
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