Martha Elena Torres Valadez
Expediente 687/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Martha Elena Torres Valadez
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiocho de junio de dos mil veintidós. Escritos. Visto lo de cuenta, se agregan los escritos signados por el quejoso Juan José Alvarez Rodríguez, mediante los cuales hace diversas manifestaciones. Acuerdo. Ahora bien, atento al contenido del escrito presentado en esta propia fecha, téngase al quejoso por manifestando que no insiste con lo solicitado en sus diversas promociones que presentó el día de ayer y que se encuentran registradas con números de orden 13531 y 13532; por tanto, agréguense las mismas únicamente para que obren como legalmente correspondan, dado que no es necesario acordarlas por lo que refiere el peticionario de amparo. Por otro lado, se tiene al quejoso por aceptando en todos y cada uno de sus términos la determinación contenida en el acuerdo de veinticuatro de junio de este año, dictado en los presentes autos; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila, a seis de junio de dos mil veintidós. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe con justificación rendido por la autoridad responsable, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que allegó, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva, con lo cual también se da vista a las partes para los efectos legales conducentes. Domicilio. No señaló. Delegados. No designó. Causal de improcedencia. En este caso, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo; las cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" Conforme al segundo párrafo del último de los preceptos transcritos se desprende, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, es necesario estar en presencia de la "última resolución" dictada en esa fase, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Dicho artículo además precisa, que por "última resolución" debe entenderse como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Como puede verse, el espíritu de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, reside en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución instituidos en resoluciones o sentencias definitivas. Esto es, al prohibirse la presentación de demandas de amparo contra las resoluciones intermedias dictadas durante el procedimiento de ejecución, se evita la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que ahí se pronuncie, en la medida de que el perjuicio contra el ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento respectivo, la cual como se precisó con antelación es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En ese tenor, es conveniente acotar que, respecto de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, excepcionalmente pueden reclamarse sin necesidad de esperar hasta la "última resolución", siempre y cuando tales actos reclamados afecten de manera directa derechos sustantivos, aplicando por analogía la fracción V, del referido artículo 107 de la Ley de Amparo; o bien, cuando la parte quejosa se ubique en el supuesto contemplado en el referido artículo 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, esto es, cuando los actos reclamados afecten a personas extrañas. Supuestos los dos anteriores, los que no se actualizan en el caso en estudio, porque la quejosa no es tercera extraña al juicio de origen y porque los actos que combate no afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, en la parte considerativa de la sentencia reclamada, se determinó: ". Por lo que esta Juzgadora, considera que la autoridad demandada, con la emisión del oficio SP/DPSH/CS/6192/2020, de fecha 07 de diciembre de 2020, ha incurrido en defecto en el cumplimiento de la sentencia de fecha 13 de diciembre de 2019, dictada en el presente juicio, al no emitirlo de acuerdo a los lineamientos dictados en dicho fallo, por lo que es suficiente para considerar que en el caso se desatendió el sentido de la sentencia de mérito, de ahí que lo procedente será dejar sin efectos el oficio SP/DPSH/CS/6192/2020, de fecha 07 de diciembre de 2020, por el cual pretende dar cumplimiento a la sentencia de fecha 13 de diciembre de 20419, dictada en el presente juicio; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso d), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, inciso d) del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, SE CONCEDE al Jefe del Departamento de la Delegación Estatal en Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, autoridad demandada para que en el término de VEINTE DÍAS cumpla con la sentencia definitiva de fecha 13 de diciembre de 2019." Y en consecuencia de ello, declaró parcialmente fundada la queja y dejó sin efectos la determinación que originó el referido recurso y concedió término a la autoridad demandada para dar cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el juicio de nulidad. De lo anteriormente expuesto, se evidencia, en primer lugar, que la aquí quejosa fue oída y vencedora en el juicio de origen; ya que, fue parte actora en el mismo y por tanto, no es tercera extraña al juicio natural. En apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, enero de 1998, página 56, con registro electrónico 196932, que a la letra dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". También se invoca, la tesis jurisprudencial P./J. 39/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 93, con registro electrónico 189916, que expresa lo siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal". En segundo lugar, también se aprecia de las referidas constancias, que el juicio de origen, se encuentra en etapa de ejecución. En tercer lugar, se observa, que el acto reclamado por la quejosa fue emitido dentro de la fase de ejecución de sentencia, así como que los mismos tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia definitiva dictada en el juicio subyacente. Por tanto, el acto reclamados no afecta de manera directa derechos sustantivos de la quejosa; ni son ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; sino que por el contrario tienen como fin ejecutar la sentencia directa en el juicio de origen. En efecto, no es la última resolución en ejecución, pues se ordenó a la autoridad demandada emitiera una nueva resolución con los lineamientos ahí marcados. En ese contexto, y como se precisó en párrafos anteriores para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos emitidos en ejecución de sentencia, el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es claro en establecer, que sólo podrá promoverse el amparo contra la "última resolución" dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por ésta aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Sin que pase desapercibido que en una parte de la resolución reclamada, haya resuelto parcialmente infundada la queja promovida por la actora aquí quejosa, pues no puede dividirse la continencia de la causa para hacer procedente este juicio de amparo, por tanto, se dejan a salvo los derechos de la quejosa para que, en caso de así estimarlo, y de obtener una resolución que considere no le favorezca a sus intereses una vez que la autoridad demandada dé cumplimiento a la queja, pueda hacer los conceptos de violación que estime oportunos respecto ese apartado de reiterase los mismos en un nuevo juicio de amparo. Por ende, al no tratarse de la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, se actualiza la causal de improcedencia en comento. En apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis jurisprudencial 291/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Junio de dos mil tres, página 11, que reza como sigue: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." (Lo subrayado es de este Juzgado). También se invoca, la jurisprudencia 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página 31, que dice lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. Texto: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Igualmente se invoca, la tesis I.3o.C.765 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXX, octubre de 2009, página 1345, con registro electrónico 166244, que reza lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías". No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE MPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En congruencia con lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan". Cancelación de audiencia constitucional. En función de lo anterior, se dejan sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de junio de dos mil veintidós, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal, y en su oportunidad archívese este expediente como totalmente concluido. Notifíquese personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de mayo de dos mil veintidós. Oficios. Agréguense a sus antecedentes, los comunicados de cuenta signados por el Recaudador de Rentas de Lerdo, Durango, mediante los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que acredita con las constancias que remite. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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